Los jubilados siguen en la licuadora del gasto

El foco de la agenda pública en la primera semana de un diciembre que se anticipa calmo en materia económica y financiera, se posa sobre el tenor de las iniciativas que se tratarán en las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación. Las reformas laboral, tributaria y penal, sumado al Presupuesto 2026, ocupan el centro de la escena.

Detrás del telón de ese debate público, el Boletín Oficial del lunes 1 de diciembre incluyó dos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que sirven como muestra de la dinámica de la política presupuestaria en los últimos dos años.

El DNU 848/25 establece que el bono que reciben los jubilados y pensionados de la mínima volverá a ser de $70.000 en el mes de diciembre. Es el valor en que se ubica desde marzo de 2024 cuando se estableció junto a la nueva fórmula de movilidad previsional. Durante esos 21 meses en que ha permanecido congelada, la suma que pretendía ser un paliativo “extraordinario”, ha perdido el 55% de su valor real.

Por otra parte, el DNU 849/25 establece una ampliación del Presupuesto 2025 incrementando y reasignando partidas a un extenso conjunto de ministerios y dependencias del Estado Nacional. El texto aduce que la ampliación del gasto no afecta el resultado fiscal de 2025, en tanto se han registrado ingresos superiores a los previstos.

La comprensión de ambas medidas requiere cierto grado de análisis en profundidad. No obstante, su publicación conjunta arroja a priori un mensaje elocuente: los jubilados vuelven a quedar fuera de la ampliación de presupuesto.

A simple vista podría afirmarse incluso que buena parte de los recursos extraordinarios con los cuales se amplía el gasto a 30 días de terminar el año, provienen del bolsillo de los jubilados.
Los datos corroboran esa premisa inicial.

Sí hay plata

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El alcance del DNU 849/25 se justifica en la prioridad que el Estado nacional otorga a la continuidad de servicios esenciales como seguridad, salud y educación, asignando recursos incluso en áreas con las cuáles el gobierno desplegó fuertes conflictos políticos a lo largo del año.

En efecto, el DNU 849/25 incluye partidas extraordinarias por $190.000 millones para las universidades nacionales o por $173.032 millones para pensiones por discapacidad. También vuelve a ampliar por $26.117 millones los recursos para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

En total, la extensión de la prórroga del Presupuesto 2023 con la cuál viene funcionando el Estado nacional, amplía el gasto en el último mes de 2025 por un total de $2,81 billones, lo que equivale a un 0,3% del Producto Bruto Interno (PBI).

Si bien el incremento del gasto otorga a la Anses recursos para el pago de prestaciones previsionales y una serie de programas y políticas a cargo del organismo como seguro de desempleo, asignaciones familiares, y el Programa 1.000 Días de nutrición infantil, lo cierto es que los jubilados son los únicos ausentes en el reparto de los recursos extraordinarios.

La publicación conjunta del congelamiento del bono a los beneficiarios del haber previsional mínimo y la extensión del presupuesto no parece casual. Más bien (y en base a los datos), parece que una de las medidas sirve para explicar la otra.

El pato de la boda

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La historia argentina reciente no deja lugar a dudas. Sin importar la época ni el color político, las últimas cuatro gestiones de gobierno a lo largo de una década y media, han utilizado a los jubilados como la variable de ajuste para equilibrar las cuentas del Estado nacional.

Bajo la premisa de que se trataba de una normativa destinada a generar “la quiebra del Estado”, la expresidenta Cristina Fernández vetó en 2010 una ley aprobada en ambas cámaras del Congreso, que otorgaba a los jubilados de la mínima el derecho a un haber equivalente al 82% móvil de su salario promedio en actividad.

Más tarde en 2017, la gestión de Mauricio Macri impulsó una nueva ley de movilidad (27.426) para los haberes previsionales, la cual actualizaba las prestaciones en un 70% en base a inflación (IPC) y un 30% por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Registrados (Ripte). Desde su implementación y hasta su derogación en 2020, los haberes previsionales perdieron un 20% en términos reales.

