Editorial

Un debate que no terminó

12 ago 2018 - 00:00

El debate en el Senado sobre la Ley de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) dejó huellas de profunda división en la sociedad argentina. En los apasionados debates entre defensores y detractores de la iniciativa, se coló una discusión que seguramente continuará en el futuro: la necesidad de una separación más profunda entre religión y Estado.

En medio de la inundación de pañuelos verdes y celestes que rodearon al edificio del Congreso durante la discusión de la iniciativa, destacó un nuevo color: el de los naranjas, que defienden una separación más profunda que la actual entre las instituciones estatales y la Iglesia Católica.

La sesión fue histórica en varios sentidos. Como pocas veces se produjo un verdadero debate de argumentos en las dos cámaras del Congreso, con extensas audiencias y diversidad de expositores que fueron seguidas por buena cantidad de público y cobertura mediática.

Las posiciones encontradas mostraron la vigencia de un potente movimiento feminista y laico, con mucha ascendencia entre los y las jóvenes, como ha quedado en evidencia desde hace años desde las primeras marchas de #NiUnaMenos.

Por otro lado, quedó patente también que las iglesias y los movimientos religiosos conservadores (católicos y evangélicos) tuvieron un rol sobresaliente al movilizarse en la etapa final de la discusión, sobre todo en el Senado, donde terminaron inclinando la balanza hacia la negativa en varios representantes.

El análisis de las votaciones reveló transversalidad en los partidos y una disparidad geográfica: el apoyo a la legalización del aborto se impuso en los distritos del centro y sur del país (en especial la Patagonia) con sociedades más jóvenes y con menor peso de la religión, mientras que las del centro-norte, donde la influencia de la Iglesia y la tradición es fuerte, se inclinaron por el rechazo.

Las encuestas más serias a nivel nacional mostraron una tendencia similar: fuerte división sobre el aborto (apoyo y rechazo en porciones casi similares) y brechas generacionales y sociales: el rechazo a la legalización es mayor entre entre las personas mayores y de menores ingresos respecto de las más jóvenes, de mejor posición económica y mayor nivel educativo.

Pero donde sí hubo coincidencia fue en la necesidad de una mayor separación entre Iglesia y Estado. Casi el 70% de las personas está en desacuerdo con que el Estado aún financie a la Iglesia Católica y que ésta influya en asuntos públicos. Los discursos más sólidos en el Senado fueron en este sentido. El del radical Luis Naidenoff fue de los más destacados, por ser católico practicante. “Vaya si tengo fe y me aferro a mi fe. Pero diferencio mi fe del Estado laico. Respeto las creencias pero pertenecen a mi fuero íntimo. Una creencia no puede imponerse al resto de la sociedad”, señaló, resaltando el “fracaso del modelo punitivo” en relación al aborto. Los críticos sacaron a relucir la oposición de la Iglesia a otras legislaciones clave para la modernización del país: contra la ley de educación laica y gratuita(1884) la de matrimonio civil(1888) el voto femenino (1947) la separación de Iglesia y estado (1954) la ley de patria potestad compartida (1985) la de divorcio (1987) y de matrimonio igualitario (2010) entre otras.

Algunos de estos argumentos parecen haber hallado eco en el gobierno, que podría reintroducir el debate en la reforma penal, que despenalizaría el aborto para las mujeres, aunque no para los médicos que los practican. Quienes defendieron el proyecto anterior ya lo consideraron insuficiente, pero es indudable que abordar el aborto como un tema de conciencia, de salud pública y no criminal revela un avance en el debate. También que incluso los sectores más conservadores hayan admitido la necesidad de una educación sexual integral, planificación familiar y mayor igualdad de género para disminuir los embarazos no deseados.

Si algo reveló este proceso es que mantener el status quo sólo profundiza la clandestinidad del aborto y el negocio ilegal asociado. Y que avanzar hacia políticas públicas de un Estado más laico, en este y otros temas, es la mejor manera de progresar hacia la igualdad y la convivencia entre visiones y planes de vida diferentes.

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