Aníbal bajo sospecha

Puede que el jefe de Gabinete y precandidato a la gobernación bonaerense Aníbal Fernández sea, como dice, víctima de una “operación de prensa”, pero no le será fácil convencer de su inocencia a los muchos que lo creen un narcotraficante. Si bien Martín Lanatta, el que fue condenado a cadena perpetua por el “triple crimen” de General Rodríguez de agosto del 2008, en que fueron asesinados tres farmacéuticos, dista de ser un personaje confiable, las denuncias que formuló en el programa televisivo “Periodismo para todos” de Jorge Lanata parecieron confirmar las sospechas ya existentes según las cuales Fernández, supuestamente vinculado con un cártel mexicano, manejaba el tráfico de efedrina en el país y por tal razón tenía buenos motivos para querer eliminar a quienes le ocasionaban problemas. Sea como fuere, al quilmeño le ha tocado suceder a otro político bonaerense, el exgobernador y expresidente Eduardo Duhalde, en el papel nada grato de presunto jefe del negocio multimillonario de la droga en el país. Andando el tiempo, Duhalde logró mostrar que sólo se trataba de versiones malintencionadas, pero así y todo su imagen pública se vio irremediablemente salpicada, ya que, cuando de un político ambicioso se trata, las impresiones siempre importan más que los detalles jurídicos. Aunque voceros oficiales, entre ellos el propio Fernández, insisten en que la Argentina es a lo sumo un país “de tránsito” de la droga, no de producción o de consumo en gran escala, otros afirman que en los años últimos se ha transformado en un territorio narco más en el que los traficantes, a menudo relacionados con bandas mexicanas o colombianas, han conseguido comprar a políticos influyentes, magistrados y jefes policiales. La evidencia disponible hace pensar que los preocupados por lo que está sucediendo están en lo cierto; nadie ignora que en Rosario pocos días transcurren sin que mueran baleados vendedores improvisados, sicarios o, con frecuencia creciente, menores de edad reclutados como “soldados”. Asimismo, los estragos provocados por el consumo de drogas no sólo en las villas miseria sino también en barrios relativamente prósperos plantean un problema de salud que sería muy peligroso intentar minimizar. Con todo, si bien puede darse por descontado que algunos políticos y magistrados conocidos están vinculados con los narcos y que, a cambio de mucho dinero, les brindan protección, no es fácil en absoluto identificarlos. Tal y como es habitual en sociedades muy corruptas, a los delincuentes les conviene sembrar sospechas a fin de involucrar a los sinceramente respetuosos de la ley y de los valores éticos que todos, pero en especial los más cínicos, suelen reivindicar en sus discursos. También es habitual que, por una cuestión de lealtad partidaria, personas honestas actúen como cómplices de individuos que de otro modo denunciarían, pasando por alto las acusaciones en su contra al atribuirlas a los prejuicios políticos de sus adversarios. Así, pues, mientras que Sergio Massa, Mauricio Macri, Ernesto Sanz, Elisa Carrió y Felipe Solá reaccionaron ante la reaparición del caso del “triple crimen” en el escenario político nacional insinuando que les pareció factible que Fernández fuera el “autor intelectual” de los asesinatos, su rival interno, Julián Domínguez, y otros peronistas se aferraron a la teoría de la “operación de prensa”. Por la misma razón, sería un tanto sorprendente que las acusaciones vertidas contra el jefe de Gabinete del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner incidieran mucho en los resultados de las PASO. Parecería que a una parte sustancial del electorado no le importa demasiado que dirigentes determinados se hayan enriquecido por medios claramente ilícitos y que por tal motivo tomaría la eventual participación de un candidato en el negocio de la droga por una excentricidad anecdótica. La indiferencia así supuesta se basa en la convicción popular de que, en el fondo, todos los políticos son igualmente corruptos, de suerte que sería inútil procurar discriminar entre ellos, como es normal en un puñado de países en los que acusaciones tan contundentes como las que acaban de molestar a Fernández serían más que suficientes como para obligar a un candidato a dar un paso al costado hasta que quedara definitivamente absuelto por la Justicia.

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