Los “cuadernos” sacan de los cajones viejas causas de corrupción

La ya “megacausa” de los cuadernos de las coimas, además de tener una intensa vida propia, empieza a darle vida a causas que hasta ahora estaban cajoneadas o hasta se creían prescriptas. La causa por supuesto sobornos en obras vinculadas con AySA; la investigación por la valija de Antonini Wilson; la que investiga la prórroga de la concesión de la Hidrovía del río Paraná y hasta la de enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina Kirchner, que el ex juez Norberto Oyarbide cerró en tiempo récord. La ex presidente empieza la semana con todos los frentes abiertos: el miércoles, el Senado votaría la autorización para que sean allanadas sus propiedades y, en los próximos días, el juez Claudio Bonadio la procesaría.

Una de las declaraciones más fuertes de la causa de los cuadernos, que ya tiene 15 arrepentidos, fue la del ex titular de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner. El empresario, amigo de Julio De Vido, describió el sistema diseñado para cobrar coimas: las empresas contratistas del Estado, cartelizadas, definían quién ganaba cada licitación, y el retorno a los funcionarios K se pagaba con los mismos anticipos de obra que el gobierno entregaba. El retorno llegaba hasta el 20% del monto total de la obra, que arrancaba con sobreprecios. El primero en actuar fue el juez federal Sebastián Casanello, que pidió a Bonadio las declaraciones de Wagner. Casanello investiga procesos de licitación con sobreprecios de Aysa en Buenos Aires, uno de los expedientes en que se investiga a Odebrecht en la Justicia local.

Otro empresario en hacer revelaciones fue Luis Betnaza: el directivo de Techint afirmó ante el juez que pagó coimas para que funcionarios K intercedieran ante el gobierno de Hugo Chávez que había expropiado una empresa del grupo. En consecuencia, el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola, citó a indagatoria a De Vido, su ex secretario, José María Olazagasti, y al ex jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray. Yadarola investiga el intento de Antonini Wilson de ingresar en una valija US$ 800.000 al país en 2007. También citó a Claudio Uberti – ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales y señalado como el encargado de la “embajada paralela” en Venezuela. El ex funcionario, por su parte, declaró que Néstor y Cristina Kirchner estaban al tanto de todo, daban las órdenes y hasta recibían los bolsos con dinero.

Entre las últimas confesiones, se destaca la del titular de Hidrovía S.A., Gabriel Romero. El empresario declaró que pagó a funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner, para que la presidente le renovara por decreto la concesión para explotar la Hidrovía del tramo del Río Paraná – Paraguay, por el que circula el 20% del transporte de cargas. El gobierno cumplió con el decreto 113/2010 y habilitó al grupo de Romero para el cobro de peajes a los barcos hasta el 2021, e incluso amplió uno de los tramos de la concesión. Existía ya una causa que “investigaba” la prórroga: el viernes el fiscal Gerardo Pollicita advirtió que solicitará a la jueza María Servini para que cite a indagatoria a Cristina Kirchner.

En la lista de imputados apareció de entrada Norberto Oyarbide. El ex juez federal, que sobreseyó a Néstor y Cristina Kirchner por enriquecimiento ilícito declaró: dijo que recibió presiones para cerrar la causa. Como consecuencia, la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó a la Justicia desarchivar la causa por “cosa juzgada írrita”, es decir, de forma fraudulenta. Al pedido se sumó la ex diputada Margarita Stolbizer, denunciante de los Kirchner en las causas Hotesur y Los Sauses.

La ex presidente ya tiene cuatro causas con elevación a juicio oral: dólar futuro, direccionamiento de obra pública, la firma del pacto con Irán y Los Sauces. Podría pasar el año electoral en tribunales. El juez Bonadio llegó a pedir su desafuero y detención. De la mano del juez, esta semana la ex mandataria podría sumar un nuevo procesamiento: en la causa de los cuadernos, Bonadio también le pidió al Senado que lo habilite para allanar propiedades de la ex presidente.

El desafuero parece imposible, pero la semana pasada el peronismo, en una sesión que demostró su fractura interna, también impidió el allanamiento: de los 24 miembros del PJ federal, sólo bajaron 8 al recinto para dar quórum, incluido Miguel Pichetto, pero la sesión se cayó.

Conscientes del costo político que puede tener seguir respaldando a la ex mandataria mientras la causa judicial ofrece revelaciones cada vez más escandalosas, algunos senadores justicialistas decidirían bajar este miércoles a dar quórum. De otro modo, Cambiemos, con sus 25 senadores presentes en el recinto, le seguirá haciendo pagar el costo.

CFK empieza la semana con todos los frentes abiertos: el miércoles el Senado votaría allanar sus propiedades y, en los próximos días, sería procesada.

Empresas del grupo Macri, en el comienzo del escándalo

El apellido Macri surgió desde el comienzo del escándalo de los cuadernos de la corrupción. Javier Sánchez Caballero, ex CEO de Iecsa, estuvo en el contingente de los primeros detenidos, y fue el segundo en “arrepentirse”. El primo hermano del presidente, Ángelo Calcaterra, ex dueño de Iecsa y jefe y amigo de Caballero, no estaba en la lista de detenidos. Pero se presentó en Tribunales y pidió ser él también arrepentido: aunque dijo que eran aportes para la campaña del kirchnerismo, reconoció haber entregado fondos ilegales.

Iecsa fue la constructora histórica del Grupo Socma, holding de Franco Macri y sus hijos.

En 2007, el grupo debió deshacerse de varias firmas y Calcaterra, sobrino de Franco, le compró la constructora. Iecsa, en manos de Calcaterra, cerró importantes negocios con el gobierno kirchnerista, tanto que se ubicó sólo detrás de Techint y Electroingeniería en el ranking de empresas contratadas por el Estado nacional, según difundió el exministro Julio De Vido.

Obtuvo, entre otras obras, el frustrado plan del soterramiento del tren Sarmiento dentro de un consorcio de empresas, que todavía lo obliga a presentarse en Comodoro Py, en el marco de las causas que investigan a Odebrecht.

Recién cuando Macri asumió la presidencia, en diciembre de 2015, Calcaterra decidió finalmente vender la constructora que había controlado desde el 2007.

Según trascendió entonces, el comprador fue Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía y uno de los empresarios cercanos a la familia Macri. Según algunas versiones del momento, habría sido el mismo presidente quien pidió a su primo investigado desprenderse de la empresa.

Cuando estalló el escándalo de los cuadernos, el gobierno salió automáticamente a despegarse de la situación personal del primo presidencial. El argumento repetido en el oficialismo es que tanto el padre como Ángelo mantuvieron mejores vínculos con el poder político en la era kirchnerista, que en el gobierno de su hijo. Franco Macri llegó a decir, incluso, que el próximo presidente (después de Cristina) debía ser alguien de La Cámpora. Los críticos del macrismo responden, por otro lado, que el Grupo Macri y Iecsa ya formaba parte de los oscuros negocios de “la patria contratista” mucho antes del 2007.

Por su parte, a sus ex colegas empresarios, Macri les dijo públicamente: “Yo no tengo pensado hipotecar mi gobierno para defender a nadie que actúe fuera de la ley”.