Jueces designados por votación popular: ¿democratización o sometimiento?
México fue el primer país en elegir a 2.680 magistrados. Participó menos del 13% del padrón. El oficialismo dice que transparenta al Poder Judicial. Los críticos, que pasa a ser apéndice del Ejecutivo.
México eligió el domingo 2.680 jueces, entre ellos los integrantes de la Corte Suprema.
La justicia en México entró en una etapa de incertidumbre, tras unas inéditas elecciones de jueces marcadas por el abstencionismo e inquietudes sobre la independencia judicial . El país tendrá una Suprema Corte afín a la izquierda gobernante, con un indígena como posible presidente, según el conteo del 94% de los votos emitidos para la conformación de ese tribunal.
El Supremo era la joya de la corona de la elección de 2.680 jueces celebrada el domingo, ejercicio inédito en el mundo que el oficialismo impulsó como remedio contra una impunidad de más de 90%, pero que según sus críticos consolida un “régimen totalitario”.
La izquierda gobierna con la presidenta Claudia Sheinbaum a la cabeza del Ejecutivo y también controla el Legislativo y la mayoría de gobernaciones de este país de casi 130 millones de habitantes.
El nuevo máximo tribunal estará integrado por cinco mujeres y cuatro hombres, cuyas candidaturas fueron propuestas por el gobierno y el Congreso. La Suprema Corte, la gran piedra en el zapato del expresidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), a quien ese tribunal bloqueó varios proyectos.
Entre las elegidas están tres magistradas que apoyaron en la Corte varias iniciativas de López Obrador y Sheinbaum, incluida la reforma constitucional que instauró la elección de jueces. Se trata de Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. En 2022, Esquivel enfrentó acusaciones por el supuesto plagio de su tesis de pregrado. La gran sorpresa fue el indígena mixteco Hugo Aguilar, que obtenía la más alta votación y se perfila como presidente de la Corte.
Entre los miles de candidatos a jueces había antiguos abogados de la mafia, como Silvia Delgado, quien en 2016 asesoró al narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán, preso en Estados Unidos.
Esas postulaciones alimentaron sospechas sobre una posible injerencia de políticos y criminales en el poder judicial.
Pero la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, descartó complicaciones o un impacto económico. Ahora quien acude a la Justicia “no va a tener que estar soltando cantidades de dinero para obtener la resolución” de un caso, añadió.
“No es una reforma que busque mejorar el sistema de justicia, sino capturarlo”, dijo a la AFP Juan Jesús Garza, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La izquierda controla el Legislativo y la mayoría de gobernaciones de la segunda economía latinoamericana. Tres ministras del Supremo actual, afines al gobierno, lideran la votación.
Los comicios no requerían un mínimo de participación para ser válidos, pero el alto abstencionismo debilita el argumento de que los ciudadanos anhelaban elegir a sus jueces, opina Garza.
“Por más que la elección sea válida en lo jurídico, en lo político y en lo ético va a ser muy difícil” defenderla, advierte este doctor en filosofía del derecho.
Los comicios fueron “todo un éxito”, declaró la presidenta pesar de que sólo votó entre un 12,5% y 13,3% del padrón electoral de 100 millones. Sheinbaum dijo que los 13 millones de mexicanos que votaron son más representativos que los senadores que antes escogían a los ministros del Supremo de ternas enviadas por el gobierno.
Candidatos poco conocidos y escaso entusiasmo
La inédita elección sacó a flote la polarización política, pero también la indiferencia de muchos frente al futuro de la justicia.
Las elecciones estuvieron signadas por la confusión ante la multiplicidad de boletas y extensas listas de candidatos. El escaso conocimiento de los aspirantes también genera dudas sobre su idoneidad. Además, algunos fallos podrían retrasarse pues los nuevos jueces recién asumirán funciones en septiembre.
En una casilla del barrio Escandón, en Ciudad de México, un hombre tardó unos 26 minutos en marcar las nueve papeletas que recibió.
“Creo que les asustó un poco el cúmulo de información que deberían de tener en mente”, señaló Gerardo Terán, de 66 años, presidente del centro de votación, para explicar la baja afluencia de electores. “Fue un poco difícil porque son muchas personas aspirantes (…), creo que necesitamos más información”, expresó Leticia Calderón, profesora universitaria de 63 años, tras sufragar en el barrio Del Valle, de la capital.
Fuerte impunidad
- 30.000
- se registran cada año en México y hay más de 120.000 desaparecidos. Casi el 90% d elas causas quedan sin resolver.
