Las peores cifras de inflación en 30 años y la importante marcha federal piquetera volvieron a poner en la discusión pública el problema de la pobreza en Argentina, que alcanza hoy niveles superiores al 43%, pero que desde hace más de una década parece haber alcanzado un piso cercano al 28-30% que ninguno de los planes implementados por ya tres administraciones logra perforar.
La mayoría de los expertos coincide en señalar al 2012 como una referencia importante para señalar el estancamiento de la situación social en Argentina, en donde confluyen factores estructurales, como el escaso crecimiento con acelerado aumento general de precios que caracteriza a todo el periodo, y la cada vez menor efectividad de las políticas sociales que buscan revertir, o al menos morigerar, las consecuencias de la creciente pauperización de la población.
El titular del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia, advirtió esta semana que una “novedad” de la crisis argentina es que ni siquiera “los sectores trabajadores formales están protegidos” de caer en la pobreza debido a la constante erosión en la capacidad de compra de los salarios y que en el contexto actual una “agenda progresista de reformas estructurales” debe incluir necesariamente el control de la inflación. “Necesitamos reformas estructurales que estabilicen la macroeconomía y hagan posible el crecimiento, la inversión”, señaló a este diario, y denunció que este tema “no ha estado en la agenda política de la última década, no importa quién gobierne”.
Una mirada similar mostró en un diálogo con “Debates” el economista Jorge Colina, presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, que señala a una combinación de economía estancada con elevada inflación que desalienta inversiones, una oferta laboral con fuertes déficits educativos e instituciones laborales anticuadas como las principal es causas de la falta de empleos genuinos en la economía nacional. Esto hace a una creciente porción de la población cada vez más dependiente de la asistencia social. Agregó que, a menos que la dirigencia actual tome conciencia y pueda trasmitirle a la población la gravedad de la situación “lo más probable es que nos sigamos hundiendo”. Destacó que sin reformas de fondo simultáneas “laboral, educativa, impositiva, energética, modernización del Estado y cambiaria” será imposible revertir la situación .
La situación hoy: un estudio y algunas propuestas
Más allá de los factores estructurales, el propio sistema de políticas sociales en Argentina está también en discusión. Porque sucede que en la última década el Estado argentino ha sido el segundo mayor inversor en políticas asistenciales, sin que haya logrado reducir la pobreza de forma sostenida, algo que sí han logrado países vecinos como Bolivia, Chile y Uruguay, en algunos casos con inversiones mucho más bajas que la de nuestro país.
Una reciente investigación realizada por el Intituo Universitario CIAS y Fundar, una organización “dedicada al estudio, la investigación y el diseño de políticas públicas con foco en el desarrollo de una Argentina sustentable e inclusiva”, trazó un mapa de la aplicación de las políticas sociales en el país, detectó varios problemas de eficiencia y propone algunas soluciones.
En diálogo con “Río Negro”, la investigadora Lara Forlino, licenciada en Ciencia Política y Gobierno e investigadora externa de Fundar, explica que “si analizamos la historia reciente de la lucha contra la pobreza vemos que ésta llega a un pico máximo en 2002, tras la crisis de 2001, con más del 50% de la población en esta situación. Luego, diversas administraciones en obtienen buenos resultados por la combinación de crecimiento, estabilidad y programas masivos para combatir el problema. Sin embargo, a partir de 2012 comienza a estancarse e incluso a revertirse la situación, ya no hay una relación lineal entre el gasto que se produce, cada vez mayor, y la reducción de la pobreza”, explica la investigadora.
Agrega que Argentina destina un 11% de su PBI a la protección social, el mayor nivel en Latinoamérica, sólo superado por Brasil (13% del PBI). Sin embargo, “países vecinos , como Uruguay y Chile gastan entre la mitad y un tercio de lo que gasta nuestro país y tienen niveles de pobreza más bajos que el nuestro”, explica Forlino.
Entre los hallazgos del informe, se destacan tres tendencias observables en la composición y evolución de la inversión pública del Estado argentino en la lucha contra la pobreza.
• La inversión en pensiones no contributivas es mayor que todo el resto del gasto social en su conjunto. En 2019, por cada peso que el Estado gastaba en asignaciones familiares para niños o niñas pobres, gastaba cinco pesos en pensiones para adultos mayores pobres. “Esto no invalida a las pensiones no contributivas, son una herramienta excelente para compensar la precaridad de las trayectorias irregulares en el mercado laboral, sobre todo de las mujeres. Pero hay un fuerte desbalance del gasto social y eso se observa en los niveles de pobreza. Mientras en la franja etaria de 0 a 14 años la pobreza supera el 50%, en adultos mayores es apenas del 13%”, señala Forlino.
• Los programas para cooperativas de trabajadores informales se han convertido en un elemento central de la política social. “En 2015, al final del mandato de Cristina Fernández de Kirchner, los cooperativistas sociales eran poco más de 250.000, crecieron en el gobierno de Macri y a fines de 2021 eran 1.223.537” dice Forlino. “El gasto que demandan estos programas crecieron a un ritmo mucho más acelerado que planes contra la pobreza infantil como la AUH o la asignación por embarazo”, agrega la investigadora.
