Corrupción institucionalizada

Al condenar a los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, al empresario Claudio Cirigliano y otros a eventuales penas de prisión –ya que podrán apelar el fallo–, por haber compartido responsabilidades en el desastre ferroviario de Once del 22 de febrero de 2012 en el que murieron más de cincuenta personas y casi ochocientas fueron heridas, el Tribunal Oral asestó un golpe muy fuerte contra una modalidad política corrupta que ha perjudicado enormemente al país. No se trataba de una inventada por el kirchnerismo, ya que casi todos los gobiernos anteriores habían incluido en sus filas a personajes resueltos a enriquecerse, de suerte que no era demasiado sorprendente que diversos integrantes de los equipos formados por los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner entendieran que el Estado les serviría como una fuente de botín, pero sí lo era la desfachatez con la que operarían. Huelga decir que, como es habitual en el mundo de los corruptos, para ellos la eficiencia administrativa era lo de menos ya que les interesaba mucho más su propia relación con empresarios de mentalidad parecida que los ayudarían a aprovechar el poder político para conseguir mucho dinero. Es lo que sucedió. Como el Tribunal Oral y Federal Nº 2 acaba de confirmar, los encargados de controlar el funcionamiento del raquítico sistema ferroviario del país pactaron con concesionarios que, como habían previsto, desviarían el torrente de dinero en subsidios que recibían las empresas hacia sus propios bolsillos y hacia los de sus cómplices sin pensar en procurar mejor los servicios que prestaban. Aunque el estado escandaloso de los trenes motivaba protestas, tuvo que ocurrir una tragedia –para muchos previsible– tan terrible como la de Once para que sectores ciudadanos influyentes se dieran cuenta de las dimensiones de la estafa. Además de condenar a los protagonistas del saqueo del sistema ferroviario, el Tribunal Oral pidió que se investigara el papel del exministro de Planificación, Julio De Vido. Por tratarse del jefe formal de Schiavi y Jaime, De Vido debió haberse encontrado entre los formalmente acusados, ya que es inconcebible que nunca se enterara de lo que hacían sus subordinados, pero parecería que “el cajero”, como muchos lo llamaban, era considerado tan poderoso que a juicio de ciertos jueces y fiscales sería mejor no incomodarlo. Sea como fuere, mucho ha cambiado en las semanas últimas. Entre otras cosas, De Vido ha dejado de ser un intocable y todo hace pensar que él también tendrá que rendir cuentas ante la Justicia por el rol que durante más de doce años desempeñó en el orden sumamente corrupto que instaló el gobierno kirchnerista. En tal caso, la expresidenta tendría más motivos para preocuparse. De llegar los tribunales a la conclusión de que no exageraban aquellos que acusaban al gobierno que encabezó de actuar como una “asociación ilícita”, no le sería nada fácil frenar las muchas investigaciones impulsadas por quienes creen que, en el transcurso de su gestión prolongada, se las arregló para apropiarse de una cantidad impresionante de dinero público. Todos saben que la corrupción es endémica en la Argentina y que abundan los políticos que han logrado adquirir fortunas envidiables por medios misteriosos, pero que, aparte de algunos “emblemáticos”, muy pocos terminan en la cárcel. Así las cosas, muchos están preguntándose si el fallo del Tribunal Oral significa el inicio de un esfuerzo auténtico por combatir un mal que tanto ha contribuido a la depauperación de millones de personas y, en desastres atribuibles a la desidia de funcionarios corruptos y de sus cómplices del sector privado, a la muerte de miles, o sólo de un episodio aislado destinado a apaciguar a quienes reclamaban justicia. Las dudas que tantos sienten pueden comprenderse; de ponerse en marcha un operativo “manos limpias”, al país le aguardaría una etapa de conflictos políticos muy virulentos que tendrían muchas repercusiones imprevistas. Sin embargo, por ser la alternativa resignarse a que haya más catástrofes no sólo ferroviarias y viales, sino también sanitarias y “naturales” agravadas por la falta de inversiones en obras de infraestructura, es de esperar que, por fin, la Justicia se movilice para que los corruptos más notorios y más poderosos terminen entre rejas.