Corrupción de menores: nuevo expediente por responsabilidad funcional
Investigan roles e irregularidades en Desarrollo Social.
VIEDMA
VIEDMA (AV).- La responsabilidad de los funcionarios al frente de organismos que deben contener y proteger a los menores de edad en situación de vulnerabilidad social es también motivo de investigación judicial, en el marco de los presuntos hechos de corrupción de menores en esta capital. Las estrategias de contención y los programas en marcha con esos fines forman parte de esta nueva causa, que es un desmembramiento de la original, mientras la Justicia espera los informes requeridos al ministro de Desarrollo Social, Ricardo Arroyo.
Esta investigación se inició luego de que la Justicia Federal archivara por falta de pruebas una denuncia por presunta trata de personas y enviara copias de lo actuado a la justicia provincial “ante la posibilidad de una situación de desamparo o de incumplimientos funcionales”, según se señaló desde el fuero federal. El tema fue derivado al fiscal de Viedma Hernán Trejo, quien incluyó en el mismo expediente una denuncia formulada por una defensora de menores de Cipolletti ante la derivación, dispuesta por Desarrollo Social y sin orden judicial, de una menor de edad de Viedma a aquella localidad valletana.
Los motivos de ese traslado de principios de año habrían sido problemáticas de adicciones y prostitución infantil, generando de parte de la jovencita situaciones de agresiones y la intervención de defensores de menores que presentaron una denuncia penal por presunta “privación ilegítima de la libertad” frente a un traslado en el que no intervino un juez.
La respuesta del Ministerio de Desarrollo Social ante la situación de vulnerabilidad fue retirar la niña a su madre y enviarla a un lugar de menores en Cipolletti, con la consecuente presentación judicial de la defensora de menores.
La Justicia trata ahora de determinar si existe, o no, una estructura de contención ante situaciones de corrupción, prostitución o incluso fuga de menores de las instituciones que deben ofrecerles protección. La mirada está puesta en los funcionarios de conducción que disponen la distribución de presupuestos para distintos programas de Desarrollo Social.
Por otra parte, el próximo lunes, el fiscal Trejo recibirá a representantes de los Vecinos Autoconvocados, quienes requirieron información sobre esta nueva investigación.
El miércoles hizo lo propio el fiscal Juan Pedro Puntel, en el marco de la causa por hechos de presunta corrupción de menores y facilitación a la prostitución. En aquella oportunidad el agente fiscal les informó sobre las actuaciones que lleva adelante y respondió a las inquietudes presentadas por los vecinos. No obstante, mantuvo en resguardo y secreto datos tales como circunstancias, lugares, personas involucradas y otros detalles de la investigación, según difundieron los vecinos. Al retirarse, los voceros del grupo consideraron que el encuentro fue “clarificador” respecto de la cantidad de causas existentes, el estado de avance de cada una, las medidas instrumentadas para proteger a las víctimas y el rol que compete a cada organismo.
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