Bajo la sombra de la corrupción

Si la Argentina fuera aquel “país normal” que, al iniciar la campaña que lo llevaría a la Casa Rosada, Néstor Kirchner dijo que tendría que volver a ser, los dirigentes políticos estarían pensando en cómo mejor enfrentar los desafíos planteados por el estado nada saludable de la economía nacional y por los cambios preocupantes que están dándose en el resto del mundo. Pero puesto que en los años últimos la Argentina se ha alejado aún más de la “normalidad” presuntamente deseada por el expresidente, tanto la clase política como buena parte del empresariado han optado por dejar que la economía duerma una siesta para concentrarse en temas que a su juicio son más urgentes, comenzando, desde luego, con los relacionados con la muerte del fiscal Alberto Nisman que durante más de un mes ha acaparado la atención de virtualmente todos. Según la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el asesinato, o suicidio, del fiscal se ha visto seguido por el surgimiento del “partido judicial”, sucesor éste, cree, del “partido militar” de otros tiempos. Aunque se trata de un disparate, el que en opinión de la presidenta el Poder Judicial se haya convertido en una fuerza opositora temible nos dice mucho sobre su forma de pensar. Parecería que, un tanto tardíamente, se ha dado cuenta de que su propio “proyecto” político es incompatible con el imperio de la ley. Cristina y los voceros oficiales acusan a los jueces y fiscales que los desobedecen de procurar “desestabilizar” el gobierno. En cierto modo tienen razón, pero sucede que es función del Poder Judicial impedir que el Ejecutivo o Legislativo violen las reglas constitucionales. Al otorgarse el derecho a hacerlo, el gobierno se desestabiliza a sí mismo. La causa fundamental de una proporción muy significante de los problemas del país consiste precisamente en la negativa del gobierno actual, y de muchos que lo antecedieron, a respetar los límites así supuestos. Pudieron salirse con la suya merced a la colaboración de los muchos partidarios de la autocracia consentida que, para no asumir responsabilidades, siempre han avalado la conducta de los más poderosos de turno, pero en todos los casos los errores cometidos han tenido consecuencias tan graves que, andando el tiempo, la mayoría ha reaccionado pidiendo que el país regrese a la ya mítica “normalidad”, la de un país en el que las autoridades acatan las leyes. Cristina se queja diciendo que el “partido judicial” se ha erigido en un “superpoder por encima de las instituciones surgidas del voto popular”, lo que, lo entienda o no, es una definición aceptable de la situación que se da en un Estado de derecho. La Argentina está pagando un precio altísimo por la resistencia de amplios sectores, encabezados por el grueso de “la casta política”, a tomar realmente en serio la corrupción. De no haber caído los Kirchner y sus socios en la tentación de aprovechar personalmente el clima de permisividad que siempre impera en el país cuando existe la sensación de que la economía está disfrutando un período de auge, nos hubieran ahorrado una multitud de desgracias. La corrupción, una enfermedad debilitante contagiosa que propende a propagarse hasta afectar a la sociedad entera, está en la raíz de casi todas las lacras políticas y económicas del país, además de episodios tan vergonzosos como el protagonizado por el procesado vicepresidente Amado Boudou. Para Cristina y los funcionarios más abnegados del gobierno nacional, defenderse contra los resueltos a obligarlos a someterse a la ley es una prioridad absoluta a la que están dispuestos subordinar todo lo demás. Desde su punto de vista, no tienen más alternativa que la de privilegiar su propia supervivencia y por lo tanto tratar de convencer a quienes aún los apoyan de que encarnan la voluntad popular, mientras que sus críticos son todos enemigos del pueblo. Desafortunadamente para ellos, la prédica en tal sentido ya no funciona como antes. Al difundirse la convicción de que les interesa más el destino propio que el del país en su conjunto, la ciudadanía está dándoles la espalda. No es que la mayoría esté reclamando un golpe, como pretenden la presidenta y sus simpatizantes más fieles, sino que, por fin, coincide con el Néstor Kirchner de casi trece años atrás en que “la Argentina tiene que volver a ser un país normal”.

Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.196.592 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Miércoles 25 de febrero de 2015