Lo personal es político: la decisión de construir el Río Negro de los próximos 100 años

Las grandes inversiones pueden consolidar desigualdades preexistentes o convertirse en una oportunidad histórica para ampliar derechos. Esa es la decisión política.

Por María Martha Avilez (*)

. (Foto: archivo).

Hace poco más de un año escribí una columna titulada “Lo personal es político: cómo las decisiones públicas transforman la vida cotidiana”. En ese texto planteaba que las políticas públicas no son abstracciones ni meros actos administrativos: son decisiones que ordenan oportunidades, distribuyen posibilidades y, muchas veces, corrigen desigualdades históricas. Pero también sostenía algo más profundo: que aquello que durante mucho tiempo fue relegado al ámbito “privado” —el trabajo de cuidado, la autonomía económica, la organización del tiempo en la vida de las mujeres— es, en realidad, profundamente político. Que cuando el Estado actúa —o cuando no actúa— interviene directamente en esa frontera histórica entre lo público y lo privado, y define quiénes pueden proyectar un futuro con mayor libertad y quiénes siguen cargando con desigualdades estructurales.

Hoy, en el marco del 8 de marzo, vuelvo sobre esa idea con mayor profundidad. Porque si lo personal es político, entonces lo político no puede ser indiferente.

El feminismo nos enseñó que aquello que parecía privado —la desigual distribución del cuidado, las barreras para acceder a determinados empleos, los techos invisibles que limitan trayectorias— era estructural. Y las estructuras no cambian solas: cambian cuando hay decisión política.

Las cifras de Naciones Unidas siguen siendo claras: menos de la mitad de las mujeres en edad de trabajar participan activamente en el mercado laboral. Millones sostienen tareas de cuidado no remuneradas. El llamado “techo de cristal” continúa limitando el acceso a espacios de liderazgo y decisión.

Esos datos no son abstractos. Tienen rostro.

Tienen el rostro de una mujer que duda si será aceptada en un oficio históricamente masculinizado.

De una trabajadora que necesita garantías frente a situaciones de violencia o acoso.

De una joven que busca autonomía económica para decidir su propio proyecto de vida.

Ahí es donde el Estado debe asumir su rol con claridad.

En Río Negro decidimos que la perspectiva de género no fuera una declaración simbólica, sino un criterio efectivo de gestión. En el marco de proyectos estratégicos,  promovimos la incorporación de mujeres en sectores tradicionalmente masculinizados. Hoy más de 200 mujeres forman parte de esos nuevos procesos productivos.

De ello, tres conquistas: Cada una de esas mujeres representa una barrera que empieza a ceder. Cada incorporación modifica una cultura. Cada oportunidad amplía un horizonte.

También fortalecimos la institucionalidad con la Resolución Nº 3.988, que establece el Protocolo de Actuación para Casos de Violencia y Acoso en el Trabajo con Perspectiva de Género,  declarado de interés por la Legislatura provincial. A partir de allí, definimos cómo debe actuar el Estado cuando la dignidad de una persona trabajadora es vulnerada.

Porque entendimos que  la violencia laboral no es un problema privado: Es una cuestión pública. Y como tal, exige intervención pública.

Por otra parte, vuelvo a repensar-nos, desde el rol de funcionarios como servidores públicos: Ser gestores públicos implica una inmensa responsabilidad. Cada política puede ampliar derechos o bien, consolidar desigualdades. Cada decisión puede abrir caminos o perpetuar barreras. De allí que nuestra misión, desde cada lugar en el que nos toca gestionar, implica una enorme oportunidad histórica.

La oportunidad de incidir estructuralmente. De consolidar igualdad en sectores estratégicos.

De garantizar entornos laborales seguros.

De demostrar que el desarrollo productivo y la justicia social no son agendas separadas, sino el mismo proyecto de provincia.

Los desafíos persisten. Las brechas no desaparecen por inercia. Requieren continuidad, firmeza y convicción.

Como expresó Angela Davis —filósofa, académica y referente histórica del feminismo y del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, cuya trayectoria estuvo marcada por la defensa de la igualdad racial, de género y de clase, y por la convicción de que las transformaciones estructurales requieren decisión política y organización colectiva—:

“No acepto las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar.”

Esa frase resume la tarea de nuestro tiempo.

No aceptar desigualdades como destino.

No aceptar techos como límite.

No aceptar la violencia como normalidad.

