Alarma y tensión en Afganistán por doble atentado

KABUL (ANSA/AFP)- Treinta personas murieron ayer, según informes preliminares, en un atentado con explosivos cerca de un hotel en Kabul, en tanto en Kandahar el presidente Hamid Karzai salió ileso de otro ataque, ambos atribuidos por el canciller afgano a la red Al Qaeda.

El canciller, Abdullah Abdullah, dijo que la organización terrorista de Osama ben Laden, Al Qaeda, «podría estar detrás» del frustrado intento de asesinar a Karzai y del ataque que mató a 30 personas.

Desde Washington, el presidente George Bush se congratuló que Karzai, un aliado en la lucha contra el terrorismo lanzada por Washington, hubiera salido ileso del ataque. Por su parte, el secretario general de la ONU, Koffi Annan, se mostró «conmocionado» por la oleada de ataques contra el gobierno.

Horas después de haber sido testigo de la balacera desatada en Kandahar, sur del país, Abdullah declaró que «elementos de Al Qaeda podrían haber tratado de matar a Karzai» y que la explosión de Kabul «está ligada a los mismos terroristas».

Según Abdallah, ambas acciones violentas «probarían» que la red terrorista sigue activa en Afganistán, pese a que el régimen talibán fue desalojado del poder con la intervención militar encabezada por Estados Unidos. La explosión de una bomba colocada dentro de un taxi viejo estacionado en pleno centro de la capital afgana, frente al edifico del Ministerio de Comunicaciones, causó la muerte de 30 personas y más de 150 heridos, 52 de ellos de gravedad.

Según la policía, una primera bomba que se encontraba en una bicicleta estalló con el objetivo de atraer a un considerable número de curiosos al lugar, y 15 minutos más tarde detonó la del vehículo. Varios heridos fueron internados en el hospital de la organización humanitaria italiana Emergency en el centro de Kabul. «Estamos concentrados en el trabajo, debimos enviar un centenar de heridos a otros hospitales», dijo uno de los cuatro enfermeros voluntarios del nosocomio que convocó a médicos de otro hospital ubicado en el valle del Panshir, a cinco horas en auto de la capital.

Acusan a Al Qaeda

El vicejefe de la policía de Kabul, Mohammad Khalil, apostado en el lugar, acusó a los talibán, a Al Qaeda y al «señor de la guerra» y ex primer ministro Gulbuddin Hekmatyar.

«Hekmatyar, los talibán y Al Qaeda mostraron nuevamente su lúgubre rostro», conjeturó.

«¿Es esto un objetivo militar. Es un puesto de los estadounidenses?», se preguntó Khalil.

Horas después el auto en el cual se desplazaba Karzai en Kandahar fue atacado con disparos, lo que desató una respuesta inmediata de soldados estadounidenses encargados de la seguridad del jefe de gobierno, ungido en el cargo con el respaldo de la coalición internacional que interviene en el país.

En consecuencia, tres de los agresores murieron, incluido el que tiró contra Karzai, y el gobernador de Kandahar, Gul Agha Sherzai, fue herido «levemente».

Karzai fue puesto a salvo en un lugar de la ciudad que no fue precisado.

El canciller Abdullah relató que apenas habían salido del edificio del gobernador con destino a un santuario cercano, un hombre «que vestía un uniforme» se acercó y abrió fuego.

Fuentes militares norteamericanas dijeron que uno de los soldados de la guardia de Karzai resultó herido en el enfrentamiento.

La jornada violenta precedió en cuatro días el primer aniversario del asesinato del líder Ahmnad Shah Massud, el «León del Panshir» opositor al régimen talibán, ultimado en Afganistán, y a seis días de los atentados del 11 de septiembre. Las tropas estadounidenses comprometidas en la caza a los talibán y de ben Laden se encuentran en la base aérea de Bagram, 30 kilómetros al norte de la capital.

Las sospechas sobre Omar

En meses pasados en Kabul se registraron una serie de explosiones y en julio las fuerzas de seguridad frenaron a tiempo un automóvil repleto de explosivos y arrestaron al conductor, un «extranjero» que se dijo confesó la intención de matar a miembros del gobierno, entre ellos Karzai.

Las sospechas de los atentados se centran en Hekmatyar, uno de los líderes de la guerrilla antisoviética de los años 80 y fundador del grupo fundamentalista Hezb-i-Islami.

Hekmatyar abandonó Afganistán tras la toma del poder por parte de los talibán, en 1996. Desde entonces vivió exiliado en Irán, hasta el año pasado cuando el gobierno de Teherán lo expulsó en el intento de alejar las críticas de Washington en cuanto a que ese país trataba de «desestabilizar» a Karzai.

El dirigente político regresó en febrero de este año a su país con el objetivo de reconquistar el poder.

Otro de los enemigos de Karzai es el Mullah Omar, el religioso integrista líder de los talibán, que intenta sellar una alianza con Hekmatyar, según dijo el jefe de la Fuerza Internacional ISAF, el general turco Hilmi Akin Zorlu. Hekmatyar negó esa afirmación pero invitó recientemente a los afganos a librar una «guerra santa» contra las «fuerzas de ocupación». (ANSA).

No garantizan la provisión de petróleo en caso de guerra

Río de Janeiro (Télam-Reuters).- La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se comprometió a mantener precios «razonables» y a garantizar el suministro de crudo en tiempos de paz, pero advirtió que las consecuencias sobre el mercado de una guerra contra Irak son inciertas.

