El “acuerdo solidario”: un porcentaje bajo extorsión

La mutual AMEC es el atajo elegido por Cortés para recaudar un impuesto “sui géneris” que tiene todo el hedor de una extorsión. Se lleva del 3 al 5% del básico de cada empleado del comercio que lo paga. No hay control externo alguno. El gremio se aprovecha de su calidad de asociación autárquica, con personería gremial y jurídica propia, con lo cual no depende del sindicato madre mercantil como sí ocurre con otros (gastronómicos, sanidad, etc.).

¿Contribución ilegal? No, responden desde el gremio con el argumento de que es un “acuerdo de partes solidario”.

“¿Solidario? Lo obligan a pagar en solidaridad con ellos mismos”, reacciona con ironía un comerciante, molesto porque “soy uno de los tantos boludos que lo paga”. Lleva años haciéndolo, porque sabe que muchos otros continúan abonando este producto nacido de aprietes y por temor a que “la patota de Cortés nos caiga de nuevo y nos arruine las ventas.”

Alberto Arabarco es la cara visible de la Asociación Mutual Empleados de Comercio (AMEC). Cortés, Arabarco y el tesorero Carlos Criado constituyen la tríada más granada, históricamente abroquelada, del gremio mercantil barilochense. También ha participado su hermano, Nelson Daniel, exlegislador rionegrino y exmiembro suplente del Consejo de la Magistratura (que designa y sanciona a jueces).

El porcentaje de este impuesto extorsivo varía entre el 3 y el 5%, según la solvencia y el temperamento del comerciante visitado. El otro aporte cuestionado es el “plus de temporada” que –por lo menos– quedó congelado (en 300 pesos como mínimo, pero las grandes empresas deben resignar muchísimo más).

Todo comenzó en el 2005 cuando un bloqueo a Supermercados Norte –hoy Carrefour– pretendió un plus de temporada que se quiso generalizar a otros comercios. Luego al gremio se le ocurrió un “acuerdo de partes”, que establecía un aporte mensual a la mutual por “capacitación del personal”, cuando en realidad el propio Convenio Colectivo de Trabajo para empleados de comercio establece el fondo del Inacap (Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio).

Este particular “acuerdo de partes” creado por Cortés no tiene validez, sencillamente porque no ha sido homologado por el Ministerio de Trabajo. Un dictamen de 2010 de la cartera nacional dejó en claro la inviabilidad de este tipo de prácticas. Un pronunciamiento anterior sostiene que no puede argüirse un beneficio social (“bienestar general”, dice el convenio) porque éste no puede ser dinerario. Y, por si fuera poco, la condición de “no remunerativo” del aporte entra en colisión con la AFIP, que reclama palpables aportes en ese sentido.

El método extorsivo es sencillo y bien conocido: “Primero te llaman, te piden la plata y te negás. Te ponen una denuncia por algún incumplimiento laboral. Van a inspeccionar. Luego… la embestida, que se hace más fuerte e insoportable”. (Ver los casos Caspani y Pizzutti en página siguiente).

Hay abogados que, sin embargo, creen que el aporte no es ilegal, aun cuando son conscientes de que se ha pedido bajo coacción. Los comerciantes “se avinieron” a hacer ese acuerdo de partes, razonan. Pero hay un problema: el convenio dice que se firma ante un escribano. Nada de eso ocurre, admiten los comerciantes consultados.

Lo concreto es que todo el dinero que recauda AMEC por este concepto es de monto desconocido y nadie lo supervisa. Además no hay contraprestación alguna: lo de la capacitación parece un embuste evidente.

¿Cuántos lo pagan? No hay forma de determinarlo. Se sabe sí que lo hacen los grandes supermercados y cadenas nacionales de electrodomésticos, que emplean más de 1.500 personas (salvo los que deben ser auditados por firmas extranjeras). El sector mercantil emplea a más de 10.000 personas en Bariloche. Aun cuando la mitad haya quedado a merced del pago, estaríamos hablando de una generosa cantidad, considerando un sueldo no menor a 10.000 pesos mensuales.

Pero el “aporte solidario” es apenas una de las tantas fuentes de financiamiento del gremio de Cortés.

Por ejemplo, la cuota sindical (obligatoria por ley según el art. 100 del Convenio Colectivo de Trabajo) retiene el 2% de los haberes del personal. Y el art. 101 obliga al trabajador afiliado a aportar el 1%. La carga impositiva del comerciante no se detiene allí, porque debe oblar casi un 10% de aportes y contribuciones obligatorias a la obra social (Osecac), según fija la ley 23.660.

Una fuente con los quilates suficientes que le dio su paso por el sindicato en actividades contables, reveló a “Río Negro” que “el mayor origen de financiamiento son los retornos de las cápitas de la salud”, un mecanismo que se pactaría a nivel nacional. Tal alianza se haría entre la obra social del sindicato y el prestador. “Es muchísimo dinero”, sostuvo la fuente. Agregó que “llega aquí una parte de las prestaciones medias y el tercer nivel, que son las prestaciones complejas, se lo quedan en Buenos Aires”.

En ese contexto, comerciantes han recibido las quejas de algunos de sus empleados pues advertían que la obra social les negaba una prestación de cierta complejidad y, ante la insistencia, los mandaban directamente a hablar con Cortés. Es, por ejemplo, el caso de una persona que necesitaba urgente el cambio de un marcapasos, que terminaba consiguiendo “de favor”.