Barreras digitales

Redacción

Por Redacción

Puede que la forma elegida por el presidente Mauricio Macri para procurar archivar la Ley de Medios kirchnerista, lo que hizo con otro decreto de necesidad y urgencia, no fuera la más elegante, pero tuvo buenos motivos para querer actuar con rapidez. Son tan vertiginosos los cambios que están produciéndose en el ámbito de las comunicaciones electrónicas que la ley de 2009 que pretendía mantener separadas las diversas formas de difundir información ya quedaba irremediablemente anticuada. Como muchos han señalado, en el resto del mundo la convergencia digital avanza a gran velocidad, de suerte que procurar frenarla aquí sólo serviría para consolidar el subdesarrollo de un sector fundamental que, como tantos otros, necesita inversiones importantes. Reglas destinadas a disciplinar a las empresas locales les impedirían prosperar en un mercado dominado por gigantes multinacionales por lo común nuevos, como Google y Facebook, de alcance mundial, que no tienen por qué respetar las fronteras de los distintos países. Parecería que no lo entendían muchos que confiaban en que, al debilitar a las empresas más fuertes, en especial el Grupo Clarín, la Ley de Medios de 2009 desataría un estallido de pluralismo al surgir decenas, cuando no centenares, de entidades pequeñas interesadas en difundir su propia “verdad”, de tal modo contribuyendo a asegurar la democratización comunicacional. Hasta ahora, los resultados de los esfuerzos en tal sentido han sido decididamente pobres. También ha sido negativo el impacto de la política kirchnerista en todo lo relacionado con las conexiones electrónicas, ya que en los años últimos se ha agravado tanto nuestro atraso en la materia que, en zonas extensas del interior, hablar de temas como el llamado “cuádruple play” suena futurístico porque los habitantes están más acostumbrados a verse incomunicados que a poder acceder a la variedad de alternativas ya disponibles en los países más desarrollados. No es fácil legislar cuando todo está cambiando a un ritmo tan febril que pocos meses transcurren sin una novedad tecnológica imprevista. Es por lo tanto comprensible que muchos políticos y los militantes que los acompañan se aferren a consignas obsoletas, algunas de origen decimonónico, que reflejan la nostalgia que sienten por esquemas desactualizados. Asimismo, no es ningún secreto que a muchos defensores de la Ley de Medios kirchnerista les interesa menos el futuro de las comunicaciones en el país que la voluntad del gobierno anterior de desguazar el Grupo Clarín que, conforme a la retórica militante de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus simpatizantes, es el gran enemigo del proyecto “nacional y popular”. De no haber sido por la hostilidad visceral que los Kirchner sentían hacia el multimedios luego del conflicto con el campo, no hubieran pensado en impulsar una ley con el propósito de quebrarlo y, mientras tanto, enviar a otras empresas periodísticas un mensaje poco amistoso para que se abstuvieran de denunciar la corrupción en las filas oficialistas. Si bien los kirchneristas no lograron amordazar a los medios más influyentes, los debilitaron tanto económicamente que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, pudo afirmar que “hoy se termina la guerra del Estado contra el periodismo”. Además de las restricciones supuestas por la Ley de Medios, los periódicos no alineados con el kirchnerismo se vieron privados de ingresos publicitarios por un gobierno que no vaciló en subsidiar a los considerados ideológicamente afines con la esperanza de que, andando el tiempo, consiguieran desplazar a los “monopolios” tradicionales. Aunque el gobierno kirchnerista fracasó en el intento de crear un imperio periodístico propio, ya que, para desconcierto de los estrategas oficialistas, el grueso del público elector no compró los diarios y revistas subsidiados con el dinero aportado por los contribuyentes, mientras que programas televisivos opositores resultaron ser mucho más populares que los “militantes”, al periodismo nacional le será difícil recuperarse de los males provocados por más de una década de autoritarismo politizado. Mucho dependerá de la voluntad de los macristas de cumplir la promesa de desistir de intervenir en el mundo mediático a favor de quienes comparten sus opiniones y en contra de aquellos que, por las razones que fueran, piensan distinto.


