Carosio no declaró por el pago de más a un abogado viedmense

Administración fraudulenta es lo que se le imputa al fiscal de Estado rionegrino, Alberto Carosio, en la causa que se sigue por el pago de unos dos millones de más a un abogado de Viedma que defendía a policías que litigaron contra el Estado. No se presentó a declarar.

VIEDMA (AV)- El Fiscal de Estado de Río Negro, Alberto Carosio, no se presentó a declarar a la indagatoria por el presunto pago de más que el Estado efectuó al abogado viedmense Juan José Zalesky. El letrado tramitó juicios de policías contra la provincia por la devolución de aportes y en calidad de honorarios se le habrían liquidado unos dos millones de pesos más de lo que le correspondía.

Ese pago con la diferencia millonaria fue autorizado por la Fiscalía de Estado de la provincia y por esa falta de control que perjudicó al Estado están imputados en esta investigación Sandra Bombardieri, quien era jefa del área legal y el propio Fiscal Carosio como máximo responsable de este organismo, cuya tarea es controlar y defender los intereses de la provincia.

En su calidad de jefa de departamento Bombardieri había apartado al resto de los letrados quedando sola al frente de este expediente de los policías, es decir, que fue la encargada de elaborar la liquidación y controlarla pero también tuvo en esto responsabilidad de control Carosio, quien firmó la autorización final. «Administración fraudulenta» es el delito que se les imputa a ambos por no controlar el pago en cuestión.

Bombardieri se presentó ante el juez penal subrogante Alejandro Moldes y declaró en calidad de indagada por dos imputaciones que se le adjudican: por esa falta de control de aquella liquidación posibilitando que la provincia pagara demás y por haber demorado un trámite a un grupo de empleados presuntamente por priorizar el pago de honorarios de uno anterior de esas mismas personas.

En su declaración, Bombardieri sostuvo que al momento de los hechos tenía a cargo la comunicación y atención permanente de las delegaciones de Fiscalía de Estado y las demandas de toda la provincia, amparos, mandamus, etc, «una tarea que tenía un efecto multiplicador en la que era más lo nuevo que se sumaba que las causas que terminaban».

En ese marco calificó como «un dislate» pretender que revisara 6.000 o 7.000 liquidaciones, aunque señaló que tampoco le estaba impuesto hacerlo. Detalló que en la Fiscalía sólo una persona estaba capacitada para realizar esa tarea y admitió que no se revisaban todas las liquidaciones porque para ello se debería haber contratado personal, decisión que no le correspondía sino que era competencia del Fiscal o funcionarios del organismo, aclarando que ella era empleada de planta.

También declaró que había una urgencia en la decisión política, teniendo en cuenta que a los empleados hacía ocho años que se les descontaba en el marco de la Ley 2.990.


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