El caso de Enzo Pérez fue el más grave de la historia carcelaria de Río Negro: Un infierno que se planeó en minutos

UNO

Enzo Pérez fue trasladado desde la Comisaría Cuarta de Cipolletti a la alcaidía de General Roca. Esto ocurrió un viernes 5 de abril por la noche. Unas horas antes había ido a refaccionar una caldera a una casa de la vecina localidad, aún conmocionada por el último triple crimen. No era la primera vez que hacía arreglos allí, conocía a la familia. A las siete de la tarde de ese día lo llaman para hacer el trabajo. Estaba en Neuquén. Cruza el puente y a las siete y media, él mismo abre a la policía la puerta del domicilio donde estaba haciendo la refacción. Vecinos escucharon gritos y alertaron a las fuerzas de seguridad. La policía pregunta si ocurre algo allí. Pérez contesta que «no pasa nada». La policía sospecha, revisa el domicilio y encuentra a una mujer y a su hija, golpeadas, con el rostro desfigurado, una cianótica, casi muerta por asfixia, y con signos de violencia en sus cuerpos. Pérez es detenido.

Quienes conocían a Pérez tienen un enigma absoluto. El joven (29 años) no tenía antecedentes, era un tipo solidario y querido entre familiares y vecinos. En la causa se habla de intento de homicidio, no de violación. No se sabe si había otras personas en la casa. La madre lo va a ver inmediatamente a la comisaría. La policía le dice que está detenido e incomunicado y le pide que busque ropa porque va a quedar allí. Cuando ella regresa le informan que habían trasladado a Pérez a Roca.

El juez ordena su detención cuando la policía le informa que lo encuentra «in fraganti» en el lugar de los hechos. El que ordena el traslado es el comisario, quien -por otra parte- tiene facultades para hacerlo. Aun así, no se respetaron «reglas o usos y costumbre» de procedimiento, como por ejemplo, el hecho de haberlo trasladarlo de noche o hacerlo un fin de semana.

Pérez fue recibido en la alcaidía de Roca a las «ocho y veinti pico» de la noche. Cuando llega detenido, el jefe de la alcaidía habría dado la orden de colocarlo en el pabellón 4. En varias radios ya circulaba la información sobre los presuntos intentos de homicidio y violación de los que se acusaba al detenido. Hipotéticamente la autoridad máxima de la Alcaidía recibe la información de estos hechos que se le imputaban al detenido al recibir a la comisión que lo trae al lugar. Pérez -cuentan fuentes- había pedido ser aislado. Pese a ello, se lo recibe y- en conocimiento de la acusación y en conocimiento de una de «las leyes carcelarias» según la cual «al violador se lo viola», no se lo aísla. Se lo encarcela en el pabellón 4, donde hay cerca de 50 reclusos.

Lo tenían que llevar a un pabellón de aislamiento, nunca a un pabellón común. Hasta los guardias lo advirtieron.

Un día después -cuentan testigos- con la visita, entran los diarios. Allí no sólo aparece el nombre del -hasta ese momento- «victimario», sino que se sospecha a través de los relatos que aparecen en los medios- que Pérez intentó violar y matar a las mujeres. A partir de este hecho Enzo Pérez se convierte en víctima.

DOS

Enzo Pérez murió tras una interminable agonía de 81 días luego de ser sometido a una violación colectiva en el pabellón 4, a una paliza que le hizo salir la masa encefálica por los oídos, que le dejó el cuerpo completamente quemado y lacerado. Quienes tienen muchos años de cárcel y pudieron ver a Pérez, no recuerdan haber visto una saña semejante. Aun cuando recuerdan muertes de presos en riñas, o frecuentes heridos «de faca» entre sus compañeros; aun cuando saben que hay otras víctimas casi cotidianas de la violencia retroalimentada en estos mundos marginales.

El pabellón donde fue atacado Pérez estaba custodiado por un celador de 19 años, quien declaró y tuvo que ser relevado luego de hacerlo. El joven celador fue a ver qué pasaba cuando escuchó gritos, pero no llegó al pabellón porque tres sujetos lo arrinconaron contra la pared y no le permitieron la llegada a la celda. Otro celador sí llegó, pero Pérez ya estaba en el piso completamente desfigurado. Queda en coma. Su familia hacía cola para visitarlo afuera de la cárcel y cuando preguntan dónde estaba, personal le informa que lo trasladaron a Pérez al hospital con algunos puntazos pero que no es nada grave. Su madre y su esposa llegan al hospital y se enteran que el chico está casi muerto.

