Corrupción impune

El estallido de un presunto caso de corrupción protagonizado por el exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, sorprendido disfrutando de unas fastuosas vacaciones en Europa imposibles de costear con sus ingresos de funcionario, agitó la agenda mediática y las redes sociales. Sin embargo, más allá del escándalo, los expertos en esta temática son escépticos de que se llegue a alguna sanción efectiva de estas conductas, ya que son parte de un sistema, creado por una cultura política y varias debilidades institucionales de nuestro país, que ningún gobierno ha sido capaz de desmontar desde el retorno a la democracia.

El caso Insaurralde vino acompañado de otros dos. La contratación de una esotérica numeróloga por parte de una gerenta del Banco Nación y el del puntero “Chocolate” Rigau, sorprendido en un cajero con 48 tarjetas de débito de supuestos empleados de la legislatura bonaerense, un caso de financiamiento paralelo de la política con “ñoquis”. Este fue el que menos agitación política generó, ya que salpica también a la oposición y tiene similares en otras provincias.

Como suele suceder, los acusados denunciaron “operaciones de campaña” y los partidos realizaron rápidas medidas de “control de daños” para salvar la imagen de sus candidatos. Los analistas políticos dudan que impacte decisivamente en las urnas, ya que los decepcionados del oficialismo por estos temas se fueron hace tiempo del espacio y el núcleo duro de sus seguidores es inmune a estas denuncias. Además, los hechos implican a más de un partido, incluyendo a socios de JxC e incluso aliados de quien más cosecha en el clima de hartazgo ante la “casta”, Javier Milei.

En una entrevista reciente, la abogada especializada en corrupción, Natalia Volosin, adelantó su impresión de que “si bien estos casos nos van a mantener entretenidos por un par de meses y quizás veamos a funcionarios en tribunales e incluso ser procesados, finalmente todos terminarán libres y disfrutando de los frutos de su robo”.

Para la autora del libro “La máquina de la Corrupción”, es un problema que viene desde el fondo de nuestra historia, pero que tomó forma propia desde el retorno a la democracia. Es “un sistema complejo, aceitado y permanente formado por: políticos, funcionarios, empleados, sindicalistas, medios, jueces, fiscales, abogados e integrantes de fuerzas de seguridad e inteligencia”.

Es un esquema muy poderoso, que aunque cambie el rol de sus actores (“a veces les toca una porción grande, otras pequeña, pero siempre les toca”, dice Volosin) sobrevivió a distintos modelos económicos y políticos. “No la rompió el neoliberalismo. No la rompió el estatismo. No la va a romper Milei”, afirma enfática. Una concepción similar tiene Hugo Alconada Mon en su libro “La Raíz”, donde detalla los mecanismos usados por privados y corporaciones para apoderarse de bienes públicos.

Entre las debilidades institucionales que aprovecha este sistema están: una ley de obras públicas de 1947 y otra de concesiones de 1967, llenas de lagunas que permiten comprar bienes y adjudicar obras por decreto y sin rendir cuentas. Una ley de Administración Financiera que permite usar fondos públicos sin control. Entes contralores (AGN, OA, SIGEN, UIF, AAIP) a cargo de leales, subordinadas al Ejecutivo, sin independencia funcional ni autonomía financiera y que actúan después de los hechos. Un acceso al empleo público sin concursos, un sistema de coparticipación arbitrario, una Agencia de Inteligencia con fondos secretos y autónoma, la facultad del Jefe de Gabinete de reasignar hasta 7% del presupuesto, un Poder Judicial, especialmente el federal, con procedimientos opacos y obsoletos, colonizado por la política. Pocos mecanismos de participación y fiscalización de organizaciones civiles. Un mal sistema de financiamiento de las campañas electorales.

Resulta lamentable que, más allá de usar los escándalos para denigrar rivales, ningún candidato proponga medidas ni consensos para superar estas debilidades institucionales y la cultura política, origen de las tramas de corrupción que saquean al Estado, complican la vida de los ciudadanos y lastran el desarrollo del país.