Colombia: cuando se gobierna desde una torre de marfil

María Jimena Duzán *


En lugar de leer al país que sale a protestar, Duque decidió volver a las viejas formas que por años han estigmatizado la protesta social.


El pasado 2 de mayo, el presidente de Colombia, Iván Duque, le pidió al Congreso retirar una reforma tributaria que claramente había prendido la mecha de la indignación en Colombia, habiendo enviado, desde el 28 de abril, a miles de colombianos a las calles en un paro nacional que se ha mantenido constante desde entonces. El proyecto, que pretendía recaudar más de 23 billones de pesos colombianos (aproximadamente 6,000 millones de dólares), afectaba sobre todo a las capas medias y populares, mientras que mantenía los privilegios de los que más tenían por medio de generosas exenciones.

La reforma tributaria parecía hecha desde una burbuja, en total desconexión con la realidad que viven las poblaciones más necesitadas, demostrando así su clara falta de empatía.

El economista colombiano Salomón Kalmanovitz, quien fue miembro de la junta directiva del Banco de la República, calificó las propuestas de la reforma como “medidas injustas” porque golpeaba el consumo de las clases menos favorecidas y les creaba nuevos impuestos al transporte y a los servicios públicos mientras que mantenía la feria de exenciones a los sectores de lujo, a los hoteleros y las empresas que tienen zonas francas. En la reforma tributaria de 2019, hecha en el primer año de Duque, estas exenciones llegaron a la cifra de nueve billones de pesos.

Catorce días después de haberse radicado la reforma, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) presentó un informe en el que se presentaba cómo la pandemia hizo subir la pobreza de 35.7% en 2019 a 42.5% en 2020. Según el director de la entidad, Juan Daniel Oviedo, eso implica que casi 3.6 millones de personas entraron el año pasado a la línea de pobreza. Oviedo también reveló, a mediados del año pasado, que de julio de 2019 a julio de 2020, 1.6 millones de familias ya no podían comer tres veces al día sino dos. Además, según el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad salarial­ -va de 0 a 1, cuanto más alto el número, más desigualdad hay- esta pasó de 0.505 en 2019 a 0.537 en 2020.

Tampoco ayudó que el entonces ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, gestor de la criatura, hubiera dicho en una entrevista con la revista Semana, en la que defendía el impuesto al pollo y a los huevos, que el precio de una caja de 12 huevos era 1,800 pesos (una docena de huevos puede valer aproximadamente cuatro veces ese monto). Esto afianzó aún más la percepción de que este gobierno estaba haciendo una reforma tributaria a espaldas de los más necesitados.

A la arrogancia del poder y a la falta de empatía habría que sumarle la incapacidad de pasar la página del presidente Duque y aceptar que el país de hoy no se puede entender mediante el dogma uribista que considera que la protesta social es el brazo armado de la subversión. En lugar de leer al país que sale a protestar, Duque decidió volver a las viejas formas que por años han estigmatizado la protesta social e intentó minimizar las marchas agrandando los hechos vandálicos que desafortunadamente se produjeron. Su ministro de Defensa, Diego Molano, dijo en conferencia de prensa que las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de “Gentil Duarte” estaban detrás de las protestas en Cali, como si este país fuera el mismo de hace 10 años.

Para el sábado 1 de mayo, Duque había ordenado militarizar el país, decisión que fue criticada hasta por los alcaldes de varias de las ciudades más importantes. La orden la dio Duque luego de que el expresidente y su mentor, Álvaro Uribe, lanzara un tuit que fue retirado por Twitter porque incitaba a la violencia y en el que invitaba a “apoyar el derecho de los policías y militares de utilizar sus armas en defensa propia contra la acción criminal del terrorismo vandálico”. Bajo esas mismas premisas, en Colombia, miembros de las fuerzas armadas han incurrido en lo que hoy llamamos falsos positivos pero que en realidad fueron ejecuciones extrajudiciales.

Así el presidente Duque intente minimizar la protesta social, la realidad es que la gente en Colombia salió a marchar pese a que, de acuerdo con datos de Reuters, solo se ha llegado a vacunar a poco más de 5% de la población, y el país es el segundo con mayor cantidad de muertes diarias en la región.

Para apagar semejante polvorín que él mismo provocó, Duque va a necesitar algo más que una reculada hecha de manera tardía. Sobre todo porque la reculada se produce luego de unas jornadas de protesta que dejan, según la ONG Temblores, 31 muertes a manos de la policía, 1,443 casos de violencia policial y 814 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes.

Las calles hoy no solo son el escenario de la protesta social sino de la represión de un presidente que parece no entender por qué, una y otra vez, las y los colombianos salen a las calles. Con su falta de empatía y su soberbia, Duque prendió un polvorín que ahora pretende apagar a la fuerza desde su torre de marfil.

* Periodista. Servicio The Washington Post


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