Acreditación y conflicto

La situación por la que atraviesa la Universidad Nacional del Comahue ha adquirido ribetes preocupan- tes. Sin soluciones a la vista y entrando de lleno en la etapa final del año lectivo, las consecuencias pueden tornarse altamente gravosas para el conjunto de los alumnos, imposibilitados de concluir sus cursados y de rendir los exámenes. Algunos dirán que es el costo que hay que pagar por luchar contra la Ley de Educación Superior (LES). ¿Es esta ley, uno de los tantos productos de la pasada década menemista, realmente el objetivo de los grupos que encabezan la toma?

La LES, aprobada en 1995, establece como principios rectores del Estado Nacional planificar, impartir y financiar la educación superior. Sin embargo, la LES no le asigna a la universidad un rol estratégico como ámbito de generación y transferencia de conocimientos e introduce, asimismo, pautas de control y administración eficientista a tono con las concepciones en boga durante la década de los noventa. Además, no consagra la gratuidad de la enseñanza de grado, dejando abierto el pago de tasas y/o aranceles por parte de los alumnos a la decisión de cada una de las universidades. Como cuestión novedosa dentro de la tradición universitaria argentina crea la figura de una comisión externa al sistema, encargada de auditar y acreditar la calidad de aquellas carreras profesionales que puedan afectar de manera directa la salud y bienes de las personas (medicina, ingeniería, agronomía, etc.). Esa comisión es la ahora famosa Coneau.

Dentro de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) hay consenso en las autoridades (rectoral y de las facultades) y claustros en impulsar institucionalmente debates y propuestas que lleven a la modificación sustantiva de la LES y la Coneau. Asimismo, el propio Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación tiene en carpeta estudios para la reforma de esa norma. Incluso en el propio Parlamento hay un anteproyecto de ley de la senadora Cristina F. de Kirchner en el mismo sentido. Habiendo tantas coincidencias entre tan variados actores, ¿qué es lo que impide alcanzar los acuerdos?

Hay en la lectura de los grupos que impulsan la toma de las instalaciones de nuestra Universidad una agenda maximalista y radicalizada que no considera adecuadamente el nuevo contexto nacional. Para ellos, entonces, 1995=2004 y Kirchner=Me-nem=Sobisch=Fondo Monetario. De ahí sus consignas: «Vamos por Kirchner y la Coneau», «Boccanera (decano de la Facultad de Ingeniería) traidor y kirchnerista», «los planes de mejora (en el proceso de acreditación de Ingeniería) son exigencias del FMI y Banco Mundial», «Pechen (rectora de la UNCo) es arancel», etc. Tamaña fraseología seudo-revolucionaria es propia de los sectores que encabezan el conflicto: agrupaciones trotskistas y maoístas, grupos piqueteros duros, anarquistas varios, nucleados alrededor de ADUNC -la asociación docente- y la gremial estudiantil, FUC. En general, estos sectores siempre han tenido un limitado predicamento en la vida universitaria. Pero que sean pocos no implica, necesariamente, que no sean inteligentes. Sabiéndose minorías dentro del amplio espectro de los claustros universitarios, asumieron una prolífica iniciativa de propaganda hacia los más variados organismos sociales, gremiales, políticos y de derechos humanos de la provincia del Neuquén, embarcados hoy en una serie de legítimos y justos reclamos en contra de la administración Sobisch (modificación de la ley Nº 2.302, reclamos salariales de estatales y médicos, situación de Zanon, etc.). Como desde la FUC se levanta la consigna «Pechen=Sobisch», la estrategia cierra por todos lados, pues incluye así la problemática universitaria de jurisdicción nacional dentro del conflicto provincial. Si a lo anterior le sumamos el protagonismo de algunos ex funcionarios de la administración del Dr. Jorge Rabassa quienes, utilizando sus contactos con diputados provinciales y dirigentes de diversos sectores y apelando a una lógica de «lucha de principios contra la LES» llevan más agua al molino del conflicto, el cuadro de confusión se potencia. Es ilustrativo mencionar que la carrera de Medicina, dependiente del Rectorado de la UNCo, se acreditó en la primera tanda voluntaria de 1999-2000 -prueba piloto de acreditaciones de grado a nivel nacional- es decir en plena gestión Rabassa. Podemos observar en todo lo expuesto que la mezcla de intransigencia, desinformación, incoherencia y oportunismo político se transforma en una compuesto altamente volátil y explosivo.

Conviene aclarar que la Facultad de Ingeniería, a la que se quiere presentar como entregada a la voracidad del gran capital financiero internacional, dejó pasar dos convocatorias voluntarias de acreditación a la espera de que hubiera modificaciones de la LES y se incorporó plenamente a la tercera tanda obligatoria una vez analizadas, responsable y críticamente, las consecuencias académicas y legales del proceso, con el conocimiento de todos los sectores de la Facultad, incluidos los dirigentes del Centro de Estudiantes y los consejeros directivos alumnos (integrantes del órgano de gobierno de la Facultad). ¡De esto hace más de un año y medio!

