¿Es prioridad el ambiente?

La pobre respuesta estatal ante los devastadores incendios forestales en el país revela que para medir el compromiso ambiental de los gobiernos no alcanza con la creación de estructuras burocráticas, sino que además se requiere financiamiento, transparencia, planificación y políticas públicas participativas aplicadas por funcionarios idóneos, entre otros factores.

Desde los ‘90, distintos gobiernos han prometido jerarquizar la política ambiental, primero con una secretaría y desde 2015 con un ministerio específico, que busca “coordinar las políticas del gobierno en materia ambiental, estableciendo la planificación estratégica de políticas y programas en este sentido”. Sin embargo, el cargo ha funcionado más como premio a lealtades políticas o compensación en el reparto de poder que para coordinar acciones de Nación y las provincias en la materia.

La primera fue María Julia Alsogaray (1991-1999), quien prometió “limpiar el Riachuelo en 1.000 días”, gastó más de 35 millones de dólares sin resultados y terminó condenada por enriquecimiento ilícito.

En 2006 arribó Romina Picolotti, en los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, que también terminó condenada e inhabilitada por administración fraudulenta.

El ministerio ha funcionado más como premio a lealtades políticas o compensación en el reparto de poder que para coordinar acciones de Nación y las provincias en la materia

Mauricio Macri “jerarquizó” el área como ministerio, pero designó al rabino Sergio Bergman, quien admitió que “no tengo demasiado conocimiento técnico en medio ambiente, es más sentido común”, realizó pocas acciones relevantes y en 2018 su cartera fue degradada a secretaría.

El presidente Alberto Fernández le devolvió el rango ministerial y, en la lógica de “loteo” de cargos entre facciones peronistas del FdT, nombró al camporista Juan Cabandié, con militancia en derechos humanos pero escasa experiencia en el área.

En dos años, el ministro ha sumado polémicas por la escasa coordinación con las provincias en el manejo del fuego, en un período caracterizado por el agravamiento de los incendios forestales, que los especialistas atribuyen tanto al cambio climático (extremas y prolongadas sequías en lugares habitualmente húmedos) como a las acciones humanas (mal manejo forestal, quemas descontroladas, especulación). A pesar de advertencias de los expertos sobre el alto riesgo de incendios, el Ministerio contrató sólo 8 aeronaves hidrantes para la temporada 2021-2022 (cuando en otros años se contrataban entre 18 y 26) y debió salir a alquilar de emergencia helicópteros y aviones hidrantes extras.

En los incendios ocurridos a fines del año pasado en la cordillera de Neuquén y Río Negro (que en el territorio rionegrino siguen) se le cuestionó a Cabandié falta de previsión, demora en la llegada de aviones y helicópteros hidrantes de apoyo, escasez de equipamiento y precarización de brigadistas. Ahora, el ministro recibe críticas similares ante los incendios en el litoral, que han consumido desde enero más de 500.000 hectáreas en Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Entre Ríos. El agro estimó pérdidas de más de 25.000 millones de pesos sólo en Corrientes (la más afectada) en diversos sectores: ganadero, forestal, tabaco, yerba mate, citrícola, algodonero, arrocero y bananero, entre otros.

A eso se suman la destrucción de miles de hectáreas de humedales y bosques nativos, con el impacto en la flora y la fauna. En medio del desastre, Cabandié se enzarzó en una disputa por Twitter con el gobernador radical Gustavo Valdés, quien le cuestionó su viaje a Barbados y la demora en la ayuda.

Finalmente, fueron otros dos ministros, el de Agricultura Julián Domínguez y del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, quienes pusieron paños fríos y coordinaron la ayuda. Para muchos analistas, la designación de Cecilia Nicolini en Cambio Climático es una virtual “intervención” en el ministerio, ante la falta de resultados y los problemas de relación con las provincias.

Más allá de cruces e internas, resulta indispensable repensar el rol y las designaciones en un área que tiene cada vez más protagonismo en las preocupación ciudadana, en medio de la crisis ecológica, energética y las tensiones con la producción económica.


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