El blanco equivocado

Redacción

Por Redacción

Puede que, según las pautas casi deportivas del género, el paro nacional del martes pudiera considerarse un éxito rotundo, ya que, gracias a la participación de los gremios del transporte, buena parte del país se inmovilizó, pero ello no quiere decir que haya servido para mucho más que confirmar que se ha iniciado una etapa de conflictividad laboral que con toda probabilidad se agravará en los meses próximos no sólo porque sindicalistas como Hugo Moyano y Luis Barrionuevo quieren aprovechar las oportunidades que se den para embestir contra el gobierno kirchnerista sino también porque todo hace prever que la situación económica continuará deteriorándose al profundizarse la recesión. Para que el paro resultara ser un éxito auténtico, hubiera sido necesario que el gobierno decidiera eliminar el impuesto a las Ganancias, pero, huelga decirlo, no se ha propuesto ir tan lejos porque sabe que, sin dicho aporte, no contaría con el dinero que precisa para los gastos que tiene previstos en lo que es, al fin y al cabo, un año electoral. Mal que les pese a los obligados a pagar el gravamen así denominado, el “modelo” kirchnerista cuesta tanto que, después de haber agotado otras fuentes de ingresos como el campo, los servicios financieros, el comercio internacional, el IVA y así por el estilo, al gobierno no le ha quedado más alternativa que la de apropiarse de una proporción creciente de los salarios no sólo de los ejecutivos y profesionales relativamente bien remunerados sino también de los empleados comunes. En esta empresa lo ha ayudado la inflación, que mes tras mes incorpora a más trabajadores a la elite que, según el ministro de Trabajo Carlos Tomada, consiste en aquel 10% cuyos integrantes perciben más de 15.000 pesos mensuales. Si bien preferirían no subrayarlo, lo que están reclamando los sindicatos es que el gobierno reduzca drásticamente el gasto público que en última instancia depende del dinero recaudado. Es una pretensión legítima, una que comparten los dirigentes que impulsaron el paro con virtualmente todos los empresarios y los economistas “ortodoxos”, pero resulta que es incompatible con las ideas populistas que predominan en el mundillo peronista. A juzgar por lo que dicen hombres como Moyano y Barrionuevo, lo que realmente quieren es que el Estado nacional gaste mucho más pero que cobre mucho menos, lo que, por desgracia, es imposible en el mundo real. En un esfuerzo por superar la contradicción así supuesta, gobiernos de ideologías distintas se han endeudado hasta el cuello, lo que a la larga resultaría ser tan contraproducente que el país se convertiría en un paria financiero internacional, o, en el caso del de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ha procurado mantener llena la caja apoderándose de la mayoría de las acciones de Repsol en YPF y de los fondos jubilatorios privados, sólo para despilfarrarlos, razón por la que en la actualidad se niega a abolir Ganancias. De todos modos, convendría que, además de protestar contra la presión impositiva que ya es parecida a la que sufren los franceses y los habitantes de los países escandinavos, los sindicalistas y quienes simpatizan con ellos se preocuparan más por la forma en la que el gobierno maneja el gasto público. Puede que exista un consenso a favor de las asignaciones familiares, los planes trabajo y otros subsidios que ayudan a los sectores más pobres, pero sucede que una proporción muy significante del dinero procedente de Ganancias y otros gravámenes sirve para financiar, entre otras cosas, la costosísima propaganda oficialista y las actividades de un enjambre de “militantes” kirchneristas que no suelen destacarse por su capacidad administrativa. Asimismo, en el transcurso de los años últimos, ha aumentado muchísimo el número de empleados estatales, tanto nacionales como provinciales y municipales, sin que los servicios públicos se hayan hecho más eficaces. En muchos países europeos, la mayoría entiende que los impuestos personales, como Ganancias, son necesarios porque es gracias a ellos que pueden disfrutar de servicios que saben son imprescindibles, pero parecería que aquí muchos contribuyentes no ven vínculo alguno entre lo que aportan para financiar el Estado y lo que reciben a cambio, ya que dan por descontado que el dinero, su dinero, terminará en los bolsillos de los poderosos de turno.


