El campo se resiste a morir

Cuando acuñaron el lema “no maten al campo”, los productores rurales aludían al escaso interés de los funcionarios del gobierno actual, encabezados por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en lo que es, al fin de cuentas, el único sector internacionalmente competitivo de la economía. Con todo, aunque no cabe duda de que por motivos que podrían calificarse de ideológicos los kirchneristas han sido llamativamente reacios a reconocer el aporte fundamental de las actividades agropecuarias a la recuperación macroeconómica que siguió a la implosión de 2001 y 2002, desde hace muchos años los problemas que enfrentan los productores son estructurales. Por depender tanto el resto del país de los ingresos proporcionados por el campo, cualquier intento de ayudarlo se verá resistido por los habituados a recibir subsidios de un tipo u otro. Sin las retenciones a la soja que en los años últimos le han supuesto decenas de miles de millones de dólares, el Estado tendría que cortar drásticamente el gasto público, razón por la que es de prever que las mantenga el próximo gobierno aun cuando quisiera potenciar al campo. Asimismo, si bien es notorio que el atraso cambiario ha tenido un impacto devastador en las economías regionales, entre ellas la del Alto Valle, para el gobierno se trata de un “ancla” antiinflacionaria imprescindible. Por estar tanto en juego, un eventual gobierno decidido a impulsar la productividad del campo se vería obligado a obrar con cierta cautela ya que, gracias a más de medio siglo de populismo voluntarista, los sectores urbanos menos productivos no están en condiciones de valerse por sí mismos. Para que sean aún más sombrías las perspectivas ante el campo, ha llegado a su fin el boom de las commodities merced al cual el “modelo” kirchnerista pudo disfrutar de algunos años de crecimiento a “tasas chinas”. Aunque el precio de la soja sigue siendo elevado en comparación con el vigente cuando la convertibilidad se acercaba a su fin, ha caído bastante desde que superó en el 2012 los 600 dólares por tonelada, ubicándose últimamente en torno a los 380 dólares. Sea como fuere, para muchos productores del interior que, además de las retenciones, se preocupan por los costos de los fletes, el “yuyo” ha dejado de ser rentable. Lo mismo puede decirse del maíz, trigo, arroz, girasol y otros productos agrícolas. En este ámbito, los subsidios para los pequeños productores que acaba de anunciar el gobierno con la esperanza de quitar apoyo a la protesta del viernes pasado, que coincidía con el séptimo aniversario del “voto no positivo” del entonces vicepresidente Julio Cobos que hundió el proyecto de “retenciones móviles” ideado por el ministro de Economía Martín Lousteau, no modificarán mucho. La hostilidad hacia el campo, que según la mitología populista desde siempre está en manos de una “aristocracia vacuna” conformada por oligarcas golpistas, latifundistas reaccionarios y estancieros cosmopolitas, está en la raíz de la decadencia socioeconómica del país. Con el pretexto de querer estimular el desarrollo industrial, muchos gobiernos lo han tratado como un sector enemigo, no como una fuente potencial de riqueza. Es como si el gobierno alemán se hubiera puesto a reprimir a las empresas automotrices o el norteamericano hubiera declarado la guerra a las vinculadas con la informática. Por fortuna, parecería que ni Daniel Scioli ni Mauricio Macri, los dos candidatos presidenciales mejor posicionados, comparten los prejuicios atávicos que han conservado tantos populistas y “progresistas” actuales, pero así y todo a un gobierno futuro de actitudes menos retardatarias no le sería nada fácil revertir las consecuencias de muchos años de irracionalidad. En los años iniciales de la prolongada gestión kirchnerista, cuando los precios internacionales de los productos agropecuarios eran altísimos, el gobierno nacional se vio ante una oportunidad difícilmente repetible de instrumentar los cambios estructurales necesarios para que el campo produjera mucho más sin perjudicar excesivamente a los habitantes de los centros urbanos pero, puesto que no se le ocurrió aprovecharla, si por razones estratégicas un sucesor opta por procurar explotar mejor el recurso más importante del país, tendría que hacerlo en circunstancias muy desfavorables.

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