Grietas en el blindaje

El sistema defensivo que construyó la cúpula kirchnerista con miras a asegurarse la impunidad está desmoronándose con rapidez imprevista. El activismo reciente de jueces que se habían acostumbrado a trabajar a paso de caracol cuando les tocaba entender en causas vinculadas con poderosos y que, en algunos casos, son considerados partidarios del “proyecto” del matrimonio Kirchner, más la aparición de arrepentidos dispuestos a ayudar a impulsar las investigaciones que están en marcha, ya han abierto brechas en muros que los acusados de cometer gravísimos actos de corrupción creían impenetrables. Se trata de una de las consecuencias más dramáticas del cambio del clima político que, para desconcierto de los kirchneristas, el país experimentó en la segunda mitad del año pasado al difundirse la sensación de que el candidato del frente Cambiemos, Mauricio Macri, podría derrotar al oficialista Daniel Scioli. A juzgar por su conducta, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner confiaba tanto en “la lealtad” eterna de la ciudadanía que, para expresar su desprecio por la oposición, se le ocurrió obligar a Scioli a dejarse acompañar por Carlos Zannini y hacer de Aníbal Fernández su representante en la provincia de Buenos Aires. Para colmo, no tomó la precaución de anotarse en una lista electoral que le permitiría armarse de fueros legislativos. De tal modo, la pronto a ser expresidenta facilitó no sólo la llegada al poder de los macristas al abrirles las puertas de la Casa Rosada y la casa de gobierno bonaerense, sino que también selló su propio destino; tal y como están las cosas, no le será nada fácil conservar su libertad por mucho tiempo más.

El testimonio, que se extendió durante más de doce horas, del valijero supuestamente contrito Leonardo Fariña ante el juez federal Sebastián Casanello asestó un golpe muy fuerte al núcleo duro kirchnerista. Sobre la base de la información detallada que suministró, el fiscal Guillermo Marijuan no tardó en imputar a Cristina y al exministro de Planificación Julio De Vido por lavado de dinero, agregando así otra causa a la serie que enfrentan. Según se informa, Fariña reveló cómo se las arreglaba para trasladar bolsos llenos de dinero desde el reducto patagónico del matrimonio Kirchner y sus cómplices hasta la capital federal, para que siguieran viaje hacia un aeropuerto uruguayo sin que intervinieran los aduaneros de nuestro vecino.

No se trató de novedades. El modus operandi de la familia Kirchner y sus socios era conocido por virtualmente todos, pero si bien es de suponer que la mayoría entendía que lo que hacían distaba de ser legal, prefería aferrarse a la eventualidad, por remota que fuera, de que sólo era cuestión de una divertida ficción mediática. Pudo reaccionar así merced a la ayuda de políticos oficialistas, intelectuales militantes y, desde luego, aquellos jueces y fiscales que le recordaban que le correspondía a la Justicia decidir cuáles hechos deberían considerarse importantes y cuáles no. La conspiración de silencio o, cuando menos, la decisión de reemplazar lo que era evidente por una versión menos alarmante de la realidad, que tales propagandistas lograron instalar con la participación de muchísimas personas, fue posibilitada por la voluntad de extensos sectores de continuar respaldando a un gobierno extraordinariamente corrupto. Por dicho motivo, funcionó muy bien hasta el 10 de diciembre del año pasado, pero a partir de aquel día fue perdiendo su eficacia. Parecería que muchos que habían tomado en serio el relato kirchnerista se sienten traicionados. No querrán afirmarse a favor de la corrupción. Tampoco les gustaría sentirse “arrepentidos” luego de haber cohonestado durante tanto tiempo la conducta delictiva de los miembros principales del gobierno anterior, de suerte que procurarán convencerse de que fueron víctimas inocentes de un engaño siniestro. Puesto que Cristina y sus allegados esperan frenar los juicios en su contra con movilizaciones populares multitudinarias, el que sean cada vez menos los que atribuyen sus problemas legales a una campaña de persecución política no es un dato menor. Por el contrario, hace más que probable que las investigaciones sigan proliferando y que los juzgados culpables de delitos sumamente graves terminen condenados a pasar muchos años entre rejas.