Superpoderes bajo sitio

Cuando Néstor Kirchner asumió como presidente en mayo del 2003, heredó no sólo la crisis económica cuyo estallido había truncado la gestión del aliancista Fernando de la Rúa sino también los llamados “superpoderes” que, se suponía, eran necesarios para permitirle enfrentarla con éxito. Es lógico, pues, que tanto él como su esposa, acostumbrados como están a reasignar a gusto las partidas del presupuesto y a manejar de manera discrecional el dinero aportado por los contribuyentes, vean en la voluntad de los legisladores de derogar dicha facultad un intento de debilitar el gobierno por motivos netamente electoralistas. Muchos diputados de los 136 que el miércoles pasado votaron por eliminar los superpoderes permanentes podrían compartir la opinión del ex presidente, ya que la razón por la que algunos se opusieron a los “superpoderes” tuvo menos que ver con su eventual deseo de usar de manera distinta los miles de millones de pesos que están en juego que con la convicción de que había llegado la hora de que el Congreso dejara de actuar como una mera escribanía. Puede que el gesto no tenga consecuencias concretas inmediatas, ya que es factible que el Senado se niegue a convalidar la decisión de la cámara baja y, de todos modos, el Ejecutivo sigue contando con un “superpoder” contundente, el supuesto por el veto, pero es comprensible que después de tanto tiempo el Congreso haya querido recuperar lo que en todo el mundo democrático es considerado un derecho irrenunciable. Al fin y al cabo, el objetivo original de las instituciones parlamentarias, y por lo tanto su razón de ser, consistió precisamente en controlar los gastos de los monarcas o sus equivalentes. Los “superpoderes” –equivalentes económicos del estado de sitio– pueden justificarse cuando un país se ve en medio de una emergencia tan grave que cualquier demora, por breve que fuera, por parte del Ejecutivo podría tener secuelas catastróficas, pero por fortuna ya antes del inicio de la gestión de Néstor Kirchner la Argentina había salido de la peor fase de la crisis provocada por el colapso de la convertibilidad. De no haber sido por la hegemonía legislativa del gobierno, el Congreso hubiera reclamado la devolución de las facultades cedidas al Ejecutivo hace por lo menos cinco años, pero era tal el temor de los diputados y senadores a la previsible reacción de los Kirchner ante cualquier manifestación de “deslealtad” que la mayoría prefirió dejar las cosas como estaban. Con todo, aunque a raíz de los comicios de junio del año pasado se modificó la balanza de poder en el Congreso, tuvieron que pasar casi doce meses antes de que por fin la oposición lograra aprovechar su triunfo en las urnas en un esfuerzo por recuperar lo que en principio es una facultad propia del Legislativo y de tal forma cumplir con una de sus promesas electorales más significantes. Los oficialistas dicen que, de prosperar el proyecto opositor, el Congreso no tardaría en convertirse en una “máquina de impedir”, ya que, como es notorio, los tiempos legislativos suelen ser muchísimo más lentos que los del Ejecutivo, pero siempre y cuando el país no caiga nuevamente en el caos, la discrecionalidad extrema de la que ha hecho gala el gobierno kirchnerista seguirá siendo mucho más peligrosa que el previsible letargo parlamentario. Puede que haya diputados y senadores irresponsables que procurarán hundir las iniciativas gubernamentales por motivos meramente políticos, pero es de suponer que la mayoría entiende muy bien que no le convendría en absoluto oponerse sistemáticamente al gobierno con el propósito de acorralar a los Kirchner, aunque sería de prever que éstos lo acusarían de tratar de hacerlo si el Congreso consigue quitarles las llaves de “la caja”, ya que su poder depende en buena medida de su capacidad para repartir importantes sumas de dinero entre los dispuestos a apoyarlos. Sucede que, si bien a esta altura resulta evidente que es intrínsecamente malsano el esquema casi monárquico que se instaló merced a los “superpoderes” y, más aún, a la voluntad de los legisladores oficialistas de anteponer su “lealtad” hacia el matrimonio gobernante a sus responsabilidades como representantes de la ciudadanía, desmantelarlo para que las instituciones funcionen como es debido no será nada fácil.