Denuncias contra la policía en EE.UU.: violencia, racismo, abusos sexuales

OKLAHOMA CITY, EE.UU. (AP).- Las luces intermitentes penetraban la noche y las grandes letras blancas no dejaban duda alguna: era un vehículo policial. La mujer obligada a parar era una cincuentona que trabajaba en una guardería y que se dirigía a su casa tras jugar al dominó con amigas. Pensó que no tenía nada que ocultar, de modo que obedeció todas las órdenes que le dio el agente, que la acusó de manejo imprudente.

Posteriormente le dijo a un juez que fue obligada a recostarse sobre el auto policial para ser palpada y que el agente la obligó a levantar su vestido y a bajarse los pantis para asegurarse de que no ocultaba nada. Contó que el agente le ordenó sentarse en la patrulla mientras él, muy cerca, con su arma a la vista, se bajaba el cierre de los pantalones y ella le imploraba que no lo hiciese. “Apúrate’’, le dijo el agente, identificado en los informes policiales sólo como J.L., mientras la obligaba a realizar sexo oral. “No tengo toda la noche’’.

La acusación es estremecedora y refleja algo que se repite en todo el país.

Una investigación de un año llevada a cabo por la Associated Press reveló que hay unos 1.000 agentes que perdieron sus licencias en un período de seis años por casos de violación y otros delitos sexuales, así como por posesión de pornografía infantil, contratar prostitutas o mantener relaciones sexuales estando en servicio.

La investigación de la AP es la más profunda jamás hecha de ese tipo de delitos por parte de la policía y probablemente no refleje el problema en toda su magnitud, ya que es imposible recabar información de todos los estados.

California y Nueva York, por ejemplo, no tienen sistemas que permitan revocar las licencias de los agentes con problemas de conducta.

Y entre los estados que suministran esa información, hay algunos que no reportaron casos de agentes que fueron dados de baja por delitos sexuales a pesar de que se comprobó que hubo casos de ese tipo mediante informes periodísticos y documentos legales.

“Sucede probablemente en todas las dependencias policiales del país”, afirmó la jefa del Departamento de Policía de Sarasota, Florida, Bernadette DiPino. “Se hacen muy pocas denuncias y la gente teme que, si hace una denuncia, va a tener a toda la policía detrás suyo”. AP revisó los archivos de todos los estados con la información de los procesos de revocación de licencias de los agentes. Nueve estados y el distrito de Columbia desistieron de suministrar esa información o dijeron que no tienen ese tipo de estadísticas. Se analizó así la información de 41 estados.

La AP comprobó que unos 550 agentes perdieron sus licencias entre el 2009 y el 2014 por delitos sexuales, incluidos violaciones, manoseos e intimidaciones en las que se exige a una persona que realice algún acto sexual para evitar ser detenida. Otros 440 agentes fueron dados de baja por cosas como posesión de pornografía infantil, voyeurismo o relaciones sexuales consensuales pero prohibidas.

Aproximadamente una tercera parte de los agentes cuyas licencias resultaron revocadas fueron acusados de incidentes que involucraron a menores. Casi todas las víctimas eran mujeres, muchas de ellas de los sectores más vulnerables de la sociedad: pobres, adictas y jóvenes. Otras tenían antecedentes policiales, lo que es aprovechado a veces por los agentes para obligarlas a hacer cosas. Hubo casos en los que víctimas de algún delito que buscaban ayuda terminaron siendo víctimas de hombres en uniforme.

Los empleados públicos involucrados en estos episodios fueron policías, guardias de prisiones y de escuelas. El estudio de la AP comprobó que los delitos sexuales son una de las quejas más frecuentes hacia el personal de las fuerzas policiales.

Mala supervisión de conductas

Los agentes policiales acusados de conducta sexual inapropiada son transferidos de sitio en sitio, enfrentando a veces nuevas denuncias incluso de violación, sin ser despedidos, porque se ven amparados por leyes inadecuadas e insuficiente supervisión.

La investigación de los abusos sexuales cometidos por policías, guardias carcelarios y otros elementos de las fuerzas de seguridad reveló que el sistema no tiene formas efectivas de supervisar a los malos policías. Hay numerosas falencias en la forma en que se lidia con los sospechosos de haber incurrido en conductas sexuales inapropiadas y abundan las señales de alarma que no son reportadas o son ignoradas.

La cifra de 1.000 agentes sancionados en estos años no refleja la magnitud del problema, porque toma en cuenta solamente a los agentes a los que se les iniciaron procesos de revocación de licencias y porque no todos los estados suministraron información, algunos porque no disponen de esas estadísticas.

En los estados que revocan licencias, el proceso puede tomar años. Y si bien hay un índice nacional de agentes cuyas licencias fueron revocadas, las contribuciones a ese banco de datos son voluntarias y los expertos dicen que faltan miles de nombres. Además, el banco no está abierto al público.

