El BCRA avanza con el cobro con transferencia para créditos: las expectativas en medio del debate por la mora

En marzo de este año, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció la implementación del denominado “cobro con transferencia (CCT)”, un mecanismo diseñado para regular y agilizar el pago de las cuotas de préstamos mediante un sistema de débito directo mensual que permite operar incluso entre cuentas de diferentes entidades. La medida fue presentada por la entidad que preside Santiago Bausili como una solución superadora y transparente para los usuarios, con fecha de puesta en marcha estipulada para el próximo 31 de agosto.

Sin embargo, a escasos días de que debiera entrar en vigencia, la recepción en el mercado financiero muestra escepticismo, según reveló Infobae. Diversas fuentes de bancos y empresas fintech coincidieron en que muchas entidades no lograrán implementar el CCT dentro del plazo previsto y que, aun cuando logren adaptarlo, su utilización práctica será sumamente limitada.

El escenario actual vuelve crucial cualquier vía de recaudación: con el alza de la morosidad consolidada como uno de los principales problemas del sector, los mecanismos para asegurar el cobro de las cuotas están bajo la lupa.

Si bien la normativa no posee carácter retroactivo y operará únicamente para los nuevos créditos otorgados —además de las potenciales refinanciaciones a morosos—, las dudas operativas opacan el entusiasmo oficial, en un contexto donde los voceros del BCRA han evitado responder a las consultas sobre su implementación.

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El antecedente del débito directo y las nuevas restricciones

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El regreso de un sistema de débito directo para cuotas era un viejo reclamo del sector financiero. El esquema anterior, conocido como “débito directo interbancario”, operó hasta 2020, año en el que fue derogado por el gobierno de Alberto Fernández en medio de la crisis de la pandemia. Aquella herramienta permitía a los bancos realizar múltiples reintentos de débito hasta que el cliente reuniera los fondos necesarios en su cuenta. No obstante, el sistema generó fuertes rispideces políticas luego de que gobernadores manifestaran sus quejas porque las cuotas de préstamos absorbían de manera inmediata la acreditación de planes sociales destinados a sectores vulnerables.

Para evitar los excesos de aquel esquema, el nuevo CCT llega acompañado de un riguroso marco de limitaciones normativas:

• Cuotas fijas: la herramienta solo puede aplicarse en préstamos estructurados con cuotas fijas e iguales, lo que imposibilita el cobro de punitorios o montos variables.
• Límite de reintentos: si el primer intento de débito no cuenta con fondos suficientes, la entidad solo tiene habilitados dos reintentos automáticos, estipulados a las 48 y 96 horas.
• Consentimiento del usuario: requiere una autorización explícita y por única vez por parte del cliente, la cual puede ser revocada.
• Tope de ingresos: la normativa exige que la cuota no supere el 30% de los ingresos declarados por el prestatario al momento de originar el crédito.

A esto se suman cortocircuitos respecto a la validación de identidad. Desde el sector bancario cuestionan que la reglamentación prohíba utilizar el reconocimiento facial —el método biométrico más extendido y seguro en las aplicaciones financieras— para registrar el consentimiento del cliente.

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La «cobranza cruzada» y el escollo de las cuentas remuneradas

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Uno de los ejes centrales del CCT es la creación de las figuras de “originante” y “receptor”, ideadas para permitir la interoperabilidad de modo que una entidad pueda debitar la cuota de un préstamo directamente desde una cuenta perteneciente al mismo cliente en otra institución, ya sea un banco o una fintech.

No obstante, los ejecutivos del sector tildan esta operatoria de «inviable». La normativa exige que, para que un banco pueda ejecutar un débito cruzado en otra entidad, debe previamente depositar el monto total del préstamo en la institución rival. “Ningún banco grande ni Mercado Pago va a aceptar depositarle el monto del crédito propio a un competidor para poder debitarle las cuotas”, explicó un referente de una entidad líder.

A las trabas normativas se le suma la dinámica de las cuentas virtuales (CVU). Dado que la mayoría de las billeteras digitales ofrecen cuentas remuneradas, el dinero de los usuarios suele invertirse de manera automática en fondos comunes de inversión, dejando los saldos líquidos en cero. En consecuencia, un intento de débito directo sobre estas cuentas correría alto riesgo de chocar contra fondos insuficientes en la caja de ahorro virtual.

Para los analistas del mercado, la única oportunidad real de uso para esta interoperabilidad quedará reducida a financieras o fintechs de menor porte que decidan tercerizar el cobro de sus cuotas a través de la infraestructura de los bancos tradicionales, una práctica que en los hechos ya ocurre de manera informal. La obligatoriedad de que las autorizaciones se limiten a una única cuenta ajena también choca con los hábitos del sistema: en la actualidad, cada argentino posee en promedio unas 8 cuentas entre CBU y CVU a su nombre, lo que complejiza el engranaje que el Banco Central busca formalizar a partir de los próximos días.