Creemos, en consecuencia, que lo que menos se quiere discutir son aquellas cuestiones de genuina raigambre académica. Hay, objetivamente, otros intereses en juego.

Como funcionarios públicos, elegidos democráticamente dentro del marco institucional universitario -cogobierno cuatripartito- hubiera sido (y sigue siendo) de nuestro mayor interés que se debatieran aún más los consensos alcanzados durante el proceso de acreditación en las seis subcomisiones de autoevaluación de carreras y en la comisión de la unidad académica de Ingeniería, acuerdos que implican:

-Duración del plan de estudios de 5 años y 4.000 horas de carga horaria total.

-Incorporación de 180 horas de asignaturas optativas.

-Asignaturas del área de ciencias básicas por un total de 1.200 horas (un 30% del total de la carrera, superior al porcentaje sugerido por UNESCO). Conformación de un ciclo básico común de dos cuatrimestres para todas las carreras.

-Oferta de la asignatura «Introducción a la Ingeniería» en primer año, para que el alumno pueda conocer desde el inicio las características y fundamentos de la profesión.

-Inclusión de tópicos CTS (ciencia, tecnología y sociedad) que aporten la mirada contextualizadora y transformadora -social, económica y ambiental- de la Ingeniería, en plena sintonía con el esfuerzo académico que viene desarrollando desde hace tiempo la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI. Asimismo, y sumadas a las tradicionales disciplinas complementarias -Economía, Evaluación de Proyectos, Organización Industrial, etc.- propuesta de creación del Departamento Académico de Estudios Anexos a la Ingeniería como ámbito de coordinación y desarrollo de programas y asignaturas de la temática.

-Incorporación de la Práctica Profesional Supervisada, por 250 horas (con énfasis en pymes y en los emprendimientos productivos autogestionarios y cooperativos).

-Creación de la Dirección de Ingreso y Permanencia, ámbito desde el cual se coordinarán las acciones principales en contra de la deserción y el desgranamiento estudiantil, desde cursos de nivelación no eliminatorios hasta el desarrollo de programas de tutorías.

-Creación de la Comisión para el Seguimiento de Carreras, encargada de analizar y proponer todo lo atinente al desarrollo y excelencia de nuestras carreras. Coordinación efectiva entre el asentamiento Neuquén y las actividades de la carrera desarrolladas en el Centro Universitario Bariloche.

-Creación de la figura de director de Carrera.

-Incorporación de nuevos cargos de docentes y no-docentes (principalmente personal técnico de laboratorios y de maestranza).

-Construcción de aulas y laboratorios, mejoramiento de lo ya existente y adquisición del equipamiento necesario para su uso y seguridad. Adquisición de bibliografía.

-Modificaciones e incorporaciones puntuales de contenidos, carga horaria de asignaturas en las seis carreras sometidas a acreditación.

Respecto de los costos presupuestarios emergentes de estas propuestas contempladas en el Plan de Mejoras, se han hecho las estimaciones, señalando muy claramente el rol tulelar e indelegable del Estado nacional en la asignación de los recursos demandados.

El perfil del Plan de Mejoras, que apunta a aumentar la calidad de nuestra oferta académica, no corresponde en lo más mínimo con ninguna de las recomendaciones de los organismos internacionales de crédito. Cualquier afirmación que busque tales vínculos es lisa y llanamente una mentira.

Por último, una reflexión final. Si se hubiera desarrollado en su momento con normalidad la sesión del Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería (el 24 de setiembre), después de tres jornadas con cerca de 30 horas de debate, y al que mediante la agresión verbal y física se le negó el derecho a votar en una proporción de catorce a tres, favorable al proceso de acreditación, muchos de los inconvenientes que ha sufrido en estas jornadas la universidad pública, principalmente en sus docentes, alumnos y no docentes, se podrían haber evitado. Pero aún estamos a tiempo. Si hay voluntad de diálogo, inclusive en los grupos más contestatarios, se puede y se debe arribar a una solución justa y honrosa para todos, respetando, por supuesto, el marco institucional de la UNCo. Que haya acuerdo en modificar la LES, reafirmando el carácter estratégico, público y gratuito de las universidades nacionales y en un contexto de políticas que impulsen a superar la pesada carga social y económica de la década menemista, no es poca cosa. Sólo falta asumir con responsabilidad el rol que le compete a cada uno de los actores en este conflicto. El futuro de nuestra querida Universidad del Comahue está en juego.

(*) Secretario Académico – Facultad

de Ingeniería, UNCo.