• El Estado invierte cada vez más en políticas dirigidas a la denominada economía popular y cada vez menos en políticas que buscan insertar a los sectores más vulnerables en el empleo formal. En 2019, por cada peso destinado a la inversión en subsidios para la preservación o promoción del empleo formal, se destinaban 11 pesos a programas de cooperativas de la economía popular.
“Esto, además de un desbalance, genera preocupación por la sustentabilidad a largo plazo del gasto no contributivo. Si hay cada vez menos aportantes al sistema previsional, se genera riesgo de que el Estado pierda capacidad de financiar los programas sin contribuciones. Es un proble ma fundamental porque los trabajadores de este sector carecen de derechos básicos que tiene el sector formal como vacaciones, aguinaldo, licencias por maternidad/paternidad, seguridad laboral, etc”, señala Forlino.
Entre las propuestas para revertir estos problemas, el informe destaca cuatro:
• Rebalancear la proporción entre lo que invierte en adultos mayores y aumentar la inversión pública en niñez. “No implica recortar pensiones ni necesariamente aumentar el gasto total del Estado. Hoy Argentina invierte casi 2% de su PBI en subsidios a la energía a sectores de altos ingresos y 0,5% del PBI a la AUH y otros programas infantiles. Redireccionando estos recursos se podría mejorar mucho la lucha contra la pobreza infantil”, dice Forlino.
• Segmentar la asistencia. El informe propone ampliar los alcances de la AUH, segmentando las transferencia según el nivel de pobreza de los beneficiarios (padres y madres en la informalidad, niños en situación de indigencia pero con infraestructura básica en el hogar y niños en indigencia pero sin estructura básica en sus hogares, que dependen de comedores para alimentarse).
• Priorizar la formación educativa de los jóvenes y mejorar las transición al empleo formal. “Los jóvenes de este sector tienen menos años de educación, sus padres menos años de permanencia en el mercado de trabajo formal y hay falta de exposición a conocimientos no técnicos que son claves. Proponemos que el estado diseñe un esquema de entrenamiento vocacional junto a sindicatos y sector privado para que los jóvenes puedan formarse en saberes específicos de cada rama y lograr una mejor inserción en el mercado formal. Debería estar acompañado de exenciones temporales al pago de contribuciones patronales para incentivar al sector privado a colaborar”, dice Forlino. En el caso de las cooperativas, fomentar la demanda estatal en sectores como textil, alimentos y construcción, “tres áreas donde las cooperativas tienen experiencia y pueden proveer alimentos a comedores, uniformes a policías o salud y aportar en obra pública”, tanto en programas de Nación como en provincias y municipios. “Podría servir para conectar a las cooperativas con la economía formal”, asegura la académica.
• Infraestructura. La politóloga señala que para que cualquiera de estas medidas sea efectiva, deben estar acompañadas de un plan de infraestructura para barrios populares, ya que es clave “garantizar el acceso a servicios básicos como agua, luz, cloacas, pavimentación de calles”.
El Congreso reinstala el debate por un salario/ingreso universal
Esta semana, un grupo de diputados del Frente de Todos y organizaciones sociales presentaron un proyecto de ley para crear un Salario Básico Universal (SBU) que llegaría a 9 millones de desempleados, trabajadores de la economía informal y otros sectores de la población de bajos ingresos.
Aún no tiene fecha de tratamiento en Comisiones.
En el texto de la norma aseguran que el SBU es una prestación monetaria no contributiva que equivaldría al monto de una Canasta Básica Alimentaria de un adulto, que en marzo fue de $12.900 y alcanzaría para establecer una base de ingresos para que la gente pueda ocuparse de formarse, terminar el colegio, o incluso conseguir otros empleos teniendo un mínimo asegurado.
Al respecto, el disputado del Frente de Todos y ex ministro de desarrollo social, Daniel Arroyo, señaló su apoyo a la iniciativa y destacó que “el debate sobre cómo recomponer ingresos debiera tener tres puntos: Reducir la jornada laboral, el ingreso universal ciudadano, que es adonde debiéramos ir y la flexibilización laboral, hay que inflexibilizar para que se contrate a más trabajadores”, dijo.
Desde otra perspectiva, algunos economistas como Rubén Lo Vuolo, investigador del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas, se mostró contrario al sistema de contraprestaciones que exigen estos esquemas laborales y planteó la necesidad de una “renta universal” o “ingreso ciudadano” incondicional, que se diferencia de prácticamente todas las políticas sociales vigentes. El objetivo es liberar esta transferencia de “las políticas arbitrarias, condicionadas y clientelares”. “Si para darle un beneficio a usted le piden que sea pobre, usted nunca va a salir de la pobreza, si cuando sale de la pobreza, le sacan el beneficio”, remarcó Lo Vuolo ala radio DW. “El ingreso ciudadano supone la lógica contraria: es independiente de la situación personal de cada uno”, completa . A esto debería agregarse una reforma tributaria que cambie impuestos indirecto por directos y “que atienda la desigual transferencia generacional de pobrezas o riquezas”, como el impuesto a la herencia, agregó.
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