Editorial

Otro costoso retroceso

14 oct 2018 - 00:00

Con el freno al pago retroactivo de las tarifas de gas, el gobierno sumó una nueva marcha atrás en una polémica medida oficial, tomada en forma apresurada e inconsulta, que termina dañando enormemente su credibilidad en momentos de crisis.

Después de una semana de duras internas al interior del gabinete, protestas de opositores y aliados y un rechazo generalizado de los usuarios (que ya habían sufrido la suba de hasta 130% en sus facturas), la administración de Cambiemos dejó sin efecto el “pago extra” en las tarifas residenciales de gas, retroactivo y en 24 cuotas, para compensar a las operadoras por el costo que les originó la diferencia de precios en dólares pagados a las petroleras, debido a la fuerte devaluación de este año.

En medio de la oleada de críticas, reclamos judiciales y cuestionamientos, el presidente llegó a defender la medida e insistir en que la “energía es cara y hay que pagarla”, para a las pocas horas anunciar que sería el Estado el que se haría cargo de abonar a las empresas parte de los 20.000 millones de pesos, mediante un bono que pagarán todos los contribuyentes, incluso quienes no tienen gas de red.

No es la primera vez que su administración decide dar marcha atrás con una medida que antes defendió públicamente a capa y espada. Apenas iniciada su gestión, debió retirar el nombramiento por decreto de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti a la Corte Suprema, cuando el escándalo había llegado a los propios aliados en el gobierno. Finalmente, los pliegos de los jueces fueron enviados al Senado, que los aprobó por la vía normal. Los aumentos de tarifas ya le habían traído problemas al presidente. En ese mismo 2016 debió retroceder con las subas en luz y gas decididas por el entonces ministro de Energía Juan José Aranguren, luego que la Corte Suprema señalara la obligación de llamar a audiencias públicas previas, algo que el gobierno había decidido obviar.

Las bajas masivas de pensiones por discapacidad, los gravámenes extras al vino, la propuesta para saldar la deuda de la familia Macri con el Estado por la estatización del Correo Argentino, la decisión de declarar “feriado movible” el 24 de marzo y la eliminación de beneficios por zona en las asignaciones familiares en la Patagonia integran el muestrario de medidas revertidas luego que el gobierno fuera advertido de errores técnicos, problemas legales e importantes costos políticos que debía pagar si se adoptaban.

Para su partidarios, la apuesta a esta estrategia de “ensayo y error” adoptada por la gestión macrista muestra su flexibilidad y capacidad de escuchar y no aferrarse a las decisiones equivocadas, en contraste con la tozudez de la anterior administración kirchnerista, capaz de empecinarse hasta el final en medidas impopulares. Sin embargo, sus detractores y no pocos aliados la ven más bien como imperdonables improvisaciones de un cerrado grupo que toma decisiones sin las consultas ni el consenso político necesario para un gobierno de coalición que está en minoría en el Congreso.

Según trascendió, la decisión del pago retroactivo a las operadoras de gas la definió mediante una simple resolución el ministro de Energía, Javier Iguacel, quien al parecer sólo consultó con la “mesa chica” política y el presidente, quien habría dado su aval convencido de que la ley no le dejaba otra opción. Del anuncio se habrían enterado por los medios su superior, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y los aliados radicales y de la Coalición Cívica, a quienes complicó la negociación del Presupuesto 2019, cuya aprobación es requisito para la autorización del acuerdo de ayuda con el Fondo Monetario Internacional. De paso, otorgó municiones gratuitas a la oposición, desde Cristina Kirchner a Sergio Massa, que hizo cola para presumir de haberle “torcido el brazo una vez más” al gobierno con una medida impopular.

El episodio terminó generando un desgaste innecesario al gobierno en una semana donde había logrado cierta calma financiera. Revela impericia y gruesos errores de comunicación y de estrategia política en momentos en que debe manejar una economía endeble, en tiempo electoral.

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