Indagan hoy al prefecto sospechado de matar a Rafael Nahuel

Rafael Nahuel murió la tarde del 25 de noviembre pasado por un proyectil calibre 9 milímetros, que recibió por la espalda. La pericia balística estableció que el principal sospechoso de haber efectuado el disparo letal fue el prefecto Francisco Javier Pintos, que hoy al mediodía deberá comparecer ante el juez federal Gustavo Villanueva para la indagatoria.

Afuera del Juzgado federal de la calle San Martín habrá una concentración organizada por familiares de la víctima y organizaciones, a partir de las 11.

La expectativa de la querella es que el juez le atribuya a Pintos el homicidio de Rafael a partir de la prueba recolectada en la investigación. Sostiene que el informe de los peritos balísticos indica que el proyectil extraído del cuerpo del joven “fue producto del disparo del arma identificada con la letra B la misma secuestrada en los presentes autos, subfusil marca HK, Modelo MP5, calibre 9X19 Numero de serie 05-C3335508”. Para la querella era el arma que portaba presuntamente Pintos.

Sólo Villanueva, que subroga el juzgado de Bariloche, la fiscal subrogante Silvia Little y el defensor que designe el sospechoso podrán estar en la indagatoria. Uno de los abogados querellantes Marcos Miguel había pedido al juez que le permita asistir. Pero Villanueva clausuró esa posibilidad.

“El Código Procesal Penal (de la Nación) no lo permite”, explicó ayer al mediodía Villanueva en un breve contacto con “Río Negro”, en el hall de Tribunales de la calle John O´Connor. Dijo que tampoco podrá estar la prensa.

Miguel había planteado en la presentación que hoy “se han actualizado los derechos de las víctimas con mayor participación en los procesos criminales”. Pero Villanueva le contestó con la fría letra del artículo 295 del Código Procesal Penal nacional: “A la declaración del imputado sólo podrán asistir su defensor, y el ministerio fiscal. El imputado será informado de este derecho antes de comenzar con su declaración”, dice ese artículo.

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Tampoco el juez hizo lugar al pedido de detención de Pintos que había solicitado el abogado querellante, que representan a los padres de Rafael, junto con su colega Estanislao Cazaux. La fiscal no pidió, hasta ahora, nada, según aseguraron fuentes con conocimiento de la causa.

Explicaron que el juez invocó el fallo “Díaz Bessone”, que sentó jurisprudencia en relación al criterio de excarcelación de un imputado, para rechazar el pedido de detención. Villanueva afirmó en la desestimación del planteo de la querella que “la regla general es la libertad” durante el proceso penal.

Las fuentes explicaron que para el magistrado no existe riesgo de fuga o de entorpecimiento del avance de la investigación con Pintos en libertad. Aunque impuso al prefecto la prohibición de salir del país.

Pintos formaba parte de un grupo de seis albatros que la tarde del 25 de noviembre último patrullaba la montaña, en Villa Mascardi, a unos 30 kilómetros de Bariloche. Los albatros de Prefectura interceptaron a un grupo de jóvenes mapuches, que ocupaban el predio junto a integrantes de la comunidad “Lof Lafken Winkul Mapu”, y dispararon. Rafael murió por la bala que recibió por la espalda. Villanueva sólo citó a indagatoria a Pintos.

Apenas se supo que Rafael había muerto, la ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullich salió a plantear que se trató de un enfrentamiento y que los prefectos se defendieron del ataque de los mapuches. Aunque sólo secuestraron armas a los prefectos.