El campo agotado

Para mantenerse a flote, la Argentina depende del campo, por tratarse del único sector competitivo de la economía nacional. Fue en buena medida gracias al campo que el kirchnerismo logró consolidarse, ya que, felizmente para el presidente Néstor Kirchner y su esposa, se instalaron en el poder cuando cobraba fuerza el boom de commodities que les aportaría los miles de millones de dólares que les permitirían poner en marcha su “modelo”. Sin embargo, lejos de intentar estimular la producción del campo, el gobierno actual parece más interesado en castigar a “los oligarcas” que a su entender están entre los responsables principales del atraso del país. Según un informe que hace poco difundió la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), a través de impuestos, retenciones y otros gravámenes el Estado se apropia de nada menos que el 93,5% de la renta agrícola, lo que está causando muchos problemas en las economías regionales, como las de Río Negro y Mendoza, provincias en que el oficialismo acaba de sufrir dolorosas derrotas electorales. Para protestar contra la presión tributaria, en muchas partes del país los productores pequeños y medianos están movilizándose nuevamente, pero es poco probable que el gobierno actual tome las medidas que están reclamando. Tampoco lo es que logre tranquilizarlos el próximo gobierno, aun cuando sea más “liberal” que el de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ya que, privado de una parte sustancial del dinero aportado por el campo, tendría que reducir drásticamente el gasto público, lo que con toda seguridad tendría consecuencias sociales nada felices. Los autores del informe de FADA prevén que en los meses venideros se cultiven menos maíz y menos trigo, con menos tecnología y menos fertilización, aunque haya más soja a pesar de que para muchos el producto estrella ha dejado de ser rentable. Dicho de otro modo, se ha hecho tan voraz el fisco que la gallina de los huevos de oro corre peligro de morir de inanición, un desastre que no beneficiaría a nadie con la hipotética excepción de ciertos expertos en aprovechar los fracasos económicos, atribuyéndolos a la ineptitud de sus adversarios. Aunque el país se ha acostumbrado a depender de los ingresos suministrados por la agricultura –de la ganadería sería mejor no hablar–, para financiar programas sociales, industrias protegidas y así por el estilo, en los años últimos el gobierno ha llevado la práctica a tal extremo que partes del interior se hallan al borde de la ruina. Mientras que el régimen venezolano se las ha arreglado para poner en crisis la industria petrolera, nuestro gobierno ha logrado emularlo depauperando a muchos productores rurales. Parecería que, en ambos casos, la existencia de recursos naturales supuestamente inagotables ha tentado a gobernantes populistas a probar suerte construyendo “modelos” que sólo podrían perpetuarse si realmente lo fueran. Los economistas que asesoran a Mauricio Macri, Sergio Massa e incluso los vinculados con Daniel Scioli coinciden en que convendría reducir la presión impositiva para que inviertan más no sólo los industriales sino también los productores del campo. Sin embargo, por razones comprensibles, son reacios a brindar la impresión de estar a favor de “ajustar” el gasto público. Por el contrario, dan a pensar que en su opinión sería preferible mantenerlo en su nivel actual. Se trata a lo sumo de una expresión de deseos. Lo mismo que todos los gobiernos desde que el mundo es mundo, el que inicie su gestión en diciembre tendrá que elegir entre el corto plazo y el largo o, por lo menos, el mediano. Lo más probable es que decida que, dadas las circunstancias, no tiene más alternativa que privilegiar el corto plazo y esperar a que de un modo u otro la economía se recupere de sus dolencias con rapidez sin que se vea obligado a tomar medidas ingratas. Tiene razón FADA cuando dice que lo que el país necesita es un cambio de políticas públicas para revertir la situación en que se encuentra el sector agrario a fin de “mejorar la sustentabilidad, producir más, exportar más y generar más empleos”, pero una cosa es señalarlo y otra muy diferente hacerlo sin provocar un impacto social y político tan fuerte que pondría en peligro la estabilidad del gobierno surgido de las elecciones.

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