El control de armas

La secretaria de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a desatar una polémica al defender la “libertad de los ciudadanos” para tener y usar armas de fuego, ignorando las restricciones legales que tiene el país en este tema y contradiciendo las políticas oficiales que buscan reducir la cantidad de armamento a disposición del público.

Bullrich realizó las declaraciones en un acalorado intercambio con la prensa sobre el caso del policía Chocobar, que será juzgado próximamente por matar a un delincuente durante un robo, cuando el presunto atacante huía y estaba desarmado. En su defensa del agente, la ministra señaló que espera que en el juicio se impongan “la lógica y la razón”. Al ser repreguntada sobre si eso no alentaba la autodefensa armada, replicó: “El que quiera andar armado, que ande armado; el que no quiera estar armado, que no esté armado: la Argentina es un país libre”. Ante el escándalo, matizó luego diciendo: “Mi recomendación es que la gente no ande armada”.

Las afirmaciones de Bullrich son preocupantes. Primero, por la ligereza con que toma las importantes restricciones que tiene nuestro país en materia de tenencia y portación de armas entre la población civil, lo que, entre otros aspectos, le permite tener bajas tasas de homicidios respecto de otros países de la región. En Argentina hay cerca de un millón de usuarios de armas registrados, aunque casi la mitad tiene su permiso vencido. Para tener una de manera legal se debe realizar un trámite ante la Anmac (Agencia Nacional de Materiales Controlados, ex-Renar) y acreditar ser mayor de 21 años, un medio lícito de vida, no tener antecedentes penales, y presentar certificados de aptitud de tiro, física y psicológica.

La ley 20429, a diferencia de otros países, distingue entre “tener” y “portar” un arma. En el primer caso sólo se permite tenerlas en la casa, transportarlas descargadas y usarlas sólo en lugares habilitados (clubes de tiro deportivo, cotos de caza). “Portar” un arma implica poder llevarla en cualquier lugar, lista para ser usada. Esto requiere un permiso especial, que sólo se ha otorgado a unas 5.000 personas en todo el país. La ley distingue además entre aquellas de “uso civil”, semiautomáticas y no superiores al calibre 22, y las de “uso condicional” de alto calibre, reservadas a las fuerzas de seguridad y casos especiales.

Esta doctrina diferencia a nuestro país de otros como Estados Unidos, donde el uso y la portación de armas son más libres, llegando a condición de “derecho civil” en Texas o Arizona. Para los especialistas, esta cultura de armamento facilita las periódicas masacres que ocurren allí, y sus altas tasas de suicidios y homicidios, respecto a su vecino Canadá o los países europeos.

Estadísticas internacionales avalan el control. Según la ONU, el sólo hecho de tener un arma de fuego acrecienta las posibilidades de ser víctima. Los poseedores de armas tienen 43 veces más posibilidades de matarse o matar a alguien de su familia que de disparar contra un delincuente. En Argentina, cada día mueren 8 personas por el uso inadecuado de armas de fuego. Según el Poder Judicial en Buenos Aires, el 60% de los homicidios se cometió con un arma de fuego y la mayoría fue entre gente que se conocía: disputas por droga, conflictos personales o intrafamiliares, y no en situación de robo. Uno de cada cuatro femicidios fue con armas de fuego.

Bullrich contradice también a su propio gobierno, que postuló la restricción de las armas de fuego como uno de los ejes principales de gestión, ya que se sabe que muchas armas usadas en delitos proviene del circuito legal. La propia ministra presentó como un éxito la campaña de la Anmac que logró en un año sacar de circulación 1.400 armas en Santa Fe, donde Rosario tiene una de las tasas más altas de homicidios del país.

Incentivar desde el gobierno a los ciudadanos a armarse implica admitir el fracaso del Estado en materia de seguridad. Y, como señaló la Red Argentina para el Desarme, “la seguridad no mejorará con ciudadanos-sheriff ni vengadores anónimos”, sino que debe ser “una construcción social basada en la empatía y la solidaridad, en la que el Poder Ejecutivo debe poner los recursos al servicio de la prevención”, en la cual restringir la proliferación de armas es clave.

Editorial