Ahorro fiscal, el motivo real detrás del debate por el IPC

La inflación volvió a ocupar el centro de la escena política y económica durante las últimas dos semanas, antes y después de la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero.
Pero, como no sucedía desde hace mucho tiempo, el foco no fue “el dato” de inflación sino “la credibilidad” del dato.

La salida intempestiva del ex director de Indec, Marco Lavagna, y un cambio metodológico que no fue, lograron poner en debate la principal fortaleza política y discursiva de la gestión Milei: la lucha contra la inflación. El gobierno libertario ostenta el éxito de haber llevado la inflación anual desde el 233% que dejó la gestión de Alberto Fernández, hasta el 31,5% al cierre de 2025.

No obstante, la polémica en torno a “como se mide” la inflación llega justo cuando los propios datos oficiales revelan que esa senda de desinflación se detuvo en el segundo semestre del año pasado.
Tras la discusión pública y mediática que ofreció el gobierno al respecto, se abren al menos dos interrogantes en torno a la postergación del cambio metodológico.

El primero es si acaso el gobierno temió que el primer dato de inflación del año empezara con un “3” adelante. Si ese fue el caso, pese a todo el ruido político y financiero autoinfligido, el gobierno no logró evitar que el primer dato de inflación del año mostrara una suba, que si bien es gradual y marginal, también es más que evidente.

El dato de inflación mensual acumula ocho meses de suba sin pausa desde el 1,5% de mayo hasta el 2,9% de enero. El acumulado anual en tanto, comenzó a subir marginalmente, pero sin pausa desde el 31,4% de octubre hasta el 32,4% que registró enero.

El segundo interrogante, es si el daño a la credibilidad de las estadísticas oficiales valió la pena. Enero registró una inflación de 2,9% en con la metodología vieja, pero el consenso de las consultoras privadas sostiene que con la metodología nueva hubiese dado 2,8%.

Es en ese punto donde se hace necesario profundizar un poco más respecto a los posibles motivos detrás de la energía que colocó el gobierno en un tema en el que Milei se siente fuerte frente a la opinión pública.

Al indagar en esa dirección, resulta que detrás de la decisión, hay razones más pragmáticas que la mera disputa ideológica en torno al origen del flagelo inflacionario o que la discusión respecto a la composición de la canasta de bienes y servicios con la que se relevan los precios.

Al respecto, una investigación publicada esta semana por la Universidad Di Tella estima que, de haber utilizado la canasta de consumo actualizada en el relevamiento de precios de 2025, la pobreza en el tercer trimestre del año pasado hubiese registrado un 33,2% en lugar del 26,9% estimado por el Ministerio de Capital Humano.

No obstante, al igual que la mayoría de las decisiones que ha tomado la gestión Milei desde su arribo al poder, el punto que moviliza la decisión vuelve a ser la ecuación fiscal. Dicho de otra forma, el uso de la vieja metodología le ahorra al Estado nacional cuantiosas sumas de dinero. Para comprenderlo es necesario revisar lo sucedido en el periodo 2024/25 y elevar la mirada a lo que resta del año 2026.

Hacia atrás

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El núcleo de la discusión de las últimas dos semanas radica en la composición de la canasta de bienes y servicios de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) utilizada por Indec para relevar precios.

La versión 2004 incluye bienes y servicios que ya nadie consume o utiliza, mientras que carece de otros bienes y servicios que representan mejor el gasto de las familias. Por el contrario, la versión 2017/18 se acerca mejor a los cambios de hábito de consumo de las últimas dos décadas de cambio tecnológico acelerado e irrupción de redes sociales e información infinita.

El cambio metodológico no debería resultar extraño si la intención es generar un dato estadístico lo más representativo posible de la realidad, y el Indec trabajó en ese sentido durante los seis años que duró la gestión de Marco Lavagna al frente del organismo.

Pero el dato saliente es que todo lo necesario para implementar el cambio en la forma de medir la inflación está listo desde hace un año y medio, y por diferentes razones la gestión Milei decidió postergarlo una y otra vez.

Quien certificó ese dato esta semana fue el ex viceministro de economía de Luis Caputo, Joaquin Cottani. En una larga entrevista con Maxi Montenegro el ex número dos de economía afirmó: “Es un tema de larga data, el índice estaba listo y la idea era que saliera en el año 2024”, y agregó: “Tuvimos una reunión con Lavagna, y estaba dispuesto a postergar hasta septiembre, lo que inicialmente estaba programado para junio de ese año”.

"EL ÍNDICE DEL INDEC ESTABA LISTO EN 2024"

Joaquín Cottani, ex viceministro de Economía, en #MaxiMediodía con @maximmontenegro & @jpmarino79

💬"Cuando yo estaba, tuve una reunión con Marco Lavagna para definir la fecha. No había ninguna razón para postergarlo demasiado". pic.twitter.com/CNM0t8Qi59

— Ahora Play (@ahora_play) February 4, 2026

¿Cuál es la razón por la que el gobierno se niega a utilizar un termómetro más preciso para cuantificar la inflación? Una herramienta que ya tiene disponible desde hace un año y medio y conforma el núcleo central de su propuesta política.

