Deuda pública y buitres

ALEARDO F. LARÍA

Abordar el problema de la deuda pública en Argentina trae a la memoria la conocida frase de Einstein “La locura consiste en hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes”. Los países suelen extraer enseñanzas de sus errores del pasado. Nuestra particular idiosincrasia, no exenta de un exceso de arrogancia intelectual sólo visible para nuestros visitantes, nos lleva a tropezar reiteradamente con la misma piedra. La reinstalación del problema de la deuda es una muestra elocuente de lo que decimos. El gobierno kirchnerista, en su persistente afán de sacarse de encima la responsabilidad por los errores cometidos, acude presuroso a la búsqueda de un enemigo externo. Surge así el relato novelado que atribuye a inescrupulosos especuladores internacionales –los fondos buitre– los problemas generados por una reestructuración de la deuda pública que no ha conseguido resolver todas las cuestiones que quedaron pendientes luego de la segunda apertura del canje que tuvo lugar en el 2010. Una manera de evitar caer en esa trampa cognitiva consiste en sustituir la imagen del buitre por la de un abuelo italiano que confiadamente puso sus ahorros en un bono argentino y luego de penar varios años recibió el 33% del dinero prestado. Esta “malvinización” del crónico problema de la deuda, acudiendo al recurso fácil de hacer un llamado al cierre patriótico, tiene el grave inconveniente de que no deja lugar a un análisis desapasionado que permita extraer alguna enseñanza y actuar con mayor cordura. No se reflexiona sobre los errores cometidos en el pasado –más bien se los esconde–, al tiempo que con enorme frivolidad se tensa una cuerda que si se rompe nos puede empujar de nuevo hacia un terreno pantanoso. Los países que han sabido extraer enseñanzas de sus deslices del pasado han evitado repetirlos. El caso paradigmático es el de Alemania, que luego de la experiencia hiperinflacionista que derivó en el nazismo ha adoptado un riguroso comportamiento en el cuidado de su equilibrio fiscal. Esta disciplina financiera, trasladada luego al Banco Central Europeo, ha dado lugar a innumerables quejas de los países que, como España, han sido duramente castigados por la última gran crisis financiera. Pero se trata básicamente de una discusión de grado donde no se pone en cuestión la filosofía y conveniencia de la prudencia fiscal. La mejor manera de resolver el problema de la deuda pública es no tenerla. Esto quiere decir, con mayor exactitud, tenerla en una magnitud que permita someterla al control de las autoridades financieras. Sabido es que los gobiernos adquieren deuda porque no han querido o no han podido recaudar impuestos. En el caso de Argentina, donde la presión impositiva es elevada para quienes cumplen, el problema se traslada hacia otro lugar: la baja calidad del gasto público, que hace que el Estado no devuelva en servicios públicos de calidad lo que ha extraído sin el menor recato de la economía productiva. Al igual que acontece con el endeudamiento de una empresa privada, en principio la prudencia aconseja tomar deuda sólo para financiar inversiones productivas, de modo que sería equivocado afrontar con créditos los gastos corrientes. Trasladado este principio a la esfera pública, donde el gobierno nacional tiene el poder de señoraje, se acepta que un país puede sostener un nivel de endeudamiento razonable si consigue el roll-over del capital y puede afrontar sin generar déficit el pago de los intereses. Todo lo que supere esos límites es responsabilidad de los gobiernos, no de sus acreedores. El crecimiento de la deuda pública por encima de los parámetros enunciados sólo puede atribuirse a la irresponsabilidad de los dirigentes públicos que buscan resolver sus problemas en el corto plazo y no atienden a las consecuencias que tienen sus decisiones en el largo plazo. Éste es un clásico del populismo, la falta de responsabilidad intemporal, de modo que la preferencia por el presente electoral ciega la perspectiva del largo plazo. Así, el problema no son los buitres, meros especuladores financieros que pululan en los mercados secundarios de deuda desde que éstos se introdujeron. Que el problema de la deuda pública haya sido incrementado durante las gestiones de todos los partidos con responsabilidad en el gobierno desde la recuperación de la democracia –es decir tanto radicalismo (Alfonsín y de la Rúa) como peronismo (Menem y el matrimonio Kirchner)– revela el arraigo cultural de una mirada indiferente al largo plazo. En la categoría de aumento irresponsable del gasto público entran el abuso del financiamiento externo, el distribucionismo clientelar, las jubilaciones para todos y todas y el financiamiento inflacionario disimulado con la adulteración suicida de la estadística oficial. La retórica exculpatoria que ensaya el gobierno, acudiendo al graznido de los buitres, puede servir para distraer la atención de personas poco informadas. Es probable que, como residuo inesperado y en franco contraste, sean cada vez más los ciudadanos cansados de tanta retórica vacua e inconducente. Si tenemos suerte, esa masa crítica en formación permitirá alejarnos de la tentación populista y devolver la salud perdida a la República. Acabar con las inconsistencias temporales será una señal de respeto por la suerte de las generaciones futuras.