Los precios del petróleo subieron ayer después de la divulgación de datos semanales que revelaron una drástica reducción en los inventarios de crudo de Estados Unidos, a niveles por debajo de lo normal, antes de la llegada del invierno en el hemisferio norte, cuando la demanda aumenta fuertemente.

La reducción de los inventarios es más preocupante aun si coincide con la aplicación de las restricciones a las exportaciones de la OPEP, y con la posibilidad de que Estados Unidos ataque a Iraq, un productor de crudo.

El precio del futuro del referencial crudo Brent para entrega en octubre cerró con alza de 56 centavos, a 27,7 dólares el barril. Los futuros del crudo WTI estadounidense cerraron a 28,98 dólares por barril, un alza de 71 centavos de dólar

Durante la última jornada del Congreso Mundial del Petróleo, en Río de Janeiro, el secretario general de la OPEP, Alvaro Calderón, sostuvo que el petróleo «jamás sirvió y no puede servir de ninguna manera de arma económica» . Pero «no es por ello que no debemos preocuparnos por la situación en Irak», puntualizó Calderón, porque «nosotros no sabemos cuáles serán las consecuencias que puede tener un conflicto armado». Por su parte, el inglés Robert Priddle, director de la Agencia Internacional de Energía (AIE), que nuclea a 26 países occidentales recordó que los miembros de esta organización tienen reservas para 90 días, en caso de una guerra con Irak.

«Un ataque abriría las puertas del infierno»

WASHINGTON/EL CAIRO(Reuters) – El presidente de EE.UU, George W. Bush, intensificó su campaña contra el líder iraquí, Saddam Hussein, pero un líder árabe le advirtió que atacar a Irak «abriría las puertas de un infierno».

La Casa Blanca, que enfrenta escepticismo en el extranjero y exigencias en el Congreso para que presente evidencias concretas contra Iraq, dijo que tenía todas las pruebas que necesitaba para demostrar la necesidad de derrocar a Hussein. No obstante, varios senadores demandaron que el gobierno les presentara pruebas antes de apoyar una acción militar contra ese país.

En El Cairo, el secretario general de la Liga Arabe, Amr Moussa, dijo que un ataque contra Iraq «abriría las puertas de un infierno» en el Oriente Medio, e instó al gobierno de Bagdad a permitir el retorno de los inspectores de armas, en coordinación con las Naciones Unidas. Los ministros de Relaciones Exteriores de 20 estados árabes instaron a un «rechazo total a las amenazas de agresión contra algunos países árabes, en particular Iraq». El comunicado no se refirió específicamente a los inspectores de armas, pero Moussa dijo que los ministros quieren que Irak debe permitirles regresar.

Libertades civiles, una víctima más de los atentados

WASHINGTON (ANSA) – La guerra contra el terrorismo lanzada tras los atentados del 11 de setiembre por un Estados Unidos lastimado y furioso provocó una dura ofensiva sobre grupos extremistas en todo el mundo, pero abrió también una inquietante controversia sobre los nuevos poderes de las fuerzas de seguridad y el recorte de las libertades civiles.

Un año después de los atentados contra el Pentágono y las torres gemelas de Nueva York, que dejaron más de 3.000 muertos, la sociedad norteamericana está viendo incluso como la expansión del sistema de seguridad doméstica está avanzando sobre los derechos sindicales.

Con excelentes reflejos, aun en medio de la rabia y el dolor que provocaban las escenas llegadas desde los escombros del World Trade Center, la organización Amnistía Internacional ya advertía el 13 de setiembre del año pasado sobre los riesgos de la búsqueda de venganza.

Amnistía señalaba entonces «su más hondo pesar por las víctimas de los horribles atentados», compartiendo el sentimiento de millones de personas en todo el mundo. Pero, al mismo tiempo, pedía «a los líderes de gobiernos y comunidades del mundo que garanticen el respeto de los derechos humanos en su reacción». A las pocas horas de los ataques terroristas, la organización humanitaria ya preveía algunos de los más graves problemas que dejarían como saldo los atentados fundamentalistas: oscuros «errores» en Afganistán que dejaron civiles muertos, cientos de personas encarceladas sin proceso y de manera anónima, un paquete de nueva leyes que extendió ampliamente los poderes de vigilancia de los servicios de seguridad.

Casi un año después, una encuesta señala que el 49% de los estadounidenses considera que la primera enmienda de la Constitución, que protege el derecho de expresión, «va demasiado lejos, da demasiadas garantías».

En el medio de esta sutil transformación que duró doce meses, el Congreso aceptó las presiones de la Casa Blanca y aprobó un paquete de leyes que permite a los servicios de inteligencia realizar inspecciones o interceptaciones de comunicaciones prácticamente sin necesidad de recurrir a la justicia si se trata de actos sospechosos de terrorismo.

La USA Patriot Act, señaló el Center for Constitutional Rights (CCR), «confiere poderes amplios e incontrolables al poder ejecutivo». «Aunque muchas de sus provisiones no despiertan controversia, la ley sacrifica nuestras libertades en nombre de la seguridad nacional y afecta los valores democráticos que definen nuestra nación», señaló el CCR.

Los temores creados por la ampliación de los poderes de los servicios de seguridad -que ahora pueden ir casi tan lejos como quieran cuando se trata de perseguir sospechosos de terrorismo- no es tampoco una abstracción.

En estos días, por ejemplo, muchos observadores se asombraron por la baja cantidad de activistas protestando en la isla puertorriqueña de Vieques porque, a diferencia de las protestas previas, esta vez los activistas tienen miedo de ser arrestados bajo cargos relacionados con el «terrorismo», y sumarse a los más de mil detenidos que permanecen en el limbo jurídico.