Hace algunos meses, recorríamos una de las instancias de certificación de saberes que estábamos llevando adelante con el IERIC en Valle Medio. En uno de esos días pudimos conocer a Macarena, vecina de la ciudad de Choele Choel.   Se había inscripto para certificar y seguir profundizando sus conocimientos en albañilería. Mientras conversábamos, que estaba en el proceso de construir con sus manos su casa, y que estas nuevas herramientas la ayudarían a cumplir con esa meta tan importante para ella. No lo dijo desde la épica, sino desde la serenidad de quien sabe que logró algo que durante mucho tiempo le dijeron que no era para ella.

 Macarena,  no sólo levantó paredes. Levantó autonomía.

Levantó dignidad.

Levantó futuro.

Ese momento volvió a confirmarme algo que sostengo desde el primer día de gestión: cuando el Estado reconoce saberes, certifica competencias y abre oportunidades en oficios históricamente masculinizados, no está otorgando un beneficio. Está removiendo barreras estructurales.

Ahí es donde lo personal vuelve a ser profundamente político.

Porque la historia de Macarena no es una anécdota individual, es la expresión concreta de una política pública que decide intervenir en esa frontera histórica entre lo público y lo privado. Es el resultado de comprender que la autonomía económica transforma trayectorias familiares enteras y modifica las expectativas de las próximas generaciones.

Cuando el gobernador habló en la apertura de sesiones del  Río Negro de los próximos 100 años, pensé en eso. Y lo hizo en un contexto inédito para nuestra provincia. La puesta en marcha de proyectos estratégicos como Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y el desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL) en el Golfo San Matías están redefiniendo nuestra matriz productiva y posicionando a Río Negro en el centro del mapa energético nacional e internacional.

Estamos frente a una etapa de grandes inversiones, de infraestructura estratégica y de generación de empleo directo e indirecto en la construcción, la logística, los servicios portuarios, la metalmecánica y las actividades complementarias que se desprenden de estos desarrollos.

Pero claro,  ese proceso no es neutro.

Las grandes inversiones pueden consolidar desigualdades preexistentes o pueden convertirse en una oportunidad histórica para ampliación de derechos.

Esa es la decisión política.

Por eso sostengo que el Río Negro de los próximos 100 años no se construye únicamente con ductos, plantas o terminales. Se construye definiendo quiénes participan de ese crecimiento.

Se construye cuando las mujeres ingresan a sectores energéticos históricamente masculinizados.

Se construye cuando la formación profesional anticipa la demanda futura de estos proyectos.

Se construye cuando el Estado garantiza contratación de mano de obra local, condiciones de seguridad y protocolos frente a la violencia en cada nuevo espacio productivo.

Se construye cuando el desarrollo energético viene acompañado de igualdad estructural.

Se construye cuando una mujer como Macarena puede decir, con naturalidad, que construyó su propia casa.

Ese es el verdadero cambio estructural.

Porque el desarrollo productivo sin igualdad reproduce brechas.

Pero el desarrollo con igualdad transforma la matriz social.

El Río Negro que proyectamos para los próximos 100 años empieza a definirse hoy, en cada política que diseñamos y sostenemos con convicción. Empieza en cada decisión que amplía derechos y consolida autonomía.

La igualdad no es un gesto simbólico. Es la base sobre la que se construye el desarrollo real.

Porque una provincia no se transforma solo con inversiones. Se transforma ampliando quiénes pueden ser parte de ese futuro.

Los próximos 100 años no se heredan.

Se deciden.

Y las decisiones que tomamos hoy ya están escribiendo ese Río Negro que viene.

(*) Secretaria de Trabajo de la Provincia de Río Negro.-


. (Foto: archivo).

Hace poco más de un año escribí una columna titulada “Lo personal es político: cómo las decisiones públicas transforman la vida cotidiana”. En ese texto planteaba que las políticas públicas no son abstracciones ni meros actos administrativos: son decisiones que ordenan oportunidades, distribuyen posibilidades y, muchas veces, corrigen desigualdades históricas. Pero también sostenía algo más profundo: que aquello que durante mucho tiempo fue relegado al ámbito “privado” —el trabajo de cuidado, la autonomía económica, la organización del tiempo en la vida de las mujeres— es, en realidad, profundamente político. Que cuando el Estado actúa —o cuando no actúa— interviene directamente en esa frontera histórica entre lo público y lo privado, y define quiénes pueden proyectar un futuro con mayor libertad y quiénes siguen cargando con desigualdades estructurales.

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