Centenario volverá a pagarles sueldo a 10 imputados

CENTENARIO (ACE y AN)- Una decena de funcionarios municipales, suspendidos desde hace un año por estar involucrados en el escándalo de los subsidios, volverán a cobrar sus sueldos porque así lo votó ayer el Concejo Deliberante. El presidente del cuerpo, Antonio Fasani, lo justificó diciendo que es «una cuestión humanitaria».

En la última sesión del año, el Concejo Deliberante aprobó los expedientes más conflictivos del último período, incluida una reestructuración presupuestaria que convalidó la quita de más de 1,8 millones de pesos a Obras Públicas, que se gastaron en otros rubros.

La sesión se llevó a cabo en una permanente polémica que rozó el escándalo cuando Fasani pretendió «apurar» la aprobación de expedientes que no contaban con informes técnicos y que aún no habían finalizado su tratamiento en comisión, o eran objetados por la falencia de documentación.

Según versiones extraoficiales, el apuro del oficialismo fue para «sacarle de encima» a la próxima gestión del intendente Adrián Cerda, los expedientes más polémicos.

Lo más escandaloso resultó ser la restitución de los sueldos a una decena de funcionarios suspendidos en noviembre del año pasado porque están imputados en el escándalo de los subsidios, que le costó el puesto al anterior intendente, Luis Castillo.

Desde aquella época, los funcionarios -que además son empleados municipales de planta- estaban suspendidos con retención de haberes y venían reclamando que les restituyan el salario. Como la causa judicial no avanza, ayer lograron que el Concejo Deliberante les devolviera el sueldo. Lo que no quedó claro es si podrán reclamar el pago de los meses que no cobraron.

«Lo que hemos analizado es que se le comience a pagar los haberes básicamente por una cuestión humanitaria de mantener el sustento familiar», argumentó Fasani.

La directiva de volverle a pagar los salarios alcanzará a unos 10 imputados: Roberto Contreras, Patricia Gutiérrez, Graciela Pérez, Elvira Ascolese, Emilio Cimolai, Néstor Larrazábal, Elsa Lobos, Samuel Bustos, Mario Recchioni y Carlos Iribarren. Todos están im

putados por la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública, que considera que en Centenario se cometió «un virtual saqueo de los fondos públicos» perpetrado por una banda de funcionarios políticos y punteros-piqueteros-desocupados liderada por Héctor «Zapallito» Molina. Esa causa marcha a paso lento en el juzgado 4, sin juez ni secretario titular.

Por otra parte, y sin que hubiera aún ingresado el presupuesto 2004, el MPN con la adhesión de la concejal peronista Miriam Azpiarzo, aprobó una reducción de 1.838.000 pesos de la partida de Obras Públicas del 2003, que se gastaron en cortesías y homenajes, combustible, útiles, gastos judiciales, honorarios y retribuciones a terceros y ayuda social directa.

Corresponde a dinero que no se utilizó en obras de saneamiento (777.000 pesos), alumbrado (200.000 pesos), equipamiento municipal (65.000 pesos), obras de agua (120.000 pesos), obras viales (200.000 pesos), espacios públicos (200.000 pesos) o becas entre otros ítems, para lo cual había previsto unos 12.000 pesos anuales.

Las únicas voces en contra fueron las del concejal Alberto Dalla Villa (PJ) y la edil María Maldonado (Frente Grande), quienes reiteraron su malestar por los errores inclusive formales de cómputos y de ítems que el MPN aprobó sin objeciones en los números que envió Cerda.