Precisamente en medio de la polémica, los especialistas señalaron que hubiese sido mucho más importante contar con el relevamiento en base a la ENGHo 2017/18 durante el proceso de fuerte desaceleración de precios de 2024/25.

En efecto, un estudio del investigador Martín Rozada de la Universidad Di Tella, estima que, entre noviembre de 2024 y diciembre de 2025, la no utilización de la nueva canasta implicó una sub estimación del 14% en el dato inflación anual.

No es un dato menor. Impacta de lleno en el cálculo de salarios y jubilaciones que se actualizan por inflación.
Al respecto, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), analiza en detalle la evolución del haber previsional mínimo, el cual se actualiza de forma trimestral por IPC.

En línea con el cálculo de Di Tella, el documento de CEPA señala que en base a la actual metodología que usa Indec para medir inflación, las jubilaciones perdieron 2,4% en términos reales desde el último trimestre de 2023. Pero si la inflación se hubiese calculado en base a la canasta 2017/18, la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados hubiese llegado al 11,4% desde que asumió Javier Milei.

En otras palabras, la decisión de no cambiar el termómetro de inflación le permitió al gobierno licuar un 9% adicional el gasto previsional.

El impacto sobre el salario real es similar. La consultora Empiria que conduce el ex ministro de economía de la nación Hernán Lacunza, estima que de haberse aplicado el cambio metodológico en 2024, la pérdida adicional de poder adquisitivo hubiese sido del 6%, mientras que la consultora LCG estima esa diferencia adicional en el 4%.
Será sin dudas uno de los argumentos centrales de las paritarias que comienzan a desarrollarse en el mes de marzo.

Hacia adelante

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Consumada la publicación del dato de inflación de enero, gran parte de los economistas expresó su indiferencia ante la decisión de no modificar la metodología de relevamiento de precios. Adujeron que la diferencia entre el dato oficial y el que surge de utilizar la canasta 2017/18, hubiese sido marginal.

No obstante, hay un detalle central que comenzará a apreciarse desde el mes de febrero, y tiene que ver con el peso que cada canasta asigna a los bienes y a los servicios en el relevamiento. Mientras la ENGHo 2004 asigna un peso del 67% a los bienes y del 33% a los servicios, la ENGHo 2017/18 asigna una 52% a los bienes y un 48% a los servicios.

Casualmente desde febrero, comenzará a regir la nueva política de segmentación en las tarifas de la electricidad, y solo los hogares de menores ingresos recibirán subsidio en sus boletas de luz. De igual forma en febrero, comenzarán a aplicarse ajustes en las tarifas de gas, con subas promedio del 16,9% que alcanzarán al 75% de los usuarios.

Es decir que de haber implementado el cambio metodológico que ponderaba más el precio de los servicios, el impacto de los aumentos que rigen desde febrero en las tarifas hubiese motorizado los datos mensuales de inflación en los meses subsiguientes de 2026.

Dicho de otra manera, la evidencia acerca de las diferencias de medición que arrojan la canasta de 2004 y la canasta de 2017/18 empezará a verse desde febrero y hacia adelante. Esa distancia nuevamente se traduce en ahorro fiscal para el Estado nacional.

Un estudio realizado por el Departamento de Estudios Económicos del BAPRO, se enfocó en la proyección de inflación para lo que resta de 2026 utilizando ambas canastas.
El documento publicado antes de conocerse el dato oficial de enero asignaba una diferencia de 0,2% entre ambas mediciones para el primer mes del año, a tono con la estimación de las consultoras privadas.

Sin embargo, de cara al resto del año y dado el mayor peso relativo que la canasta 2017/18 asigna a los servicios, estima que habría una distancia acumulada de 2,7% entre ambas mediciones a lo largo de 2026. En efecto el estudio estima para el cierre de este año una inflación acumulada del 25,9% en base a la ENGHo 2004, y una inflación acumulada del 28,6% en base a la ENGHo 2017/18.

Esa subestimación del 2,7% en la inflación anual por la no implementación del cambio de IPC, se traduce inmediatamente en una subestimación de dos partidas esenciales que se actualizan por inflación: jubilaciones y bonos en pesos ajustables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
Según el estudio publicado por BAPRO, el ahorro fiscal por mantener la canasta 2004 podría llegar a $5 Billones a lo largo de este año. La suma equivale al 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI).

La traducción es sencilla. La disputa en torno a la salida de Marco Lavagna de Indec y a la no implementación del nuevo IPC va mucho más allá de las pequeñeces en el barro de la política. Implica en realidad colocar una vez más y al igual que otros momentos de la historia reciente, a jubilados y bonistas como aportantes compulsivos de la ecuación fiscal de 2026.