La jueza Gass dijo que el pabellón de máxima seguridad de la Unidad 11 fue «inaugurado para exhibición»

Hace cuatro meses el gobernador Rolando Figueroa recorría el nuevo pabellón de máxima seguridad de la Unidad 11 de Neuquén capital. «Es un primer paso en política carcelaria», declaró. Sin embargo, el edificio aún continúa completamente vacío porque, de acuerdo a la fiscalía de Estado, «se encuentra pendiente la habilitación de algunos de los servicios».

«Está inaugurado para exhibición, no para que se pueda alojar internos, esto la verdad que es inadmisible», cuestionó la jueza de Ejecución Penal, Raquel Gass, y ordenó que en 30 días hábiles se ocupen todas las plazas con los presos.

La magistrada debía resolver ayer la situación de un grupo de condenados que están cumpliendo la pena actualmente en la comisaría séptima. Las defensoras Luciana Petraglia (del ministerio público) y Sol Pérez de León (abogada particular) le plantearon el agravamiento de las condiciones de detención en un habeas corpus.

«Muchos de ellos están durmiendo en el piso», señaló Petraglia y agregó «que no tienen espacio educativo y recreativo», «no hay ningún patio». Afirmó que incluso les habían dicho que iban a ingresar más detenidos, porque era una demanda de la Jefatura de Policía.

Sólo en la séptima hay diez condenados alojados producto de la emergencia en la que se encuentra la provincia. Cómo no hay lugar en las cárceles deben permanecer encerrados en las comisarías. El pedido de las defensores era que fueran trasladados a una unidad.

«El pabellón de máxima seguridad de la Unidad 11, si bien fue inaugurado en diciembre del año pasado, no se alojaron personas privadas de la libertad», manifestó Petraglia. Contó que hacía dos semanas habían mantenido una reunión con Gustavo Kohon, de la fiscalía de Estado, y el defensor de circunscripción penal Raúl Caferra para avanzar en este tema, sin resultados todavía.

Además, dijo, faltan licitar los tráilers habitacionales comprometidos.

Ambas le solicitaron levantar el cupo de la unidad y disponer el traslado. También que no permita el ingreso de más personas a la comisaría.

Un «by pass»

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Ismael Bras y Martín Moya Assef, los representantes de la fiscalía de Estado que fueron a la audiencia, no se opusieron a que se limite el cupo para ingresar a la comisaría, pero consideraron que no era «viable» el traslado. Mencionaron que el sector no se encuentra «habitable» y que dependían de Camuzzi para el servicio de gas, cuyo plazo aproximado de instalación era de 45 días.

Bras comentó que iban a«utilizarlo como una suerte de by pass, a medida que trasladan detenidos de un pabellón, refaccionar los que merecen refacciones, y volver a trasladarnos».

«No puedo creer que ese pabellón funcione como pivot para arreglar otros pabellones», se sorprendió Petraglia. «Capaz están confundiendo una etapa anterior en la que el pabellón 8 funcionaba como pivot, ahora no hay pabellón pivot para hacer remodelaciones en otros pabellones», subrayó.

La representante de la fiscalía, Natalia Lacoste, fue aún más crítica. Aseguró que desde 2015 «se está con que se va a inaugurar, finalmente se inauguró y siguen faltando. Tenemos una ley de emergencia carcelaria también que vino para palear las situaciones, y la realidad es que hoy tenemos un pabellón que aparte va a ser utilizado de otra manera de la que se nos dijo».

«Hay inexistencia de una política carcelaria»

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Gass rechazó la posibilidad de levantar el cupo -como había sugerido Lacoste- ni el traslado inmediato que reclamaban las defensas.

A los representantes de la fiscalía de Estado les respondió: «de ninguna manera ese pabellón va a ser destinado a ser un by pass, de ninguna manera, está absolutamente descartado».

«Estamos en una emergencia con más de 100 personas condenadas en comisarías, la verdad no hay forma de que alguien diga «el stock este se reserva para hacer un back up, es imposible», insistió la jueza.

Les dio cinco días para que comuniquen qué puntos del acuerdo firmado en plena crisis carcelaria había cumplido, 10 días para que el ministerio de Seguridad explique qué ocurrió con el pabellón y ordenó que en 30 días los presos estén alojados.

«El ministro prometió en marzo de 2024 que ese año iba a estar inaugurado el pabellón. Estamos en abril de 2026. Verán como hacen para hacer una conexión de urgencia en Camuzzi, la verdad no quiero profundizar en eso. Se inauguró a principios de diciembre de 2025, no podemos estar en junio de este año diciendo no se pudo alojar ningun interno todavía», resolvió. Prohibió el ingreso de nuevos condenados en la séptima.

Gass opinó que «hay inexistencia de una política carcelaria, no la hay. Más allá de que haya una ley de emergencia carcelaria que dotaba de recursos económicos y posibilitaba acelerar la adquisición de distintos recursos».

Hacia el final llamativamente aclaró: «estamos en un sistema republicano de gobierno y las decisiones que toman los jueces son para cumplirse».

Moya, que es hijo del vocal del Tribunal Superior de Justicia, pidió que la decisión sea revisada por un tribunal. «Nos causa un gravamen en tanto nos dispone de un plazo que no dependemos, ya que no podemos compeler a una empresa privada como es Camuzzi a cumplir», dijo.

«Lo que me llama la atención es que sin un informe escrito y detallado del avance de obra me anticipe que no van a poder cumplir», le contestó la jueza.

Mañana será la audiencia para definir si se mantiene o no este plazo.