Servicios públicos, la gran espera

Durante el 2018, los barrios populares de Cipolletti ganaron una gran batalla: la declaración de utilidad pública de cinco asentamientos. Uno de ellos fue Barrio Obrero, que en unos pocos meses cumplirá 10 años de historia.

La dirigente social, Lila Calderón, remarcó el triunfo por el acceso a la tierra pero agregó que seguirán la lucha por el resto de los barrios que quedan sin expropiar.

El año pasado, la dirigente barrial participó de una gran cantidad de encuentros y reuniones con habitantes de barrios que están organizados pero no son reconocidos como tal. La necesidad de contar con el acceso a la tierra y la vivienda fue uno de los tantos ejes que plantearon.

Una de los hechos más resonantes fue la declaración de utilidad pública sujeta a expropiación que se aprobó por unanimidad en la Legislatura, en mayo del año pasado.

El proyecto contempló 66 hectáreas que involucran a los sectores barrio Obrero A y B, Nueva Esperanza y las tomas 2 y 10 de Febrero.

La regularización de las tierras les permite a acceder a los servicios básicos como luz, gas, agua, gas, cordón cuneta, recolección de basura, entre otros.

Con respecto a esto, Calderón se esperanzó con que los habitantes puedan contar con alguno de estos servicios en abril de este año, mes en el que cumplirán una década de organización barrial. Según detalló, la Provincia ya emitió el valor fiscal de cada terreno sin embargo ahora falta que el municipio de a conocer el valor real.

“Nos espera un año difícil porque tenemos que esperar la llegada de servicios y un monto fijo para el pago de la tierra, que es lo que nos falta”, explicó.

Preocupación por lo social

La dirigente barrial expresó la preocupación que genera la realidad que atraviesan los barrios populares.

“La gente tiene hambre y eso se ve”, remarcó. Calderón indicó que realizan un fuerte trabajo para ayudar a familias cipoleñas sin embargo la realidad es otra.

Con respecto a lo que esperan para el 2019, aseguró que acompañarán todos los procesos de lucha que se presenten.

La Legislatura rionegrina aprobó la utilidad pública, en mayo del año pasado. El proyecto fue acompañado por todos los diputados.