Bancos y empresas contra los usuarios

Reaccionaron con dureza por la ley de topes.

BUENOS AIRES (DyN).- Los bancos y las empresas de tarjetas de crédito se manifestaron ayer en «estado de alerta» ante lo que consideraron el «mayor perjuicio al sistema financiero de la era de la convertibilidad», en alusión a la ratificación legislativa de la ley que impone topes a aranceles y comisiones.

Las entidades financieras aseguraron que «los mayores perjudicados serán los usuarios de tarjetas de crédito que deberán pagar mayores costos administrativos y muchos perderán la posibilidad de pertenecer al sistema».

Por su parte, las cámaras que agrupan a los pequeños y medianos comerciantes manifestaron su aval con la ratificación legislativa otorgada el miércoles sobre la ley de tarjetas de crédito.

Ayer se mantuvieron sendas reuniones entre representantes del sector bancario y de las empresas de tarjetas de crédito, para analizar las consecuencias que la ratificación efectuada ayer por el Senado les causará.

Si bien, los banqueros prefirieron el silencio ante lo que consideraron «el mayor perjuicio al sistema financiero de la era de la convertibilidad», anticiparon que «las consecuencias son claras y fáciles: aumentarán los costos administrativos y el sistema expulsará a los usuarios que no sean seguros y rentables».

Desde uno de los bancos que mayor cantidad de tarjetas emite se aseguró que «todos estamos haciendo nuestros propios números, una vez que clarifiquemos la situación habrá que tomar decisiones que perjudicarán a usuarios y pequeños comerciantes».

Por el lado de los usuarios, el temor para los banqueros es que «al no poder informar a las centrales de riesgo, habrá que cuidarse muy bien al emitir tarjetas y al renovarles, quienes no sean excesivamente transparentes y buenos pagadores quedarán afuera».

En el caso de los comercios, «el problema se le genera a los bancos pagadores que tendrán que decidir si los comercios chicos que trabajan con tarjetas son rentables y conviene mantenerlos al 5% de arancel».

Esos comercios representan casi el 80% del total de los usuarios pero sólo el 20% del volumen comercializado.

El presidente de Cámara Argentina de Comercio, Jorge Di Fiori, afirmó que «esta situación debería servir para abandonar posiciones inflexibles que imposibilitan consensos, ya que si los bancos hubiesen cumplido su promesa de reducir los aranceles y controlar los intereses, se evitarían soluciones regulatorias impuestas que en el pasado han demostrado producir más perjuicios que beneficios».

«Años de lucha contra el poder de quienes abusaban y discriminaban la posibilidad de competir de los pequeños comerciantes han quedado plasmados en esta ley», señaló la Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias (CAME).

La Federación de Comercio de Buenos Aires, manifestó que el Estado «debe continuar en el control de empresas privatizadas en materias de tarifas y servicios», ya que «nadie quiere volver al estatismo del pasado, pero la mayoría de los argentinos aspiran a que los intereses de los grandes grupos sean compatibles con los derechos de los consumidores».

La Ley establece que los intereses compensatorios que el banco emisor fije no pueden superar en un 25% la tasa que la misma entidad aplica a las operaciones de préstamos personales en moneda corriente. Y define que los bancos «en ningún caso efectuará descuentos superiores al 5 % sobre las liquidaciones presentadas por el proveedor».

Sobre los aranceles que deben pagar los comercios que operan con dinero plástico, se establece que «no se podrán fijar aranceles que difieran en más de tres puntos» entre locales que pertenezcan al mismo rubro.


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