El fiscal pidió la indagatoria de Gatica por defraudación
El titular del gremio Apel está vinculado a una causa que investiga once posibles defraudaciones contra el Estado provincial.
El fiscal pidió la indagatoria de Gatica por defraudación
Por el delito de “defraudación a la administración pública” piden que el secretario General del gremio legislativo, Alejandro Gatica, declare en calidad de indagado. La solicitud fue formulada al juez por el fiscal Juan Pedro Puntel que también pidió la indagatoria de la secretaria de Finanzas del gremio, Stella Maris Sale, en esta causa que investiga once diferentes maniobras defraudatorias efectuadas contra el Estado rionegrino.
Además, el fiscal imputó a ocho personas más por considerarlas partícipes necesarias de algunas de las maniobras investigadas y pidió nuevas medidas probatorias en esta investigación iniciada hace años y que incluye voluminosa documentación, entre ella, informes del Tribunal de Cuentas que auditó seis rendiciones del gremio.
Las maniobras presuntamente defraudatorias investigadas fueron realizadas entre 2010 y 2014, con el dinero correspondiente al Fondo para la Vivienda y el Turismo Social del Personal Legislativo creado por resolución 04/2010 del parlamento rionegrino. Puntel destacó “la creación de una sociedad integrada por familiares de Gatica para generar retorno al círculo familiar y fue inscripta de forma posterior a estas maniobras comerciales”.
Varias son las irregularidades detectadas. Entre ellas retraso doloso en la rendición de cuentas (entre cuatro y 20 meses después de lo dispuesto) para evitar el control oportuno de las restantes maniobras; manejo de fondos públicos deficiente, incompleto y confuso, teniendo en cuenta que se realizaron movimientos sin la documentación jurídica necesaria que los justificara, sin comprobantes de adquisición y desdoblamiento de cheques entre otras estrategias destinadas a imposibilitar el control. Además surgió un faltante de más de dos millones de pesos en relación a lo ingresado y lo rendido.
La investigación detectó también trabajos de refacción y ampliación de un salón de la sede gremial contratados sin concurso de precios ni licitación pública. Las obras no estuvieron justificadas con planos, certificados de avance y documentación que las acredite y cuando se debieron rendir esos trabajos se entregaron facturas apócrifas por casi 15.000 pesos.
El fiscal Puntel incluyó en el listado de irregularidades la adquisición -omitiendo la Ley de Administración Financiera y decretos reglamentarios- de varios lotes. Uno en Las Grutas valuado en 308.000 pesos y adquirido al municipio de San Antonio sin convocatoria de precios, ni informar a la Comisión Directiva e incumpliendo la obligación de construir en él. Otros dos en el balneario El Cóndor por 114.000 pesos a una persona que no acreditó vínculo jurídico con el inmueble ni razonabilidad del precio y omitiendo concurso de precios.
Compras personales de Gatica
La información fiscal detalló además que Alejandro Gatica compró a título personal nueve parcelas de tierra en Bahía San Blas a una persona que no acreditó derecho alguno sobre ellas y en cambio, actuó en mandato de otra inexistente según los datos de identidad brindados. Además existe información contrapuesta entre las parcelas y los datos referentes a ellas que constan en la documentación. Esta operación no fue certificada ni sellada.
Por otra parte en Viedma enajenaron dos manzanas por un monto de 1.188.000 pesos. Tres años después, en 2015, otro de los imputados adquirió en 1.300.000 pesos un inmueble en esas tierras, operación realizada con personas que no acreditaron vínculo jurídico sobre el inmueble, ni precio en relación a los valores de mercado.
Otras 138 parcelas fueron compradas por 8.781.900 pesos, monto que implicó notorio sobreprecio en perjuicio del Estado provincial y que fue pagado a una sociedad comercial que las había adquirido pocos días antes por 5.602.500 pesos. El inmueble, a su vez había sido vendido por sus originales dueños en una suma incierta pero ostensiblemente menor.
La sociedad integrada por familiares de Gatica, fue creada para generar retorno al círculo familiar y fue inscripta de forma posterior a estas maniobras comerciales. La lista continúa con un inmueble de 20 hectáreas adquirido por una suma superior a los 15 millones de pesos, implicando ello un notorio sobreprecio ya que había sido comprado en fecha contemporánea a 8.833.200 pesos pero había sido vendido a 590.000 por los originales propietarios.
Contrataciones irregulares
Para Puntel, la conducción de Apel contrató en forma irregular a una empresa para que realice tareas de limpieza en un loteo sin el debido contrato, ni proyectos y certificados de avance entre otra documentación requerida. Para justificar esos trabajos la empresa entregó iguales recibos en fotocopias.
Detectó además que fueron utilizados fondos con destinos no autorizados como la compra de divisas extranjeras, sin conocerse fehacientemente al día de la fecha la existencia de esos dólares o el destino dado a los mismos; fueron abiertas y utilizadas cuentas bancarias no oficiales que dificultaron el control y registro de los fondos; para la adjudicación de terrenos no se cumplió el procedimiento formal; no se determinó el listado de empleados inscriptos, ni se publicaron edictos previos, no hay recibos oficiales por las cobranzas, además fueron vendidos –más de un terreno- a personas ajenas a los organismos violentándose la naturaleza y finalidad del destino específico de los fondos; Apel pagó deudas anteriores a la creación del fondo sin autorización ni control de su legalidad; fueron adquiridos bienes en un corralón de Viedma en provecho propio o de terceros con dinero perteneciente al mencionado fondo y fueron contratados en forma irregular profesionales sin licitación pública.
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