Nuevo titular de la Corte, indígena y exasesor del EZLN
Aguilar, quien será nuevo titular d ela Corte, es un abogado con maestría en derecho constitucional que se ha dedicado a reivindicar los derechos de los indígenas (20% de la población mexicana) y trabajó en el gobierno de López Obrador. También fue asesor jurídico de la antigua guerrilla zapatista EZLN , tras protagonizar un levantamiento armado en 1994.
“Hay una deuda importante” con los pueblos originarios, dice el nuevo magistrado, quien sigue los pasos de su más célebre coterráneo, Benito Juárez, considerado padre del México moderno. También indígena, Juárez lideró la máxima corte (1857-1858) antes de convertirse en presidente del país (1858-1872).
Temen más retrasos en las sentencias
“La justicia no va a cambiar de la noche a la mañana (…) Por el contrario, va a retrasarse todavía más en lo que se asignan los puestos”, advierte Garza.
No obstante, también existe la posibilidad de que muchos funcionarios del actual poder judicial, que participaron en los comicios, conserven sus puestos.
“El mejor escenario sería que tengamos jueces y magistrados de carrera judicial comprometidos”, comentó el exmagistrado Carlos Soto. Otros 4.000 jueces serán elegidos en 2027.
Los partidos opositores, muy debilitados, habían llamado al abstencionismo al advertir que los comicios consolidarían un “régimen autoritario”.
Por su parte, Sheinbaum, quien el lunes cumplió un año de ser elegida y disfruta de una popularidad de 70%, denunció que salientes jueces favorecieron a decenas de miembros del crimen organizado.
Problema complejo más allá de las urnas
Expertos coinciden en que la reforma judicial no ataca las raíces del problema, en un país donde cada año se registran unos 30.000 homicidios y hay más de 120.000 desaparecidos por la violencia del narcotráfico.
Para Juan Jesús Garza, se deben mejorar las capacidades investigativas de las desbordadas fiscalías y multiplicar los defensores públicos para los sectores más empobrecidos.
Pese a que los postulantes no debían tener antecedentes penales, la oenegé Defensorxs identificó una veintena de candidatos “riesgosos”. Entre ellos la abogada Delgado, quien buscaba ser elegida jueza en Ciudad Juárez y asegura que su única relación con el “Chapo” Guzmán fue profesional. También, Fernando Escamilla, candidato a juez en Nuevo León (noreste), quien fue abogado de Miguel Ángel Treviño, un sanguinario capo extraditado a Estados Unidos. Leopoldo Chávez, otro aspirante del estado de Durango (norte), estuvo preso casi seis años en ese país por tráfico de metanfetaminas.
* Periodista de la agencia Associated French Press (AFP)
Un proceso que tuvo ecos en Argentina , a favor y en contra
La elección de jueces en México reflotó en Argentina el debate sobre la “democratización de la Justicia” u proceso que lideró el kirchnerismo y algunos magistrados agrupados en la asociación Justicia Legítima.
El lunes, Cristina Fernández de Kirchner apareció públicamente para anunciar su candidatura a legisladora por la Provincia de Buenos Aires. En esa entrevista a C5N, también se refirió a la situación del Poder Judicial en la Argentina. “Hubo ayer, en México por primera vez, después de la reforma constitucional de AMLO (Andrés Manuel López Obrador), se votaron los miembros de la Corte y de los tribunales inferiores de todo México. Fueron a votar 13 millones de mexicanos. Yo creo que nosotros tenemos que ir a una reforma en donde también esto sea constitucional”, expresó.
En 2013, la entonces presidenta impulsó un paquete legislativo conocido como la “Democratización de la Justicia”, con el objetivo de “acercar el Poder Judicial a la ciudadanía”. La iniciativa proponía, entre otras cosas, que los jueces, abogados y académicos que integraban el Consejo de la Magistratura fueran elegidos por voto popular, en reemplazo del sistema de designación indirecta.
También dijo que su proyecto, en 2013, tenía amplia mayoría en diputados y en senadores, pero “en un mes lo declararon inconstitucional. Hay que ir a una reforma constitucional”.
Por el contrario, el constitucionalista argentino Roberto Gargarella fue contundente: “Elegir jueces de esta manera es una de las mayores tragedias institucionales de nuestro tiempo”. Destacó que la participación ciudadana fue mínima y que el resultado representa una peligrosa concentración de poder por parte del Ejecutivo.
Subrayó que el procedimiento estuvo “desligado de la democracia desde un inicio” y criticó que la legitimación del poder judicial se pretenda alcanzar por medio de mecanismos opacos.
“En el caso de México, tanto la militarización que ha ido sufriendo la política, como la concentración de poderes, como el control que parecen tener hasta ahora del Congreso, y desde ahora posiblemente del poder judicial… bueno, es difícil seguir hablando de una democracia tal como uno la entendía tradicionalmente ”, afirmó.
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