Ante recursos escasos

La pelea por el presupuesto en Río Negro tiene a la Justicia como principal demandante de fondos.

También la Legislatura pide más, pero el reclamo de uno y otro poder debe ser mensurado de acuerdo con sus particularidades. Es decir, conviene colocarlos bajo el tamiz de la condición general de emergencia en la que todavía se encuentran las cuentas públicas de la provincia.

El fundamento de la ciencia económica es que los recursos siempre son escasos. De allí, que al distribuirlos, en Río Negro es imprescindible priorizar la necesidad de recuperar hasta un nivel aceptable la calidad de los servicios públicos esenciales, que no son otros que salud, educación, seguridad y justicia.

En los tres primeros han comenzado a recuperarse los sueldos sólo hasta el nivel que algún día tuvieron. Resta pensar en adecuarlos a la luz de la inflación producida en estos últimos años. Y ni hablar de mejorar la infraestructura de recursos materiales que se necesitan, sobre todo en la salud pública y en seguridad.

En la Justicia, los sueldos ya no tienen quitas desde tiempo atrás.

También es claro que, por la propia naturaleza de su función, el servicio de justicia tiene necesidades objetivas de personal, bienes inmuebles y muebles, y otros recursos tales como tecnología informática, material para pericias, teléfonos y mil cosas más.

La Legislatura, en cambio y sin desmerecer su importantísima función, distrae gran parte de su presupuesto en tareas ajenas al rol que le asigna la vida republicana, y que más tienen que ver con la necesidad de sus integrantes de financiar actividades políticas partidarias, subsidiar clubes y asociaciones y pagar salarios a personas que realizan tareas ajenas a la labor parlamentaria. Hacer leyes, tener un centro de documentación parlamentaria, controlar al Ejecutivo, formar comisiones investigadoras en asuntos de interés público y pedir informes a los otros poderes podría realizarse en forma tan eficiente como hasta ahora con bastante menos gasto.

Se consigna esto porque, en principio, se advierte poco lógica la relación entre los 52 millones de pesos que el proyecto de presupuesto asigna a todo el Poder Judicial de la provincia -que atiende las necesidades de servicio de justicia de más de 600.000 habitantes en 203.013 kilómetros cuadrados, con todos sus conflictos comerciales, penales, familiares, sucesorios y demás- con los 20,8 millones de pesos de que dispondrá la Legislatura provincial. Claro que esta reflexión, que seguramente despertará entre los legisladores una tormenta, en nada tiende a minimizar la tarea parlamentaria sino, en cambio, a destacar la complejidad operativa de la Justicia.

Cabe aclarar que uno y otro poder habían solicitado más recursos para el 2004. La Justicia solicitó 54,7 millones para sus gastos y la Legislatura 22,8 millones.

La cuestión es que la autarquía que cada uno de los poderes ejerce con su distribución interna presupuestaria genera situaciones de iniquidad, que sólo una visión general del Estado y un gran compromiso con el sentido común podrían remediar.

Por ejemplo, resulta notorio que el servicio de justicia que tienen los rionegrinos no es el mejor: recientemente se ha confirmado la impunidad de los autores del doble crimen de Río Colorado que tuvo por víctimas a los jóvenes Raquel Lagunas y Sergio Sorbellini.

Y, tras casi 15 años de tramitación, la «causa grande» que investiga una millonaria defraudación al ex Banco Provincia de Río Negro todavía no ha llegado a juicio oral.

Son sólo dos casos, se dirá. Son dos casos, es cierto, pero bastante emblemáticos.

El primero, un doble homicidio que nunca pudo esclarecerse, tal vez, por el sinnúmero de errores que cometió la policía -con intención o por negligencia- antes de que llegaran el juez y el fiscal. Y que durante la causa se evaluó -sin nunca probarse- la posible participación de un ex diputado y de policías.

El segundo caso, el del Banco, sería cómico si no fuera trágico: a los 20 días de presentada la denuncia, el juez que la recibió la mandó a archivo porque le quemaba en las manos o porque la estimó inconsistente, pese a que contenía datos, fechas y detalles. Y durante toda la tramitación, las presiones que el poder político -es decir la dirigencia radical rionegrina- ejerció sobre jueces, fiscales, consejeros de la magistratura, testigos e imputados fue tal, que ni siquiera resultaron secretas.

El Superior Tribunal de Justicia acaba de indicar que desde el 2002 ha realizado insistentes exhortaciones a agilizar el juicio. ¡Cuando la causa llevaba ya 13 años sin definirse! Mientras tanto, ni se asignó personal exclusivo para que atendiera el complejo expediente, ni se dotó a los funcionarios judiciales que la condujeron de los medios necesarios para que se hiciera justicia en tiempo y forma.

Así, la Justicia reclama más dinero. Pero de nada contribuirá ese incremento a mejorar el servicio público que reciben los justiciables rionegrinos si la prioridad de quienes conducen ese poder sigue siendo un aumento de los ingresos de los jueces en lugar de una revisión seria de necesidades.

Por su parte, amparado en que a nadie debe pedirle aumento en sus propios gastos, el Ejecutivo incrementa a 460 el número de sus funcionarios, sin que eso se vea justificado en los servicios que presta, y en abierta oposición al esfuerzo de supervivencia que siguen haciendo amplios sectores de docentes y empleados públicos.

Hospitales, comisarías, patrulleros, escuelas, juzgados de paz, fiscalías, defensorías, servicios de salud mental, escuelas especiales, escuelas técnicas existentes o por crear, centros comunitarios, rutas… y mil cosas más esperan que la dirigencia provincial deje de mirarse el ombligo y ordene las prioridades en el gasto público provincial.

Alicia Miller

amiller@rionegro.com.ar