Economía y sociedad

ERNESTO BILDER (*)

El siglo XIX instaló en Europa la cuestión obrera, así como la necesidad de la protección estatal ante los estragos causados por la industrialización y la decadencia de las sociedades agrarias y artesanales. Posteriormente, en Inglaterra la noción del gobierno intervencionista y protector extendió el movimiento más allá de la cuestión laboral, para configurar en la centuria siguiente el estado de bienestar. En la ciencia económica, el tema fue debatido desde entonces y ha pasado por la identificación de las falencias de los mercados y su tema asociado, las formas de modificar la desigual distribución de la riqueza, mediante políticas correctoras. El cooperativismo figuró entre los primeros intentos privados para mejorar la situación de los trabajadores. En Inglaterra, Robert Owen fue uno de sus referentes al fundar en 1932 el “Equitable Labour Exchange”, propulsor de este movimiento. En la larga historia de las ideas y políticas que conforman el debate de la justicia distributiva, mencionaremos el “Sozialstaat”, o Estado Social, caracterizado en la Alemania de 1850 por Lorenz von Stein, que refleja la oposición continental al liberalismo inglés. Sus propuestas fueron instrumentadas por el conservador canciller Otto von Bismark (1815-1898) en el seguro de salud de 1883, el de accidentes de trabajo de 1884 y el de invalidez y vejez de 1889. Esto configuró la “Sozialpolitik”, que pretendía robustecer la tardía unidad nacional germana y quitar argumentos a los partidos contestatarios. Francia tuvo en el siglo XIX a referentes del tema como el político, diputado y ministro Émile Ollivier (1825-1913), quien sostuvo la necesidad de recrear un Estado intervencionista para proteger a los más vulnerables. Sus ideas se plasmaron en el trabajo “Sobre las coaliciones obreras”, que con Napoleón III se transformó en las leyes de derecho de asociación, derecho de huelga y un incipiente sistema de jubilaciones. La revolución bolchevique de 1917, desintegrada con la caída del Muro de Berlín, abolió la propiedad privada, entre otros objetivos, para aproximar la nivelación de ingresos de sus habitantes. La gran propuesta de las economías socialistas fue terminar con las injusticias implícitas del capitalismo que había logrado con la revolución francesa la democracia política, pero su economía de los mercados y precios aceptaba las diferencias de riquezas y sus consecuencias. Nuestro país tuvo en Alfredo Palacios el primer diputado socialista de América, electo en 1904 por el distrito de La Boca; fue el gran impulsor del “nuevo derecho” o derecho de los trabajadores y entre sus múltiples propuestas figuró el otorgamiento del voto femenino. Los vecinos rioplatenses contaron con las propuestas que en 1913 delineó su político José Batlle y Ordóñez, quien publicó sus “Apuntes”, en donde planteó una política nacionalizadora de recursos y una legislación social avanzada, en una economía dirigida, con un gobierno intervencionista y redistributivo. De alguna manera, el carácter social del Estado uruguayo en el siglo XX configuró una fuerte clase media y la antigua referencia del pequeño país como la Suiza de América, desmantelada en los años represivos. En 1920 A. C. Pigou publicó su “Economía del bienestar”, formando parte del movimiento nacido en la célebre universidad británica de Cambridge, donde la preocupación sobre el bienestar de toda la sociedad se convirtió en centro de discusiones. La gran depresión mundial de 1930 dio argumentos para el retorno del Estado regulador e intervencionista, cuyo máximo exponente fue el economista inglés J. M. Keynes, quien en su famosa obra “Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero” de 1936 señaló: “Los principales inconvenientes de la sociedad económica en la que vivimos son su incapacidad para procurar trabajo para todos y su arbitraria y desigual distribución de la riqueza y los ingresos”. Si bien Keynes no abordó cuestiones de protección social, la política que impulsará en apoyo del empleo tendrá necesariamente consecuencias en este ámbito. A partir de 1943 se popularizó la denominación “Welfare State” o estado del bienestar y el gobierno británico aceptó realizar una política de protección proyectando una mejor sociedad de posguerra. El fin del segundo gran conflicto en 1945 polarizó al mundo entre el capitalismo y el colectivismo. En Europa Occidental, especial lugar de la Guerra Fría, surgieron múltiples programas redistributivos que redujeron la conflictividad. Las políticas sociales requerían un elevado gasto público que podía abordarse con la prosperidad de la reconstrucción. Se consolidaron proyectos como la “Social Democracia”, una visión del progreso por la vía de reformas graduales, siendo sus exponentes máximos los países escandinavos. Entre ellos, Suecia fue durante décadas el ejemplo de Estado protector de sus ciudadanos desde el nacimiento a la muerte. La Argentina tuvo el gran empuje de sus políticas sociales con la llegada de J. D. Perón en 1946, cuyos objetivos declarados fueron: la consolidación de la independencia económica, la soberanía política, la justicia social y la construcción del Estado como árbitro supremo de la Nación. La reformada Constitución de 1949 reconoció a los trabajadores derechos fundamentales. El peronismo histórico se consolidaba como el mayor movimiento redistributivo del país. Pese al poder de las fuerzas que pugnan por confiar en los mercados y sus soluciones y a las cíclicas crisis del capitalismo que siempre reclaman ajustes, se extienden las demandas de seguridad social. Hoy un país que pretenda ser socialdemócrata debe garantizar: a) la salud pública, donde todos tengan acceso al sistema médico-hospitalario, b) el seguro de desempleo, para pagar una subvención por un tiempo razonable a los desocupados, c) las prestaciones jubilatorias que cubran dignamente las necesidades, d) la protección de accidentes de trabajo, e) el apoyo a la maternidad y la niñez, f) los subsidios a las familias carenciadas, g) la oferta de un sistema educativo que capacite promoviendo la inclusión y h) planes de viviendas sociales. La protesta actual de los “indignados” de Europa es otra forma de reclamar lugares dentro de la economía por parte de sectores mayoritariamente jóvenes y calificados a nivel laboral. Es una laboriosa tarea hallar el equilibrio entre las determinantes del funcionamiento del capitalismo y la modernización de las sociedades, con sus exigencias de solidaridad y justicia. (*) Economista. Neuquén