Economía descomprime deuda con proveedores

La reciente emisión de 210 millones de pesos en cheques diferidos corresponde al rediseño de Economía de sus pagos a proveedores, procurando descomprimir la presión de acreedores del Estado y generar un mayor plazo para el ordenamiento financiero.

El Estado provincial cerró el ejercicio 2017 con una deuda flotante y, mayormente con proveedores, que supera los 1.500 millones de pesos. Algunas fuentes afirman que el número se aproxima a los 2.000 millones. Otras relativizan el número al recordar que históricamente subsisten un pasivo de 500 a 600 millones en Tesorería.

La reestructuración de la deuda provincial constituye la prioridad del flamante ministro Agustín Domingo.

Un objetivo central corresponde a las obligaciones financieras
–letras del Tesoro y bonos– “con vencimientos inaplazables”, para lo cual se negocia algún instrumento de ayuda de parte del Estado nacional.

En cambio, las deudas acumuladas en Tesorería conforma una presión de proveedores, prestadores, constructoras y, entre otros, transportistas, que también ponen en riesgo la regular prestación de los servicios si la provincia persiste en la demora. Allí, el equipo de Economía decidió utilizar de 400 a 500 millones en cheques diferidos, según lo acordado con los privados y usando un instrumento previsto en el último presupuesto. Esta ley –según el artículo Nº 47– permite la emisión de “hasta 800 millones de pesos”.

Según una reciente resolución ministerial, Tesorería ya fue autorizada en enero para la colocación de 210 millones, en tres tramos de 70 millones, con vencimientos a los 30, 60 y 90 días. Cuatro áreas concentraron esa distribución: Ipross, Salud, Educación y Secretaría General. Se prevé otra asignación, pues la obra social requirió unos 90 millones ante las impostergables demandas de algunos prestadores.

Igualmente, la transferencia inmediata se mantiene como herramienta de cancelación, dependiendo de la disponibilidad de recursos y es un mecanismo de negociación. Incluso, hay acuerdo de pagos con parte en efectivo y el resto con cheques diferidos.

En Economía, además, se enfatiza que la cartera asignará cupos a cada dependencia y se ajustará a los límites fijados, exigiendo a sus titulares que ellos establezcan las prioridades de desembolsos y, también, respetar las cantidades programadas.

Un segundo andarivel está la deuda flotante restante y se reserva para abonar con otra herramienta financiera, seguramente un bono provincial. El artículo Nº 54 del presupuesto autoriza al Poder Ejecutivo para “la emisión de instrumentos hasta 1.500 millones para ser aplicados al pago de obligaciones del Sector Público Provincial, Administración Centralizada, Descentralizada, Entes Autárquicos, Sociedades del Estado, incluyendo los Poderes del Estado”. También es amplio en referencia al origen de las deudas, previendo “obligaciones previsionales, de naturaleza salarial o derivada de daños a la vida, la salud o la integridad física”.

La nueva estrategia

ya dejó una baja

La ingeniera para pagar a proveedores con cheques diferidos originó una baja. El Tesorero, Nicolás Martín presentó en diciembre su dimisión aunque su ida se concretó en los últimos días. Del equipo del ex ministro Isaiac Kremer, el renunciante se oponía al uso de esos cheques, pues entendía que esas obligaciones exigían una previsibilidad de ingresos y la provincia no disponía de semejante programación. En cambio, el gabinete económico no compartió ese criterio y alentó esos instrumentos para descomprimir la Tesorería.

El alejamiento de Martín se cumplió la semana pasada aunque seguirá en funciones en Economía, seguramente en la relación con los municipios. En cambio, Domingo ascendió al subtesorero Jorge Randazzo aunque consignó en el gabinete provincial que la estrategia de Tesorería será fijada por el secretario de Hacienda, Luis Vaisberg y, además, recordó que cada organismo dispondrá de cupos para programar sus cancelaciones.

La mayor presión
de los proveedores corresponde a prestadores, constructoras y también los transportistas.