Flexibilizarán exigencias para el Poder Judicial

Lgislativas

La Legislatura aprobará mañana un proyecto para flexibilizar las exigencias legales para que el Poder Judicial incorpore bienes, contrate personal y construya para la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Además, el orden del día prevé el tratamiento de la modificación en la estructura del Poder Ejecutivo, esencialmente la incorporación a Economía de la secretaría de Planificación, que figura en el organigrama de la Secretaría General. La excepcionalidad judicial, que fue propuesta en una iniciativa del Poder Ejecutivo, con acuerdo de ministros, ingresó a la Legislatura directamente para el debate de ayer en la Comisión de Constitucionales, que preside Tania Lastra. La legisladora explicó la celeridad de su tratamiento, según el pedido del Superior Tribunal de Justicia, lo cual, requirió su elevación por parte del gobernador Alberto Weretilneck para su rápida sanción, en única vuelta. En la Comisión, el administrador general de la Justicia, Sergio Baroni fundamentó la necesidad que ese Poder disponga de instrumentos excepcionales para ejecutar las 15 obras necesarias, con una ejecución de unos 2.500 metros cuadrados, y formalice la adquisición de equipamiento en forma directa para poder cumplir con los tiempos, siempre centrado que la reforma se aplicará a partir de marzo del 2017. La legisladora oficialista Arabela Carreras respaldó la iniciativa ya que esa norma facilitará los instrumentos a la Justicia mientras destacó que ese mecanismo excepcional tendrá los habituales controles de parte de ese Poder y de los órganos específicos. En cambio, el legislador Nicolás Rochas adelantó que el Frente para la Victoria expondrá su postura mañana en el recinto. El proyecto prevé que el Poder Judicial podrá contratar “los insumos que demande la adaptación de las actuales estructuras edilicias, el mobiliario necesario, los equipamientos informáticos y de tecnologías de la información que requieran, y el desarrollo de sistemas informáticos propios y de apoyo a la gestión judicial”. También “podrá alquilar inmuebles”; “contratar personal” o cursos de capacitación. En referencia a la inclusión de personal, la iniciativa alude que debe destinarse en forma “exclusiva a la implementación de la Reforma Procesal Penal, con vigencia contractual no mayor a dos años; y también podrá realizar adscripciones de profesionales pertenecientes a la planta permanente de los otros Poderes del Estado”.

DeViedma