A las puertas de un doble default

NICOLÁS CACHANOSKY (*) ECONOMÍA PARA TODOS

Si nos guiamos por las propias palabras del gobierno, la Argentina estaría cerca de entrar en un default de su deuda pública sin siquiera haber terminado de salir del previo. Si bien es difícil predecir qué pueda suceder luego de entrar o no en default, sí es importante tener un diagnóstico acertado de cuál es el problema de fondo para no repetir los mismos errores. Podría decirse que la Argentina no aprendió del default del 2001 si a poco más de una década se encuentra ante un problema similar (el famoso “una crisis cada 10 años en Argentina”). Si bien la situación amerita velocidad de reacción por parte del gobierno, hay dos puntos importantes de resaltar para que no se pierdan en el análisis de corto plazo. En primer lugar el rol del déficit fiscal y en segundo lugar una diferencia fundamental en este default respecto del anterior que no parece estar recibiendo la atención que merece. El déficit fiscal Lamentablemente el problema de la deuda pública y el juicio con los holdouts (peyorativamente llamados fondos “buitre”, cuando en realidad son “fondos de inversión de riesgo”) son convenientemente tratados por la clase política como si fuese algo caído del cielo. No hay bonos (deuda) que pagar sin déficit fiscal. Y el déficit fiscal se debe a un insostenible nivel de gasto proveniente de una clase política adicta al clientelismo político y al populismo. No existe tal cosa como el populismo (clientelismo político) bueno y malo, en todas sus versiones genera más costos que beneficios. Son los representantes del pueblo en el Congreso quienes firman los presupuestos deficitarios y les cabe a ellos, por lo tanto, la responsabilidad de los desequilibrios fiscales. En una república, el Poder Ejecutivo ejecuta el presupuesto que los representantes del pueblo le envían en forma de ley. La clase política, sin embargo, parece guiarse más por una ciega ideología nacionalista que por la racionalidad que sus cargos requiere. El gráfico superior muestra el déficit financiero (total) del gobierno desde la vuelta de la democracia hasta el 2013. Tal esquema deja apreciar algunos detalles importantes. Se ve que la norma durante más de treinta años fue la de déficit, no la de una administración responsable. Es claro –al ver el gráfico– que culpar del posible default a fondos de inversión roza lo infantil. Tener un presupuesto equilibrado no es de izquierda ni de derecha, es del más elemental sentido común de administración pública. Se aprecia, también, que en la década del 90 el aumento de déficit (y por lo tanto de deuda pública) comenzó en 1993 durante el primer mandato de Menem. Esto también muestra que el problema en la década del 90 no fue el “1 a 1” en sí, sino el llevar la deuda a niveles insostenibles. De allí el default en el 2001 y la devaluación que licuaron el gasto público, produciendo un superávit más accidental que planeado. El gráfico también nos muestra que Néstor Kirchner heredó este superávit accidental y que la tendencia en su mandato fue a empeorar el resultado fiscal de manera consistente. Tendencia que Cristina Fernández continuó también de manera consistente. En otras palabras, CFK es una continuación de Néstor Kirchner. Sostener que este último se preocupaba por tener un superávit fiscal se contradice con la tendencia decreciente del gráfico. En términos del PBI del 2013, lo que el gobierno debe pagar a los holdouts (1.500 millones de dólares) es medio punto del PBI. Si se agregan los 15.000 millones de dólares que eventualmente podrían sumarse, se obtiene el 5% del PBI. Con Alfonsín, el déficit llegó a 8 puntos del PBI (el mayor desde la vuelta a la democracia); con Menem alcanzó casi 5 puntos; De la Rúa lo llevó a 7 y Cristina Fernández ya lo tiene casi en 5 puntos. Si la clase política sintiese el mismo rechazo a estos niveles de déficit que le tiene al pago que debe hacer a los houldouts, la Argentina sería un país mucho más estable. La clase política escapa a su responsabilidad haciendo mal uso de términos como “neoliberalismo” para desviar la atención del insostenible déficit fiscal en los 90 o de fondos buitre durante el kirchnerismo. Problema similar pueden estar en el futuro del país, pues los políticos insisten en buscar excusas para evitar hacer frente al problema de insostenible gasto público. Los dos defaults El potencial default al que se enfrenta la Argentina tiene una diferencia fundamental con el del 2001 que no debe pasar desapercibida. De no pagar, entraría en un doble default. Por un lado el no pago de deuda. Por otro lado, a falta de mejor nombre, en un “default institucional”, al decidir ignorar la sentencia de la Corte de Justicia a la que Argentina voluntariamente eligió someterse. Luego de la crisis del 2001, el país se vio en la necesidad de importar seguridad jurídica para tener algo de credibilidad dado que no resultaba confiable. De entrar en default (o intentar un cambio de jurisdicción), la Argentina estaría unilateralmente saliéndose de la legislación NY. En el 2001 podía ofrecer la legislación NY (o la de Londres, por ejemplo), como alternativa a la local. Pero si decide ignorar los fallos del juez Griesa, ¿qué puede ofrecer a cambio de la Justicia local la próxima vez que quiera pedir crédito en los mercados internacionales? Es por esto que se enfrenta a algo más que un default de deuda pública. Un litigio como en el que se encuentra la Argentina requiere que las partes voluntariamente acepten y cumplan las sentencias. No existe una policía internacional que haga cumplir los fallos del juez como es el caso de la Justicia local de cada país a través de las fuerzas policiales. De allí la importancia que tiene que sea respetuosa de las instituciones. En un picado de fútbol entre vecinos de barrio, donde la AFA no puede hacer cumplir los fallos del referí, aquel que no sigue las reglas del juego e ignora las faltas cuando le conviene, difícilmente sea nuevamente invitado al próximo encuentro. Esto dista de ser una diferencia menor. Si un país entra en default, pero respeta las instituciones, entonces es posible negociar una salida y hacer un canje de deuda. El problema se soluciona en el corto plazo. Pero si decide abiertamente ignorar las instituciones y la legislación a la que voluntariamente se somete, no puede solucionar la falta de credibilidad “negociando”, dado que la credibilidad institucional de un país no se puede comprar. Al costo de corto plazo de tener que renegociar una deuda en default, la Argentina estaría sumando uno de largo plazo al mostrar que, ante la posibilidad de pagar y negociar, decide no hacerlo con argumentos considerados muy poco serios fuera de la militancia kirchnerista. Esperemos que la cordura y la racionalidad, que tan esquiva le resulta al kirchnerismo, iluminen esta última etapa de gobierno. Los argentinos ya han tenido que hacerse cargo de demasiados desequilibrios fiscales para sumar problemas innecesarios. (*) Máster en Economía y Ciencias Políticas