Ataque a un consenso básico
La conmemoración hoy de los 48 años del golpe de Estado que llevó al poder a la última dictadura cívico-militar argentina, se produce en un clima enrarecido, de crispación política y de “batalla cultural” impulsado por el Gobierno, que pareciera querer avanzar contra uno de los consensos básicos de la democracia argentina moderna: la condena al terrorismo de Estado, el juicio a sus responsables y el mantenimiento de la memoria histórica de lo ocurrido.
En las horas previas a las movilizaciones que organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales preparan para hoy hubo una serie de hechos que elevaron la tensión. El más grave fue la agresión sufrida por una militante de H.I.J.O.S en Santa Fe, golpeada y abusada por personas que no ocultaron su intención intimidatoria y dejaron como “firma” la sigla de la frase emblema de los libertarios. El Gobierno se limitó a esperar a “que la justicia avance” para esclarecer el hecho y el propio Milei dio “me gusta” a un posteo que consideró el episodio como “una opereta más de la izquierda”. Antes y después hubo acciones masivas en las redes promoviendo la “verdad completa” sobre los 70 y otras acosando y denigrando a publicaciones y militantes de derechos humanos referidas a las marchas del 24. Hubo rumores de posibles indultos o artilugios legales para facilitar la prisión domiciliaria a ex represores.
En este clima, el Gobierno aprovechará la fecha como otro episodio de su “batalla cultural” contra la clase política y la oposición. En simultáneo con las movilizaciones, difundirá un documental donde contaría “otra versión” de los hechos y cuestionará la cifra de 30.000 desaparecidos, un tópico sobre el cual tanto el presidente, pero sobre todo la vicepresidenta Victoria Villarruel, han hecho hincapié siempre. Como si la “precisión” a la baja sobre la cifra de víctimas de la actividad represiva ilegal disminuyera en algo el horror de lo hecho por la dictadura. Y fuera tarea de esas víctimas aportar la evidencia y no de quienes hasta hoy mantienen en secreto o destruyeron archivos y evidencias del terror de Estado.
El abierto negacionismo de sectores del gobierno afloró en las declaraciones de Villarruel, quien para oponerse al uso de militares contra la violencia narco, planteó que “no es función de las FF.AA. combatir a civiles” porque cuando en los 70 los militares “combatieron al terrorismo, terminaron todos presos”. Obvió que ese “combate” se dio fuera de un Estado de Derecho, violó todas las garantías civiles e incluyó a líderes políticos, sindicales, barriales, docentes, artistas, intelectuales o bebés apropiados ilegalmente. Por ello los jefes de las Juntas militares y más de 1.000 personas (militares y civiles) han sido condenadas por delitos de lesa humanidad.
Entre la memoria y el olvido
Nuestro país vive desde 1983 el periodo democrático más extenso de su historia, con alternancia en el poder de fuerzas de distinto signo e incluso ha podido resolver graves crisis políticas y económicas pacíficamente. A pesar de la insatisfacción con su funcionamiento y las deudas en desarrollo económico y social, hay consenso (un 62% según Latinobarómetro, la segunda más alta detrás de Uruguay, 69%) en que este sistema es preferible a cualquier otro.
La lingüista española Beatriz Gallardo Paúls señala en un reciente artículo que una característica de las “derechas alternativas” globales, dentro de las cuales se adscribe a Milei, es la “desinhibición reaccionaria” en el discurso político. No dudan en recurrir la humillación, las frases despectivas o el insulto para mostrarse “auténticos” y oponerse sin complejos a la corrección política progresista. Agrega que esta pirotecnia discursiva busca “hurtar y eludir la verdadera conversación política”, negando sin argumentos hechos probados y naturalizando el exabrupto, con el peligro cierto de degradar el ambiente político y que la agresividad verbal mute en violencia concreta.
El gran interrogante es cuán lejos llegará Milei en su batalla discursiva, cuando la recesión aumenta el malestar social aún entre sus propias bases. Porque a diferencia de otras experiencias latinoamericanas, no tiene resultados espectaculares para mostrar, y sus choques a repetición contra distintos sectores de una sociedad movilizada y organizada como la argentina pueden tener consecuencias imprevisibles.
Comentarios