A algunos agentes se les permite renunciar calladamente sin llegar a enfrentar siquiera el proceso de revocación. Otros pueden seguir trabajando porque sus departamentos no están obligados a reportar sus faltas a los organismos estatales que vigilan el cumplimiento de las normas o porque simplemente no lo hacen. Hay organismos que no revisan los antecedentes de una persona cuando contratan personal o que no ofrecen esa información a los empleadores.

En el 2010 una mujer demandó al Departamento de Policía de Grand Junction, Colorado, aduciendo que obró mal al contratar al agente Glenn Goyne y que luego no lo supervisó. Coyne fue despedido y se suicidó pocos días después de ser arrestado bajo sospecha de haber violado a una mujer en el 2009.

Esa era la tercera acusación de agresión sexual que enfrentaba, según los tribunales. Cuando estaba todavía con la Policía del condado de Mesa, otra mujer lo acusó de manosearla durante una revisión. La denuncia circuló después de que la policía de Grand Junction completase su estudio de antecedentes y las autoridades de Mesa, que se abstuvieron de hacer comentarios para este artículo, no investigaron o no informaron a los nuevos empleadores de Coyne, según documentos legales.

La segunda denuncia se produjo en el 2008, cuando una mujer acusó a Coyne de agresión sexual. La Policía de Grand Junction lo puso bajo probation, o supervisión especial, y le rebajó el sueldo. Si bien la Fiscalía desistió de procesarlo, Coyne seguía bajo probation cuando llegó la tercera denuncia.

Los tribunales concluyeron que la Policía no actuó con deliberada indiferencia al emplear a Coyne, pero un dictamen indicó que “pudo y debió haberse manejado mejor” su contratación.

El jefe de la Policía de Grand Junction, John Camper, dijo que una posterior evaluación de las normas para las contrataciones reveló que estas eran sólidas, aunque agregó que “se puede decir que tenemos que ser más diligentes que nunca”. Los candidatos ahora deben firmar un formulario autorizando al Departamento a revisar sus antecedentes personales y, si los empleadores no responden, eso es visto como una mala señal. “Si una agencia no habla con nosotros o parece reticente a dar detalles, contactamos otras fuentes o descartamos directamente al candidato”, afirmó Camper.

Organismos de vigilancia del cumplimiento de las normas de 44 estados pueden revocar las licencias de los agentes problemáticos, lo que supuestamente debería impedir que un policía malo pase de una fuerza policial a otra en otro sitio. Pero seis estados, incluidos Nueva York y California, no tienen autoridad para revocar las licencias de los agentes que incurren en estas conductas. Y en los estados que tienen esa atribución, casi todas las agencias de supervisión dejan que los departamentos policiales locales investiguen y denuncien conductas cuestionables. Las normas que rigen esos procesos varían.

En Pennsylvania, por ejemplo, el organismo responsable de certificar a los policías reportó sólo 20 revocaciones de licencias entre el 2009 y el 2014, ninguna de ellas relacionada con asuntos sexuales. En Florida, en cambio, se revocaron las licencias de 2.125 agentes en esos mismos seis años, 162 por transgresiones sexuales.

La diferencia es que en Florida se informa automáticamente cuando un policía es arrestado y se exige a los departamentos que reporten cada vez que se determina que un agente cometió una falta de “carácter moral’’, más aún una falta o delito.

En Pennsylvania, en cambio, esa información no circula automáticamente sino que se depende de que los organismos policiales lo informen. Por ejemplo, allá no existe proceso de revocación de licencia alguno para el exagente de Pittsburgh Adam Skweres, quien en el 2013 se declaró culpable de arrancarles “favores sexuales” a cinco mujeres y cumple una condena de ocho años de cárcel.

Otro asunto inquietante es la duración de los procesos de revocación de licencias. En Texas, Michael John Nelson fue acusado de agredir sexualmente a una vecina de 16 años cuando trabajaba para la Policía del condado de Hardeman. La Fiscalía local no procesó a Nelson a cambio de que entregase su licencia, en un acuerdo que contó con el visto bueno de la víctima y de su familia. Para cuando se completó la revocación de su licencia, en el 2011, no obstante, Nelson estaba trabajando con la Policía de Bayou Vista. La revisión de antecedentes a menudo depende del tamaño de un departamento y de su presupuesto y de que “muchas agencias, muchas ciudades, para evitar demandas, no revelan nada negativo”.

Un índice nacional de revocación de licencias (National Decertification Index) contiene los nombres de casi 20.000 agentes que han perdido sus licencias. Pero sólo 39 estados suministran información.

La ciudad de Oklahoma fue otro de los focos de investigación por las conductas ilegales de sus agentes.

MATT SEDENSKY y

NORMAAN MERCHANT

AP

DEBATES

Tom McDonald, jefe de Policía de Sacramento (California), se hizo cargo de escándalos por violaciones en su precinto. (Der.) Una de las mujeres que denunciaron abusos.