Cuadro de delitos y números

https://www.rionegro.com.ar/cuadro-de-delitos-y-numeros-LPRN_1331708/

AdriÁn pecollo adrianpecollo@rionegro.com.ar

La elección de hoy cerrará y abrirá fronteras políticas. En cambio, el Estado rionegrino ya tiene impuesto confines financieros. Río Negro requirió un crédito de 250 millones al Banco Patagonia y es la muestra que se cruzaron los límites. Los expedientes por pagar acumulados constituyen otra prueba. Esa incidencia financiera aún, por lo menos, no se erigió en un problema público. Esa atención está en otros asuntos estatales. En Bariloche, el gobernador Alberto Weretilneck desplegó –con pocos reparos– el registro policial de una veintena de personas con causas penales. Advirtió que allí radica parte del delito de esa ciudad. Logró su objetivo: mostrarse preocupado ante la ciudadanía, a pesar de que su eficacia se desconoce. Blanqueó el nombre de uno de ellos que cinco días después asaltó y baleó a un sacerdote. Hay que “hacer visible” a quienes actúan y viven del delito, planteó el gobernador en el hotel Inacayal en una reunión de sus funcionarios con el gabinete municipal, encabezado por la intendenta Eugenia Martini. Volvió una semana después a Bariloche con el mapeo de los delitos y las bandas, con la identificación de los imputados. Se excedió más aún cuando incluyó a un policía retirado con seis causas cuando registra un expediente por “amenaza” a otra persona. Recién después de aquella exhibición, el gobierno llevó su trabajo al STJ y solicitó celeridad para disponer de una “resolución final” de los imputados identificados. Ese tribunal ya requirió información a los juzgados de Bariloche. La estrategia gubernamental se encamina al juez Martín Lozada. “Averigüen cuántos allanamientos permitió. Poco y nada”, repiten. El magistrado respondió: aceptó un hábeas corpus y le ordenó a la Jefatura policial que retire de sus registros el nombre de un joven identificado. Pero nada parece lineal. El inscripto no sería el muchacho que recurrió a Lozada sino un homónimo y pariente directo, aunque éste estaría detenido desde hace meses, a pesar de que se lo consignó en libertad. Una sucesión de yerros. Poco importa a Weretilneck. Valora que mostró el mundo delictual y repartió culpas. Descargó responsabilidades en la Justicia por la mora de las causas y en el municipio por la pasividad frente a los lugares de venta de alcohol. Poco más resolvió la Provincia en esa ofensiva. Prevé instalar una sede especial de Seguridad a cargo del subsecretario Daniel Badie, mientras en Desarrollo Social y Salud se reacomodan a los nuevos parámetros. En definitiva, el gobernador sinceró su pensamiento, inclinado a la clara división entre “delincuentes” e “inocentes” por encima de cualquier otra valoración de componentes y atenuantes sociales. Esa revelación incomodó a gran parte de los suyos. La resistencia es reducida. La secretaria de Seguridad, Marta Arriola, expuso su desacuerdo y no se integró a la comitiva que fue a Bariloche para develar “el mapa del delito”. Fue eso. Su par de Derechos Humanos, Néstor Busso, se quejó en privado y, luego, quedó desairado porque su postura crítica nunca se hizo oficial y pública, más allá de sus declaraciones en las que insistía en la difusión de un comunicado que nunca llegó. Ambos secretarios ya no están en la marcha de Weretilneck, a pesar de que continúen en su equipo. Muchos funcionarios –como los ministros Ernesto Paillalef y Fernando Vaca Narvaja– ya adecuaron sus relatos. Otros históricos actores en la defensa de los derechos humanos optaron por un silencio absoluto, como ocurrió con los legisladores; entre ellos, la presidenta de esa comisión parlamentaria, la barilochense Beatriz Contreras. El poder siempre disciplina. Además, los involucrados detectaron que Weretilneck sólo saldrá para adelante en esta cuestión. Un reciente muestreo confirma ese andar. Eco Consultores entregó