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Entre la memoria y el olvido

Uno de los pocos acuerdos que la inmensa mayoría de las fuerzas políticas ha mantenido en estas cuatro décadas de democracia parece a punto de sucumbir en el nuevo gobierno.

Mañana es el Día de la Memoria. Se lo celebra desde 2002. Fue instituido por una ley votada durante la presidencia de Eduardo Duhalde. Tuvo como antecedente un decreto de 1998 dictado por Carlos Menem que dispuso que en los establecimientos educativos el 24 de marzo (aniversario del Golpe de Estado de 1976) fuera una jornada de reflexión, dedicada a pensar críticamente sobre el Golpe de Estado.

En 2006, durante el mandato de Néstor Kirchner, una ley estableció que el 24 de marzo sería feriado inamovible. Han pasado 48 años desde el Golpe de Estado y uno de los pocos acuerdos que la inmensa mayoría de las fuerzas políticas ha mantenido en todas estas cuatro décadas de democracia (el repudio por la Dictadura Militar, el acuerdo para juzgar a los responsables de las violaciones de los Derechos Humanos y la memoria del horror del Terrorismo de Estado) parece estar a punto de sucumbir a manos del nuevo gobierno.

Ese acuerdo político comenzó a tambalear hace 20 años por un error gravísimo del kirchnerismo. Ese error fue haber partidizado la lucha por los Derechos Humanos, ofreciendo una visión sesgada de los 70 y presentando los juicios contra los represores como algo que solo fue posible porque ellos gobernaban.

Desde el gobierno de Alfonsín hasta el gobierno de Eduardo Duhalde inclusive, el respeto por los Derechos Humanos y el castigo a los culpables de las violaciones eran patrimonio del pueblo argentino en su conjunto. Ni se lo consideraba algo que identificaba a los radicales o a los peronistas. Néstor Kirchner cambió esa percepción política histórica al presentarse como el único político abanderado de los derechos humanos.

La oposición al kirchnerismo comenzó, entonces, a cuestionar no solo el “relato” kirchnerista sobre los años 70 (que ensalzó la lucha violenta de los grupos que proponían la revolución socialista) sino toda mención a los desaparecidos. Se llegó hasta tal punto en rechazo de un tema tan delicado que durante la presidencia de Mauricio Macri se habló del “curro” de los derechos humanos. Aun así, la ruptura no llegó a ser total, pero durante todo el gobierno de Cambiemos hubo roces con los organismos de derechos humanos, que nunca fueron tenidos en cuenta desde 2015 hasta diciembre de 2019.

Macri solo dejó de lado esta posición de antagonista de los que reivindican los derechos humanos cuando vino de visita el presidente norteamericano Barack Obama y pidió conocer el Parque de la Memoria para rendir homenaje a las víctimas del Terrorismo de Estado. Macri acompañó a Obama y participó del homenaje a las víctimas. Fue la única vez durante su mandato en la que hubo un homenaje a los desaparecidos.

Durante la presidencia de Alberto Fernández se volvió a la posición mayoritaria de la política argentina de respeto por los derechos humanos. Pero al llegar Javier Milei y Victoria Villarruel a la Casa Rosada el panorama ha cambiado radicalmente. Villarruel fue desde comienzo de este siglo una férrea defensora de la idea de que no hubo violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. Ni siquiera suele reconocer que fue una dictadura. Considera que el país vivió una guerra y que Videla nos defendió de un ataque terrorista. Lejos de juzgar a los militares que participaron del Golpe del 76, la actual vicepresidenta cree que deberíamos agradecerles. Milei, al menos hasta ahora, es más moderado en el reconocimiento de la Dictadura. Cuando ha hablado del tema -en el Debate Presidencial, por ejemplo- ha criticado a los organismos de derechos humanos y ha sostenido la idea de que los militares nos salvaron del comunismo, pero también reconoce que “se excedieron” y cometieron “algunos abusos”. Es una posición que se opone radicalmente con la que han tenido decenas de tribunales judiciales -comenzando por el que juzgó a las Juntas Militares en 1985- y lo que dicen las investigaciones históricas.

Qué pasó en la Argentina entre 1976 y 1983 ya está establecido en cientos de libros de historia y en numerosos fallos judiciales sobre el Terrorismo de Estado. Tanto los tribunales judiciales como las cientos de investigaciones históricas ya publicadas sobre la dictadura han coincido que el gobierno militar tuvo un plan sistemático de exterminio que causó millares de víctimas; que ese plan represivo se implementó para poder realizar sin oposición un plan económico que destruyó la matriz económica industrial que tenía el país en aquella época; una matriz industrial que permitía construir una sociedad más igualitaria en la que la pobreza apenas alcanzaba al 4% de los argentinos.

Mañana el presidente nos hará conocer un nuevo relato que es contrario al que está basado en las investigaciones históricas y judiciales. Eso tendrá consecuencias. Romperá el acuerdo que fundó los cuarenta años de democracia que vivimos en paz y libertad.


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