Puede que la forma elegida por el presidente Mauricio Macri para procurar archivar la Ley de Medios kirchnerista, lo que hizo con otro decreto de necesidad y urgencia, no fuera la más elegante, pero tuvo buenos motivos para querer actuar con rapidez. Son tan vertiginosos los cambios que están produciéndose en el ámbito de las comunicaciones electrónicas que la ley de 2009 que pretendía mantener separadas las diversas formas de difundir información ya quedaba irremediablemente anticuada. Como muchos han señalado, en el resto del mundo la convergencia digital avanza a gran velocidad, de suerte que procurar frenarla aquí sólo serviría para consolidar el subdesarrollo de un sector fundamental que, como tantos otros, necesita inversiones importantes. Reglas destinadas a disciplinar a las empresas locales les impedirían prosperar en un mercado dominado por gigantes multinacionales por lo común nuevos, como Google y Facebook, de alcance mundial, que no tienen por qué respetar las fronteras de los distintos países. Parecería que no lo entendían muchos que confiaban en que, al debilitar a las empresas más fuertes, en especial el Grupo Clarín, la Ley de Medios de 2009 desataría un estallido de pluralismo al surgir decenas, cuando no centenares, de entidades pequeñas interesadas en difundir su propia “verdad”, de tal modo contribuyendo a asegurar la democratización comunicacional. Hasta ahora, los resultados de los esfuerzos en tal sentido han sido decididamente pobres. También ha sido negativo el impacto de la política kirchnerista en todo lo relacionado con las conexiones electrónicas, ya que en los años últimos se ha agravado tanto nuestro atraso en la materia que, en zonas extensas del interior, hablar de temas como el llamado “cuádruple play” suena futurístico porque los habitantes están más acostumbrados a verse incomunicados que a poder acceder a la variedad de alternativas ya disponibles en los países más desarrollados. No es fácil legislar cuando todo está cambiando a un ritmo tan febril que pocos meses transcurren sin una novedad tecnológica imprevista. Es por lo tanto comprensible que muchos políticos y los militantes que los acompañan se aferren a consignas obsoletas, algunas de origen decimonónico, que reflejan la nostalgia que sienten por esquemas desactualizados. Asimismo, no es ningún secreto que a muchos defensores de la Ley de Medios kirchnerista les interesa menos el futuro de las comunicaciones en el país que la voluntad del gobierno anterior de desguazar el Grupo Clarín que, conforme a la retórica militante de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus simpatizantes, es el gran enemigo del proyecto “nacional y popular”. De no haber sido por la hostilidad visceral que los Kirchner sentían hacia el multimedios luego del conflicto con el campo, no hubieran pensado en impulsar una ley con el propósito de quebrarlo y, mientras tanto, enviar a otras empresas periodísticas un mensaje poco amistoso para que se abstuvieran de denunciar la corrupción en las filas oficialistas. Si bien los kirchneristas no lograron amordazar a los medios más influyentes, los debilitaron tanto económicamente que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, pudo afirmar que “hoy se termina la guerra del Estado contra el periodismo”. Además de las restricciones supuestas por la Ley de Medios, los periódicos no alineados con el kirchnerismo se vieron privados de ingresos publicitarios por un gobierno que no vaciló en subsidiar a los considerados ideológicamente afines con la esperanza de que, andando el tiempo, consiguieran desplazar a los “monopolios” tradicionales. Aunque el gobierno kirchnerista fracasó en el intento de crear un imperio periodístico propio, ya que, para desconcierto de los estrategas oficialistas, el grueso del público elector no compró los diarios y revistas subsidiados con el dinero aportado por los contribuyentes, mientras que programas televisivos opositores resultaron ser mucho más populares que los “militantes”, al periodismo nacional le será difícil recuperarse de los males provocados por más de una década de autoritarismo politizado. Mucho dependerá de la voluntad de los macristas de cumplir la promesa de desistir de intervenir en el mundo mediático a favor de quienes comparten sus opiniones y en contra de aquellos que, por las razones que fueran, piensan distinto.

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