el resultado de un relevamiento pedido. Seis de cada diez barilochenses avalaron la difusión de la lista, aunque casi igual proporción consideró que no servirá para bajar “la inseguridad”. Ese debate delictivo siguió esta semana agitando al oficialismo. Hubo otras conmociones internas, producto del requerimiento y procesamiento del juez de Viedma, Favio Igoldi, al exvocal del STJ, Víctor Sodero Nievas. Ese magistrado atemorizó al poder en 48 días. Ese plazo le bastó para indagar y procesar a exministros y exsecretarios, incluso a un exgobernador (Miguel Saiz) y un expresidente del STJ (Sodero). Hay estremecimiento y preocupación general. También existen las teorías conspirativas más fantásticas que, aun su extravagancia, originarán sofocones internos en el oficialismo. Más real, Río Negro recurrió a un crédito privado por “desequilibrios” para cerrar el 2013. Las finanzas no estarán mejor ni peor con ese préstamo de 250 millones. Sólo valdrá para cubrir urgencias y, también, devela la forzada interpretación de Economía cuando el año pasado anunció un “superávit”. Ese resultado era producto de la simulación técnica de que el Estado no tenía deudas anteriores a la llegada del Frente para la Victoria. Ese ocultamiento hoy es imposible. La mayoría de los pasivos del ejercicio pertenece a la presente gestión. El crédito será de 250 millones. Un 20% –unos 50 millones– recaerá en el pago de cuotas pendientes de un préstamo de Saiz en julio del 2011. El resto corresponderá a los desajustes propios. El ministro Alejandro Palmieri se esfuerza en el camuflaje del déficit y, en cambio, insiste en que el préstamo está destinado al pago de inversiones. Es tan así como que servirá para los aguinaldos y otras obligaciones. El gobernador sí lo admitió y adelantó un “déficit de 150 a 190 millones” en el 2013. Río Negro convivió mucho tiempo con déficit, pero el riesgo se insinúa en la irrupción del endeudamiento privado, más allá de que se repitan las condiciones de las operaciones anteriores. Resta saber si Nación prorrogará el programa de desendeudamiento, que permitiría a la Provincia refinanciar 680 millones que vencen en el 2013. Afloró, además, la compleja existencia de los expedientes pendientes de pago. La administración del FpV separó para un tratamiento diferencial aquellos anteriores a su asunción, que mayoritariamente todavía no se cancelaron, incluso ni se entregaron los bonos. Ahora, el reclamo está en los trámites de la actual administración. Hay registros irrefutables. En las ejecuciones cargadas por Contaduría figuran distintos apartados de los gastos públicos. Hay dos columnas de revisión obligada: los montos por “orden de pago” (el servicio o la compra se cumplió y el trámite autoriza su cancelación) y por “pago” realizado. La diferencia entre ambas en los últimos dos años –período enero a septiembre– promedió los 500 millones, que significan el cúmulo de trámites para su pago. Este año, esa distancia creció a 1.000 millones. Radica allí el mayor apremio del presente Estado. En este panorama, Economía elabora el presupuesto. Rebotó los diseños de recursos y gastos de Gobierno, Salud y Turismo porque sus pretensiones superaban el lineamiento fijado: un 10% más de lo ejecutado. La Justicia aportará otro indicio presupuestario esta semana cuando se conozca su requerimiento. Las previsiones para obras y salarios quedarán para incorporarse en el último análisis. Por ahora, la política salarial mantiene su supremacía y su evolución explica gran parte de los actuales “desequilibrios”. El registro interanual devela que la partida de personal subió un 35%, alentada por la recomposición remunerativa y el incremento de agentes. Igual, toda definición real quedó suspendida hasta hoy. Esta jornada electoral en el país impone un momento de reposo. Mañana, Río Negro tendrá otro horizonte político. Ese amanecer expondrá –nuevamente– los desvelos de siempre.