El método Jaime para democratizar la Justicia

Ricardo Gil Lavedra (*)

La Sala I de la Cámara Federal de la Capital concedió un recurso del exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, contra la validez constitucional de la ley que establece el delito de enriquecimiento ilícito, prevista en el artículo 268, numeral 2, del Código Penal de la Nación. La ley penal, no obstante, es clara. Dice que es delito que un funcionario público se enriquezca en la función sin explicar de dónde surgió su fortuna. Es incorrecto que un funcionario se haga millonario sin dar explicación alguna; este comportamiento es incompatible con la ética. Pero Jaime insiste, en contra de lo que ya fallaron los jueces, y sostiene que es inconstitucional que se lo investigue. Quiere mantener su patrimonio y niega que exista una potestad estatal para interrogarlo sobre sus bienes. Eso se discute. Mientras cualquiera del pueblo debe explicar para qué quiere un dólar o los recolectores de residuos pagan impuesto a las Ganancias, un emblemático exfuncionario K afirma que es inconstitucional rendir cuentas de su enriquecimiento en la función pública. ¿Cuánto puede durar esta discusión acerca de la validez de este artículo del Código Penal? Jaime dejó de ser funcionario en el 2009 pero todavía no ha sido sometido a juicio en ninguna de las muchas investigaciones en su contra. Lejos de ello, como vemos, todavía se discute la legalidad misma de la posibilidad de investigarlo. El asunto irá a la Casación, luego tal vez a la Corte y, probablemente, Jaime nunca enfrente una condena con este gobierno. ¿Cuál debería ser el papel de una Justicia “democrática” como la que vocifera el gobierno en casos de corrupción como éste? ¿Se ha indignado alguna vez la presidenta por la morosidad en el avance de estas causas o su ira se agota con el caso Clarín? La Corte Interamericana de Derechos nos da una pista acerca de lo que los jueces deberían hacer: impedir las chicanas y no olvidar que su función no se agota en posibilitar un debido proceso que garantice la defensa en juicio, sino que debe además asegurar en tiempo razonable una decisión. Hoy el gobierno malversa este mandato y lo emplea únicamente para fustigar a los jueces cuando ello le conviene, y sin ahorrar calificativos escatológicos, ya sea desde el canal oficial o a través de sus más altos funcionarios. Tristemente, mientras tanto, la única cloaca verdaderamente abierta y desbordante es la de la corrupción estatal que esta gestión no quiere detener, o directamente fomenta, ante la pasividad de un sector de la Justicia que se somete complaciente al Ejecutivo. (*) Diputado nacional, exministro de Justicia de la Nación