Al margen de las paritarias

https://www.rionegro.com.ar/al-margen-de-las-paritarias-MARN_8070687/

La “foto” del presidente Mauricio Macri con los siete dirigentes sindicales de las tres CGT que recibió el jueves en la Casa Rosada fue un buen resultado para ambas partes, aunque no muestre cómo será la película en los próximos meses.

Para más datos, el ambiguo resumen del encuentro formulado por el metalúrgico Antonio Caló (“Conformes, pero sin resultados”) dejó claro que el principal resultado fue la reunión en sí misma, donde se sentaron las bases de futuras negociaciones políticas entre el gobierno y el sindicalismo peronista eternizado en sus puestos de conducción.

Por lo pronto, Macri consiguió que ninguno de sus interlocutores saliera a hablar públicamente de porcentajes que superaran la pauta salarial del 25% que el gobierno busca establecer implícitamente en las próximas paritarias. Aquí se habría llegado a un principio de acuerdo basado en dos puntos: uno, que técnicos de ambas partes calcularán la mejora de salarios de bolsillo que implicará en los principales gremios la suba del mínimo no imponible (a $30.000 brutos mensuales) y las escalas del impuesto a las Ganancias, que el gobierno se apresta a enviar al Congreso y será retroactiva a enero; otro, que el porcentaje de incremento salarial que se acuerde en los distintos convenios en función de lo anterior abarcará, como siempre, el período legal de 12 meses, pero el Ministerio de Trabajo habilitará una revisión hacia agosto o septiembre en función de lo que ocurra hasta entonces con la inflación.

Con este esquema, aún en borrador, los gremialistas evitan el riesgo de quedarse “cortos” con los acuerdos salariales e incluso pueden negociar sumas fijas o porcentajes a cuenta con las cámaras empresarias. A su vez, el gobierno gana tiempo para demostrar si será capaz o no de desacelerar a partir de mayo o junio el rebrote inflacionario de fines del 2015 y comienzos del 2016, disparado por la devaluación, el ajuste de tarifas de electricidad y gas, la ola de remarcaciones de precios, justificadas o no, más la inflación inercial en distintos rubros (alquileres, celulares, prepagas, colegios privados, etcétera) y que se extenderá a lo largo del primer cuatrimestre. La apuesta oficial es que en la segunda mitad del año comience a surtir efecto la política fiscal y monetaria más restrictiva, que a su vez depende en buena medida del acuerdo en Nueva York con los holdouts, para salir del default parcial y volver a colocar deuda en los mercados externos, a fin de moderar la emisión de pesos del Banco Central y las expectativas de inflación, que hoy superan el 30/32% mientras el dólar roza los 15 pesos.

No formó parte de las declaraciones públicas, pero sí de la agenda del encuentro, el reclamo de la deuda acumulada por el Estado con las obras sociales sindicales (no menos de 25.000 millones de pesos) durante el gobierno de Cristina Kirchner. En este caso, Macri prevé ir cancelándola gradualmente como una manera de extender la “comprensión” de los dirigentes de las CGT y mantenerlos en la misma vereda, aun cuando no se trate de una alianza duradera. En última instancia, el plazo dependerá de la interna del peronismo, que a su vez mantiene expectantes a los gremialistas y demora la tantas veces prometida unificación de la central obrera.

De todos modos y como ya se señaló en esta columna, la inclusión en las paritarias de la próxima reforma de Ganancias alcanza apenas al 10% de los trabajadores formales y sindicalizados. Incluso, resulta complicado determinar cuál será su impacto en cada uno de los más de 2.000 convenios colectivos de trabajo homologados el año pasado, de los cuales más de 550 fueron pactados a nivel sectorial y casi 1.500 por empresa.

El mayor problema de la distribución del ingreso está en la desigualdad social que afecta a millones de argentinos que se encuentran al margen de las paritarias. En este amplio grupo se encuentran los trabajadores en negro (34% del total) y los cuentapropistas o autónomos (unos 800.000), que en este caso se desconoce si estarán alcanzados o no por la suba del mínimo no imponible y las escalas de Ganancias, cuya desactualización hace que paguen las alícuotas más altas si superan un piso de facturación de sólo 12.000 pesos mensuales. También los monotributistas de las escalas más bajas, cuya cuota mensual puede absorber una parte creciente de sus ingresos y los jóvenes con dificultades para acceder al mercado laboral.

El especialista Daniel Arroyo (exviceministro de Desarrollo Social y actual director del Banco de la Provincia de Buenos Aires) diagnostica que existen actualmente ocho millones de beneficiarios de planes sociales (entre la asignación universal por hijo y cooperativas de trabajo) que pertenecen a una tercera o cuarta generación familiar sin empleo formal ni acceso a vivienda digna. Su propuesta es bajar en un 75% el costo laboral a las empresas que los incorporen creando nuevos empleos o bien impulsar una política de créditos subsidiados para capital de trabajo o herramientas a quienes se inclinan por un emprendimiento propio. Mientras tanto, la AUH –que acaba de ser elevada en un 15%, a 837 pesos mensuales por hijo– es apenas un paliativo para evitar el hambre (o una nutrición inadecuada) y promover la escolarización, pero no para salir de la pobreza. Otro tanto ocurre en el extremo opuesto para el 70% de los jubilados que perciben el haber mínimo (ajustado a 4.959 pesos mensuales a partir de marzo), si constituye su única fuente de ingresos.

Para comprender la verdadera situación social y la estructura de ingresos familiares en la Argentina después de la era K, resultan muy ilustrativos –a falta de estadísticas oficiales– los datos aportados por otro especialista, Guillermo Oliveto (titular de la consultora W). En una entrevista con el periodista Jorge Fernández Díaz resumida en una reciente columna del diario “La Nación”, Oliveto reveló que a fines del 2015 existían 2,1 millones de personas de clase alta (5% de la población) cuyas familias tenían un ingreso de 110.000 pesos mensuales y otros 7,7 millones (18%) de clase media alta que percibían hasta 34.000 pesos por hogar, segmento que vive con la tarjeta de crédito al límite. De esa punta de la pirámide para abajo, 13 millones de ciudadanos de clase media baja (30% del total) tienen ingresos de hasta 20.000 pesos por mes, son particularmente sensibles al incremento de precios y, por su volumen, generan gran parte del malhumor social. Luego viene la denominada clase baja, que también ronda los 13,5 millones de personas (32%) y cuyo salario familiar apenas araña los 8.000 pesos. El resto ingresa en la zona más pauperizada y alarmante: alrededor de seis millones de personas (14,5% de la población) con ingresos mensuales de 4.000 pesos por hogar que no significan defensa alguna frente a la inflación.

Néstor Scibona

nestorscibona@gmail.com