Caso Aigo: Fernández pidió ampliar indagatoria

SAN MARTÍN Y JUNÍN DE LOS ANDES (ASM).- En una decisión que sorprendió a más de un habitual caminante de los pasillos de tribunales en la Cuarta Circunscripción, pidieron ampliación de indagatoria Marcos Fernández y Analía Godoy, imputados por falso testimonio y encubrimiento agravado en el crimen del policía José Aigo, por el que están prófugos los ciudadanos chilenos Salazar Oporto y Cortés Torres. El juez Andrés Luchino ya puso fecha a esa audiencia, que será el próximo seis de agosto. Pero según trascendió, la querella que ejerce Graciela Soto, viuda del policía asesinado el siete de marzo del 2012 en el paraje Pilolil, también pidió nuevas testimoniales y diligencias, a pesar de que la Fiscalía ya había dado por cerrada la etapa de instrucción en sintonía con la opinión del propio juez. El magistrado deberá definir la pertinencia de los planteos de los abogados de la querella, todo lo cual de seguro obligará a correr los plazos para el pedido de elevación a juicio a la Cámara Multifueros con asiento en San Martín de los Andes. Según se supo, la defensa de Marcos Fernández y Analía Godoy solicitó la ampliación de las respectivas indagatorias, aunque en los hechos ambos se habían negado a declarar una vez que fueron imputados, acogiéndose a su derecho en ese sentido. Fuentes tribunalicias no descartan que el próximo seis de agosto, la pareja pudiera presentar una declaración por escrito, negándose a responder preguntas en el acto procesal. Como se apuntó, estas acciones contradicen el criterio asumido por el fiscal Manuel González, quien ya había solicitado al juez la elevación a la Cámara Multifueros de San Martín, por la presunción del falso testimonio y encubrimiento calificado para Fernández y su compañera Godoy. Marcos Fernández es hijo del intendente de San Martín de los Andes y era el propietario y conductor de la camioneta en la que se desplazaban Salazar Oporto y Cortés Torres. Salazar Oporto, bajo identidad apócrifa, era vecino de Fernández y Godoy en la zona de Mallín Ahogado, provincia de Río Negro. En principio, la pareja dijo tener sólo una relación de proximidad vecinal con el chileno, quien a la postre resultó ser prófugo de la Justicia en su país por incidentes con carabineros. Salazar Oporto y Cortés Torres son sindicados como miembros de una organización política clandestina surgida en su país y que reivindica la lucha armada. El asesinato a tiros del sargento de la Brigada Rural de Junín de los Andes se produjo durante un operativo rutinario de tránsito sobre la Ruta 23, a la altura del paraje Pilolil. Junto con el oficial Pedro Guerrero, Aigo detuvo la camioneta de Fernández y solicitó la documentación del vehículo y de sus ocupantes, cuando Salazar Oporto extrajo un arma y descerrajó dos disparos, uno de los cuales resultó fatal. Fernández no se resistió a la detención policial, pero los ciudadanos chilenos se dieron a la fuga y desde entonces permanecen evadidos de la Justicia. La organización armada que reivindica la pertenencia de Salazar Oporto dio a entender en su página web que ambos chilenos abandonaron el país.