Autorizan aborto a una menor en Bariloche

Para Lozada el aborto es delito, pero hay casos en que dicha conducta no es punible.

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El juez Martín Lozada sentenció que la autoridad sanitaria no necesita autorización judicial para interrumpir un embarazo en casos como el analizado, pero igual decidió pronunciarse con firmeza en favor del pedido de aborto de la joven, para eliminar las dudas, demoras y ambivalencias, y anunció que adhiere a la tesis de interpretación amplia de los incisos 1° y 2° del artículo 86 del Código Penal.

“No es el juez el que habilita o autoriza la interrupción, sino la norma legal misma la que efectúa tal cosa”, subrayó el magistrado en su fallo, que será apelado por la defensora de Menores Paula Bisogni, en representación del niño por nacer.

Antes, la misma funcionaria había solicitado el nombramiento de un tutor especial para los intereses del feto, pidió la inhibición del juez Lozada, porque también investiga la denuncia por violación, y entendió que debía intervenir el juzgado de Familia.

Por su lado, la Iglesia católica ofreció “acompañamiento” a la adolescente de 17 años víctima de violación, a fin de evitar que la menor de edad se someta a un aborto autorizado ayer por la justicia de Río Negro.

El obispo de Bariloche, Fernando Maletti, aseguró que “muchos hermanos y hermanas se ofrecieron para adoptar a este niño” si la joven cambia de parecer y finalmente decide no interrumpir el embarazo.

La diócesis rionegrina ofreció “sin condenas ni polémicas, toda nuestra ayuda, acompañamiento y contención” a través de su servicio Grávida, organización que asiste a mujeres en riesgo de aborto.

Monseñor Maletti cuestionó la decisión judicial en favor del aborto. “Es lamentable que quien tenía en sus manos la decisión sobre la vida de este niño, el juez Martín Lozada, prácticamente haya dictado su sentencia de muerte”, criticó en el texto emitido denominado “La vida humana es un don”.

El prelado barilochense consideró que si la sentencia se lleva a cabo “nos dejará a todos, incluida la joven embarazada, con un amargo dolor y una inocultable vergüenza y frustración”.

El expediente en cuestión se inició hace pocos días, cuando la menor T.F.N. advirtió que estaba embarazada y solicitó la interrupción del proceso ante el área de ginecología del hospital de El Bolsón.

Fue entonces que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del ministerio de Salud pidió autorización al tribunal, y al margen de analizar la improcedencia de la solicitud, Lozada inició una causa por abuso sexual agravado que tiene como imputados al padre y al tío de la menor, de 43 y 38 años respectivamente.

El juez Lozada reafirmó en su sentencia que “el aborto constituye un delito”, pero advirtió que en algunos casos la vida de la persona por nacer “puede ser suprimida sin que dicha conducta resulte punible”.

Para el magistrado, la norma que protege el derecho a la vida de la persona por nacer también reglamenta causas de justificación que “no están reñidas con el ordenamiento convencional ni constitucional”.

Entre otras consideraciones, Lozada advirtió que “la interrupción del embarazo constituye un mal que sólo excepcionalmente puede causarse”, y que la joven peticionante, abusada a lo largo de seis años por su padre y por su tío, “ratificó una y otra vez su firme voluntad de que se interrumpa el embarazo que cursa”.

Lozada juzgó que la autoridad sanitaria judicializó “indebidamente una intervención que debió quedar reducida al ámbito de su competencia”, y recomendó al organismo que “en lo sucesivo asuman las obligaciones legales en torno a tan delicada cuestión”.

Tal como se indicó, una vez conocido el fallo, el obispo Fernando Maletti lo consideró lamentable y abogó para que la menor entregue en adopción a su bebé por nacer, en lugar de aceptar una sentencia de muerte. Ese consejo, sin embargo, ya había sido rechazado por la joven cuando se lo sugirieron.

Los informes profesionales indican que no está dispuesta a prestar su cuerpo para la satisfacción de intereses que le son ajenos, y para ella, la interrupción de su embarazo es una idea consolidada y elaborada con trabajo terapéutico, además de ser compartida por sus familiares inmediatos.

La intención de recorrer los caminos formales para lograr la interrupción de la gestación, para quienes la atendieron, tiene como objetivo evitar la comisión de un acto ilícito, dado que no experimentaría un conflicto moral, ni religioso, porque no adhiere a ninguna concepción religiosa.

Alfredo Leiva