Ya en 2021 y tras suspender la movilidad del macrismo, el gobierno de Alberto Fernández impulsó una nueva ley de movilidad previsional (27.609), que otorgaba aumentos trimestrales basados un 50% en Ripte y un 50% en el incremento de la recaudación de Anses. Desde su aplicación y hasta su derogación en 2024, los haberes previsionales perdieron un 8% en términos reales.

En otras palabras, la “licuadora” que la gestión Milei viene aplicando en la actualidad a los haberes previsionales, no es una novedosa idea libertaria, sino un capítulo más de un largo derrotero en el cual los jubilados siempre han sido el pato de la boda.

El actual gobierno cambió la fórmula de actualización de los haberes previsionales en marzo de 2024, cuando suspendió la fórmula vigente desde 2021, y estableció incrementos mensuales por inflación, con dos meses de rezago.

En ese mismo momento se estableció un bono “extraordinario” mensual de $70.000. Al mes siguiente, se otorgó un aumento extraordinario del 12,5% para reconocer parte del impacto inflacionario del primer trimestre de 2024. Desde ese entonces, el haber mínimo se ha actualizado de forma mensual. El bono en cambio se mantiene congelado en el mismo valor desde hace 21 meses.

Tomando en cuenta el haber mínimo ($340.879) más el bono ($70.000), los jubilados recibirán un total de $410.879 en diciembre. Deflactada por el 171,8% de inflación acumulada desde diciembre de 2023, la suma es un 6,5% menor en términos reales a los haberes previsionales vigentes en noviembre de 2023, último mes de la anterior gestión de gobierno.

No obstante, el impacto de la licuadora se aprecia con claridad en el bono que el DNU 848/25 vuelve a congelar en $70.000.
En base a los aumentos mensuales por inflación y sin contar el aumento excepcional del 12,5% en abril de 2024, el gobierno de Javier Milei otorgó un aumento del 124% a las jubilaciones mínimas desde el cambio de fórmula.

Si desde marzo de 2024 el bono de $70.000 se hubiese actualizado mes a mes al mismo ritmo que el haber mínimo, su valor en diciembre de 2025 debiera ser de $157.218. La diferencia para el presente mes asciende a $87.218.

El gráfico que acompaña la nota recoge la diferencia acumulada a lo largo de los 21 meses en que el bono permaneció congelado, entre los $70.000 que recibió cada beneficiario, y lo que debió haber recibido si el bono se hubiese actualizado de la misma forma que el haber mínimo.

El cálculo arroja un número impactante: la suma que cada jubilado de la mínima perdió por la no actualización del bono asciende a $1.138.560. Tal es el “aporte solidario” de cada jubilado a la noble causa del equilibrio fiscal en los últimos 21 meses.

Es una obviedad. Detrás de la decisión de la gestión Milei de licuar el bono, se halla la misma motivación que llevó a cada uno de los gobiernos anteriores a revisar las fórmulas de movilidad: el sistema previsional en su conjunto tiene la capacidad de poner en jaque el financiamiento de todo el Estado nacional.

Solo para tomar dimensión de la magnitud, basta con un sencillo cálculo.
El bono de $70.000 es percibido no solo por los beneficiarios de la jubilación mínima, sino también por quienes perciben Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), o pensiones no contributivas por vejez, invalidez o por ser madres de siete hijos o más.

Pero si se considera solo el universo de 3 millones de beneficiarios de la jubilación mínima y se lo multiplica por los $87.218 extra que debió haber percibido cada uno en diciembre, el gasto extra para el sistema previsional hubiese ascendido en un solo mes a $2,61 billones.
La suma resulta muy similar a los $2,81 billones de extensión presupuestaria establecida en el DNU 849/25.

Lo cierto es que el problema es de muy difícil resolución. Los aportantes activos representan solo 6 de cada 10 trabajadores activos (aquellos que trabajan en blanco), y el panorama se agrava a futuro si se considera que la natalidad cayó un 40% en los últimos 10 años, lo que asegura menos ingreso de trabajadores activos al mercado en las próximas dos décadas.

Será sin duda, uno de los grandes debates que se avecina en los próximos días cuando la reforma previsional ingrese al Congreso.
Mientras eso sucede, los adultos mayores siguen siendo la variable de ajuste.