TRES

A los ojos de la justicia «muere un inocente», dice uno de los abogados del caso. «Técnicamente, jurídicamente, se mató un inocente, Pérez ni siquiera había declarado. Mientras alguien no tenga condena es inocente. Todas las pruebas que hay en la causa forman parte de la instrucción policial. Ahora la causa penal va camino a archivo, porque si el único -aparentemente- autor está muerto, se acabó. No hay responsabilidad penal posible de imputar a nadie», recalca el letrado.

Así las cosas y en vista a los acontecimientos es inevitable la pregunta:

¿Quién es el responsable de la muerte de Enzo Pérez?

Y otra pregunta por lo menos incómoda:

¿No le sale más barato al Estado refaccionar la alcaidía, mejorar su sistema carcelario, hacer cumplir la ley, que pagar un juicio a los familiares de «víctimas» de este sistema.

La familia de Pérez no puede creer la acusación que cayó sobre el joven, no creen posible que pueda haber cometido semejante atrocidad. Las víctimas hipotéticamente lo reconocieron como el agresor. La verdad nunca podrá ser develada. Porque Pérez está muerto.

CUATRO

Nos enteramos del caso porque Pérez muere. Pero en la cárcel hay muchas víctimas sin nombre. Gente violenta. Se sabe. Gente que, también, por muchos motivos encuentra en este sitio buenos motivos para macerar más y más violencia. Porque se los tiene como perros.

«Es lo más parecido a un infierno», dicen quienes han transitado por estos laberintos oscuros de la realidad. Las condiciones en las que se encuentran los presos son denigrantes. De esto dejó perfecta constancia un Mandamus elaborado por el Colegio de Abogados de Roca en mayo de 2001, en el que instó al gobierno provincial a cumplir con su deber de velar por la seguridad y dignidad de los presos, cumpliendo y haciendo cumplir lo establecido en el Artículo 18 de la Constitución Nacional y del artículo 23 de la Carta Magna provincial. Allí se advertía al Estado sobre eventuales responsabilidades por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a los presos, o sobre quién se iba a hacer cargo de indemnizar a familiares de alguna muerte que ocurra allí adentro. Y la muerte ocurrió.

El máximo tribunal provincial hizo lugar a la presentación de los abogados de la Segunda Circunscripción y un mes mas tarde, fue el Superior Tribunal de Justicia quien intimó al gobierno rionegrino para que implemente soluciones «urgentes» con respecto al hacinamiento carcelario, la superpoblación y sus consecuencias, entre otros imponderables.

El STJ, en consecuencia, ordenó al Poder Ejecutivo reformular el convenio que está caído por falta de pago con el Servicio Penitenciario Federal y hacer ampliaciones en un plazo determinada. Nada se hizo.

En la alcaidía conviven procesados con condenados. «Son incorregibles», dicen quienes conviven con los presos. «Era un asesino y violador», «Pérez se merecía esa muerte», dicen los que adhieren a discursos más primitivos y ancestrales, reeditores de la Ley del Talión y defensores acérrimos de la pena capital.

El Secretario de Seguridad y Justicia de Río Negro, Rolando Martín, enterado del caso Pérez, admitió la incapacidad del Estado- y la propia- para asumir la responsabilidad que le compete sobre el particular: «Esto es «corazón y pases cortos». Podemos tener muchos proyectos, pero chocamos con la falta de fondos. Estamos muy preocupados por lo ocurrido, pero no hay una solución definitiva. Una cosa es lo que uno quisiera y otra es lo que se puede hacer».

Pérez murió en el hospital pero murió en la alcaidía de Roca. Pérez murió en la alcaidía de Roca pero también murió víctima de la violencia que ejercieron otros presos sobre él, un acto de brutalidad que podría haberse evitado.

Pérez murió víctima de un sistema que a su vez es víctima de un Estado que elude su responsabilidad al respecto.

La alcaidía de Roca es una cárcel donde entran 180 reclusos y hay más de 400, donde varios de ellos están alojados en la caldera- en funcionamiento y varios metros bajo tierra, o duermen en las escaleras; donde las condiciones sanitarias y edilicias son lamentables, donde las visitas sanitarias se hacen casi en público, donde la comida es mala y los remedios escasean; cárcel donde entra droga y entran explosivos, aunque varias paredes se derrumbarían con sólo soplarlas; donde hay un celador cada 75 reclusos, donde el personal no tiene chaleco antibalas o trabaja con el escudo de su cuerpo; donde las instalaciones están en serio riesgo de derrumbes y donde es claramente comprobable que el Estado -en sus diferentes formas y jerarquías- es quien viola los derechos de quienes- guste o no- siguen siendo sujetos de derechos.

Susana Yappert

Syappert@rionegro.com.ar