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Chile y su nueva Constitución, entre esperanzas y dudas
El país vecino comenzó a debatir el “borrador final” del texto, que fue entregado el lunes. Algunos dicen que es demasiado extenso y maximalista, otros que representa al país postergado.
Paulina Abramovich y Miguel Sánchez/AFP
La Convención Constitucional entregó el lunes pasado para su revisión la primera versión de la nueva Carta Magna de Chile, que consagra un nuevo “catálogo de derechos sociales”, en respuesta al reclamo de los chilenos por un país con mayor igualdad social.
“Aquí están los anhelos de millones de ciudadanos y ciudadanas que transversalmente depositaron en este proceso sus sueños y esperanzas”, dijo la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, en el discurso en el que formalizó la entrega del borrador de la propuesta de nueva Constitución.
La entrega se realizó en una sesión especial del pleno -la número 104 desde que se instauró la Convención el 4 de julio del año pasado-, a los pies de las ruinas de Huanchaca, un monumento nacional emplazado en Antofagasta, ciudad a 1.330 km al norte de Santiago.
“En este texto se materializa una nueva forma de relacionarnos; una nueva forma de entender la vida en nuestro país, donde en la que todos y todas pueden sentirse protegidos. Con estas normas y artículos comenzamos a construir un Chile más justo”, agregó Quinteros.
Para su revisión, el borrador de 499 artículos fue entregado a la Comisión de Armonización, que debe velar por su orden y coherencia.
La redacción de este texto fue la salida política que encontró Chile para apaciguar las violentas protestas que estallaron en octubre de 2019 en reclamo de mayor justicia social en un país muy desigual, en que solo en 2021 el patrimonio de los chilenos más ricos representó el 16,1% del PIB, según estimó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
La nueva Carta Fundamental de Chile, considera al país como un Estado social de derecho, plurinacional, intercultural y ecológico, y consagra un “catálogo de derechos sociales” ausentes en la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
“El lema de la Constitución de 1980 es soluciones privadas para problemas públicos. Es hostil a la acción estatal en la economía y en la provisión de derechos sociales”, explicó a la AFP Javier Couso, abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Diego Portales.
En la discusión, a veces áspera, entre los 154 convencionales constituyentes que comenzaron a trabajar el 4 de julio de 2021, quedaron afuera propuestas como la reelección presidencial, el referéndum revocatorio, la pérdida de autonomía del Banco Central o la nacionalización de la minería.
En su primer artículo, el proyecto de nueva Constitución señala: “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico. Se constituye como una República solidaria, su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza”.
La Convención constituyente entregará ahora el texto a la Comisión de Armonización, que revisará cada uno de los artículos y velará por su coherencia, pero sin cambiar lo aprobado. El 4 de septiembre los chilenos decidirán en un referéndum con voto obligatorio si “aprueban” o “rechazan” la nueva Carta Magna.
Uno de los desafíos que enfrentará el gobierno será difundir el texto de la Carta para evitar que este plebiscito se transforme en uno sobre la evaluación de la imagen del gobierno, que a 100 días de su asunción está con una imagen negativa, después de haber comenzado la gestión con altos niveles de aprobación.
Por ejemplo, la consultora Morgan Stanley señaló que en los aspectos económicos no ve efectos “disruptivos” ya que “las propuestas más extremas han sido rechazadas por el pleno y los próximos pasos del proceso no deberían conducir a cambios importantes en el proyecto de Constitución”. En cambio, JP Morgan mostró preocupación por la fórmula de destitución de consejeros del Banco Central, además de la incertidumbre que se podría generar en el sistema de concesiones mineras .
Maximalista pero razonable
Abogados y politólogos han lamentado que se haya hecho una Constitución con puntos que consideran irrelevantes y que excede los 400 artículos.
“Es un texto adecuado que contiene muchas cosas, pero nada que no esté en otras Constituciones; no están otros paradigmas constitucionales. Nada de lo que está ahí sale de la norma internacional”, explicó a la AFP el abogado constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado Tomás Jordán.
Pero Marcela Cubillos, integrante de la Convención, militante de derecha que hizo campaña por el rechazo al cambio constitucional, da por perdida la oportunidad de haber podido elaborar “una Constitución para Chile que una y no segregue”.
Además del “Catálogo de derechos sociales” con un Estado garante en salud, educación, vivienda digna y una pensión, el texto establece un nuevo ordenamiento del sistema político y de justicia, junto a una nueva forma de distribuir el poder en gobiernos regionales.
En función de un principio de “pluralismo jurídico”, “reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas”, pero determina que será la ley general la que fijará la competencia de estos tribunales.
También prevé la reorganización del Poder Judicial, a través del Consejo de la Justicia, un órgano “de carácter autónomo, técnico y plurinacional” cuya principal labor será fortalecer la independencia de los magistrados.
Christian Viera, abogado que coordinó la Comisión de justicia, explicó que la unidad jurisdiccional “es un principio básico del derecho, que supone que a la cabeza de todos los tribunales de justicia hay una última palabra que define todo”.
A diferencia de la actual Carta Fundamental, con un Poder Legislativo bicameral, la nueva propuesta elimina al Senado y lo reemplaza por una Cámara de las Regiones.
Según Jordán y otros expertos, el funcionamiento en dos cámaras impedía que las reformas se tramitaran adecuadamente.
En el rubro ambiental, el nuevo texto “garantiza a todas las personas el derecho al agua y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible” y prohíbe que su propiedad caiga en manos de privados, como sucede actualmente.
“Chile es el único país del mundo cuya Constitución consagra el derecho de propiedad del agua a un privado”, dijo Rodrigo Espinoza, analista económico de la Universidad Diego Portales.
Si bien no menciona la palabra “aborto”, el nuevo texto propone que el Estado deberá brindar “las condiciones para una interrupción voluntaria del embarazo”.
Bachelet apoyó una aprobación compleja
La expresidenta chilena Michelle Bachelet expresó su apoyo a la propuesta constitucional de su país, a pesar de que las encuestas muestran un creciente rechazo.
“El borrador de Constitución, que se encuentra en su fase de revisión final, aborda los problemas que enfrenta la nación en temas como vivienda, agua, salud y representación de las comunidades indígenas”, destacó Bachelet.
Encuestas muestran que hoy son más los electores que se inclinan por rechazar la propuesta que por aprobarla.
El aumento del escepticismo hacia la Constitución coincide con la caída en la aprobación del nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric. Bachelet dijo que le advirtió a Boric que los cambios profundos requerirán tiempo y que la paciencia de los votantes se agotará.
“Las grandes expectativas nunca se pueden cumplir”, aseguró Bachelet. “Normalmente son irreales porque la gente quiere cambios en dos meses”.
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