Puede que, según las pautas casi deportivas del género, el paro nacional del martes pudiera considerarse un éxito rotundo, ya que, gracias a la participación de los gremios del transporte, buena parte del país se inmovilizó, pero ello no quiere decir que haya servido para mucho más que confirmar que se ha iniciado una etapa de conflictividad laboral que con toda probabilidad se agravará en los meses próximos no sólo porque sindicalistas como Hugo Moyano y Luis Barrionuevo quieren aprovechar las oportunidades que se den para embestir contra el gobierno kirchnerista sino también porque todo hace prever que la situación económica continuará deteriorándose al profundizarse la recesión. Para que el paro resultara ser un éxito auténtico, hubiera sido necesario que el gobierno decidiera eliminar el impuesto a las Ganancias, pero, huelga decirlo, no se ha propuesto ir tan lejos porque sabe que, sin dicho aporte, no contaría con el dinero que precisa para los gastos que tiene previstos en lo que es, al fin y al cabo, un año electoral. Mal que les pese a los obligados a pagar el gravamen así denominado, el “modelo” kirchnerista cuesta tanto que, después de haber agotado otras fuentes de ingresos como el campo, los servicios financieros, el comercio internacional, el IVA y así por el estilo, al gobierno no le ha quedado más alternativa que la de apropiarse de una proporción creciente de los salarios no sólo de los ejecutivos y profesionales relativamente bien remunerados sino también de los empleados comunes. En esta empresa lo ha ayudado la inflación, que mes tras mes incorpora a más trabajadores a la elite que, según el ministro de Trabajo Carlos Tomada, consiste en aquel 10% cuyos integrantes perciben más de 15.000 pesos mensuales. Si bien preferirían no subrayarlo, lo que están reclamando los sindicatos es que el gobierno reduzca drásticamente el gasto público que en última instancia depende del dinero recaudado. Es una pretensión legítima, una que comparten los dirigentes que impulsaron el paro con virtualmente todos los empresarios y los economistas “ortodoxos”, pero resulta que es incompatible con las ideas populistas que predominan en el mundillo peronista. A juzgar por lo que dicen hombres como Moyano y Barrionuevo, lo que realmente quieren es que el Estado nacional gaste mucho más pero que cobre mucho menos, lo que, por desgracia, es imposible en el mundo real. En un esfuerzo por superar la contradicción así supuesta, gobiernos de ideologías distintas se han endeudado hasta el cuello, lo que a la larga resultaría ser tan contraproducente que el país se convertiría en un paria financiero internacional, o, en el caso del de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ha procurado mantener llena la caja apoderándose de la mayoría de las acciones de Repsol en YPF y de los fondos jubilatorios privados, sólo para despilfarrarlos, razón por la que en la actualidad se niega a abolir Ganancias. De todos modos, convendría que, además de protestar contra la presión impositiva que ya es parecida a la que sufren los franceses y los habitantes de los países escandinavos, los sindicalistas y quienes simpatizan con ellos se preocuparan más por la forma en la que el gobierno maneja el gasto público. Puede que exista un consenso a favor de las asignaciones familiares, los planes trabajo y otros subsidios que ayudan a los sectores más pobres, pero sucede que una proporción muy significante del dinero procedente de Ganancias y otros gravámenes sirve para financiar, entre otras cosas, la costosísima propaganda oficialista y las actividades de un enjambre de “militantes” kirchneristas que no suelen destacarse por su capacidad administrativa. Asimismo, en el transcurso de los años últimos, ha aumentado muchísimo el número de empleados estatales, tanto nacionales como provinciales y municipales, sin que los servicios públicos se hayan hecho más eficaces. En muchos países europeos, la mayoría entiende que los impuestos personales, como Ganancias, son necesarios porque es gracias a ellos que pueden disfrutar de servicios que saben son imprescindibles, pero parecería que aquí muchos contribuyentes no ven vínculo alguno entre lo que aportan para financiar el Estado y lo que reciben a cambio, ya que dan por descontado que el dinero, su dinero, terminará en los bolsillos de los poderosos de turno.

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