Legisladores llevaron a la justicia la prórroga del cerro Catedral
Alejandro Ramos Mejía y Edith Garro hicieron una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal por el intento de una contratación directa de Capsa, sin pasar por un proceso licitatorio.
Legisladores llevaron a la justicia la prórroga del cerro Catedral
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Los legisladores Alejandro Ramos Mejía y Edith Garro denunciaron penalmente el intento del gobierno municipal de prorrogar la concesión en el cerro Catedral de manera directa y sin atravesar un proceso licitatorio.
La denuncia se presentó el miércoles pasado ante el Ministerio Público Fiscal donde solicitaron que se investigue la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otras irregularidades.
El escrito describe “el avance del intendente Gustavo Gennuso y los concejales que buscan beneficiar económicamente a la empresa Capsa, provocando un perjuicio económico al municipio local”. También remarca que el acta acuerdo con la concesionaria fue firmada en noviembre del año pasado y “la rúbrica se realizó de manera inconsulta y a escondidas”.
Los legisladores afirmaron además que “no existen motivos, ni urgencia que justifiquen la excepcionalidad de la prorroga directa y modificación de las condiciones en vigencia de la licitación pública, cuando aún faltan 8 años para su vencimiento”.
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Cuestionaron que “las autoridades locales pretenden realizar modificaciones estructurales equivalentes a una nueva contratación con diferentes bases y condiciones sin llamar a licitación pública, con lo que comprometen el destino del cerro Catedral por los próximos 39 años, incluyendo la entrega de tierras del Área Catedral que resultan ser de carácter inalienables por Carta Orgánica, como parte de un desarrollo inmobiliario, que resulta un negocio espléndido y fabuloso para Capsa y uno ruin para el municipio de Bariloche”.
En la denuncia consta que “entre otros beneficios, el intendente se compromete a dejar sin efecto las sanciones que hayan sido aplicadas a la empresa en los últimos años favoreciéndola una vez más y permitiéndole, de esa forma, acceder a la renovación contractual anticipada de forma directa, algo que no podría ocurrir teniendo en cuenta las múltiples infracciones en las que incurrió la concesionaria”.
En otro de los puntos, Ramos Mejía expresa que “el perjuicio resulta evidente, porque además de la entrega ilegal de la tierra, no hay definición en el proyecto de quien deberá afrontar el gasto por los servicios básicos (cloacas, electricidad, agua y gas) que deberá encarar el municipio”.
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